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¿Dinero en política? | |||
| Los detractores de McCutcheon no siempre dicen no | |||
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Escrito por Jeff Jacoby Los izquierdistas tradicionales deberían de estar jaleando el fallo del Supremo en la causa McCutcheon contra la Comisión Electoral Federal que la pasada semana refrendaba un valor que ocupa el corazón de la Primera Enmienda: La mejor respuesta a una intervención política polémica o indeseada es mayor libertad de expresión política. La independencia democrática depende del derecho a participar en el activismo y el debate, y la Constitución reserva algunas de sus formulaciones más claras a apoyar a la ciudadanía que elige ejercer ese derecho: "El Congreso no promulgará ninguna ley" que lo suspendiere. Pero gran parte de la reacción de la izquierda al caso McCutcheon, que imponía de forma arbitraria un límite neto al importe que puede donar el particular a los candidatos federales o a los comités de partido en una campaña concreta, ha sido iracunda. La sentencia no altera la donación máxima que puede realizarse a cualquier candidato (2.600 dólares por primarias o generales), pero al eliminar el umbral neto, recupera el derecho de los estadounidenses a apoyar a cuantos candidatos deseen. En lugar de celebrar esta ampliación de las libertades, muchos izquierdistas la lamentan. "No se lleve a error: Esta sentencia constituye un revés a nuestras libertades", se lamenta el senador por Montana Jon Tester. En Twitter, su colega de Vermont Bernie Sanders difundía un aluvión de comentarios agitados. "El Tribunal Supremo", reza uno, "despeja el terreno a una forma oligárquica de sociedad en la que un puñado de multimillonarios como los hermanos Koch o Sheldon Adelson controlan el poder político". El colectivo de izquierdas Common Cause declaraba la sentencia del McCutcheon "Una catástrofe para la democracia", y acusaba a la instancia judicial de "poner alfombra roja a la corrupción". Un chirriante lamento parecido acompañó hace cuatro años al fallo del tribunal en el caso Citizens United. Aquella sentencia recuperaba el derecho tradicional de empresas y sindicatos, amparado en la Primera Enmienda, a participar del gasto político independiente, y los críticos de izquierdas sugerían a gritos que la democracia que conocemos estaba acabada. Alguien que no tuviera idea se imaginaría que aquéllas duras predicciones se habrán cumplido — que los decididos y acaudalados Republicanos habrán comprado ya elecciones a voluntad. De no ser porque no sucedió nada parecido. Sentencia Citizens United aparte, el Presidente Obama salió reelegido con facilidad. Los Demócratas no perdieron su mayoría en el Senado. "American Crossroads, el supercomité de acción política fundado por Karl Rove, se gastó 104 millones de dólares en las generales, pero no salió elegido ninguno de sus candidatos", se jactaba el New York Times en un editorial tras las elecciones de 2012. "Sheldon Adelson, el magnate del juego, gastó 53 millones de dólares en nueve candidatos Republicanos, ocho de los cuales fueron derrotados". El dinero es indispensable en política, pero los billetes no votan. Gracias a la sentencia de la causa Citizens United y ahora al fallo de McCutcheon, un mayor número de candidatos disponen de más fondos para contratar todavía más publicidad promocionando sus ideas y criticando a sus rivales. Pero no importa la frecuencia con la que los candidatos nos aseguren que "apoyan este anuncio", el votante, que es quien tiene la última palabra, es libre de rechazarlo. Las diatribas volátiles contra los ricos y su nociva influencia sobre la democracia estadounidense pueden ser más convincentes si los que las pronuncian tuvieran el cuidado de rechazar las aportaciones económicas de donantes de causas con fuertes intereses políticos. En un portal con el titular "No al dinero/ Sí al votante", una coalición de más de 25 organizaciones activistas alentaba al elector a darse de alta en una de las docenas de concentraciones de "Respuesta Rápida a la Causa McCutcheon" programadas por todo el país inmediatamente después de conocerse el fallo. "Saquemos las donaciones de la política", instan los socios de la coalición, que incluyen a los colectivos de izquierdas Public Citizen, Democracy 21, People for the American Way, MoveOn.org, Common Cause o The Sunlight Foundation, entre otros. La mayoría de esas organizaciones no sólo están encantadas de aceptar donaciones económicas, las piden abiertamente — muchas exhiben un brillante botón rojo "DONA" en la página principal de sus propios portales. A los aspirantes a donante no se les advierte de no aportar más de 2.600 dólares anuales — tope que cualquier particular puede donar a un candidato federal. Muy al contrario, las instancias de donación están montadas típicamente de forma que los donantes puedan aportar cualquier cantidad que deseen, igual que pueden donar a cuantos grupos activistas distintos les apetezca. El empresario de Alabama Shaun McCutcheon acudió a los tribunales porque quería donar 1.776 dólares entre 28 candidatos distintos, y se interponía en su camino un tope arbitrario a las donaciones de carácter político. Que la Primera Enmienda ampare la libertad de McCutcheon para realizar esas donaciones no constituye una mayor "catástrofe para la democracia" que el hecho de que la Primera Enmienda ampare el derecho de cualquier otro estadounidense a donar con libertad a los colectivos Common Cause o Democracy 21. Hay muchas formas respetables de contribuir al discurso político del país, defender una mejor administración pública o tratar de influenciar el programa electoral. Todas las ampara la Primera Enmienda. "Cuanta mayor libertad de expresión, mejor" es un ideal estadounidense, y los izquierdistas solían ser los primeros en decirlo.
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