El juez Eduardo López Palop tomará hoy declaración como imputado al vigilante de seguridad de Seguriber que la madrugada del 1 de noviembre de 2012 estaba encargado de controlar las 130 cámaras instaladas en el recinto Madrid Arena, donde a las 3.00 horas se produjo una avalancha que acabó con la vida de cinco jóvenes que asistían a la fiesta de Haloween.
Roberto M.G., empleado de Seguriber, ha sido recientemente imputado por el magistrado. El pasado junio, Roberto M. manifestó en su declaración judicial que desconocía el funcionamiento de las cámaras, ya que llevaba solo una semana trabajando para Seguriber.
Además, el último imputado en la causa sostuvo que no vio nada raro en el control de cámaras en el momento en el que se produjeron las avalanchas en el vomitorio.
Hoy concluirán previsiblemente las declaraciones dentro de la fase de instrucción. De este modo, el magistrado dictará en las próximas semanas el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, lo que supondrá el final de la investigación y la concreción de las imputaciones.
El juez Eduardo López Palop tomará hoy declaración como imputado al vigilante de seguridad de Seguriber que la madrugada del 1 de noviembre de 2012 estaba encargado de controlar las 130 cámaras instaladas en el recinto Madrid Arena, donde a las 3.00 horas se produjo una avalancha que acabó con la vida de cinco jóvenes que asistían a la fiesta de Haloween.
Roberto M.G., empleado de Seguriber, ha sido recientemente imputado por el magistrado. El pasado junio, Roberto M. manifestó en su declaración judicial que desconocía el funcionamiento de las cámaras, ya que llevaba solo una semana trabajando para Seguriber.
Además, el último imputado en la causa sostuvo que no vio nada raro en el control de cámaras en el momento en el que se produjeron las avalanchas en el vomitorio.
Hoy concluirán previsiblemente las declaraciones dentro de la fase de instrucción. De este modo, el magistrado dictará en las próximas semanas el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, lo que supondrá el final de la investigación y la concreción de las imputaciones.
Actualmente, cuando despiden a una persona trabajadora de manera improcedente, ya sea porque se carece de una justificación legal o porque no se ajusta a la legislación vigente, ésta recibe una compensación económica que se establece en 33 días de salario por año trabajado con prorrateo mensual para periodos inferiores a un año y hasta un límite de 24 mensualidades. Pero los sindicatos han considerado que esta indemnización es muy baja.
En la actualidad, la evolución de la tecnología y el acceso a internet han abierto un abanico de posibilidades, no sólo para los adultos sino también para los más pequeños. Un smartphone permite realizar cualquier gestión o transacción en apenas unos segundos y, según datos del INE, siete de cada diez niños de entre 10 y 15 años disponen de un teléfono móvil.
La Asociación Española de Consumidores ha denunciado este jueves la “inacción” de la administración ante los “fraudes” en relación con cambios de contratos eléctricos, delitos que, lamentó, “no son perseguidos ni denunciados”. En un comunicado, advierte de un “incremento” de consultas y reclamaciones relativas a la contratación “irregular” del suministro eléctrico con una empresa con la que el cliente “no tiene conocimiento de haber contratado”.
