“Madrid cederá locales low cost a autónomos y emprendedores, ocho veces por debajo del precio de mercado”. Es el anuncio en el perfecto spanglish de moda que el PP de Madrid (podría haber sido cualquier otro partido y de cualquier otra comunidad autónoma) publicaba este pasado jueves en la red social Twitter. “Qué bondad la del gobierno madrileño”, dirán algunos. “Qué bien que nos ofrezca locales a buen precio, muy por debajo de lo que pretenden cobrar los especuladores”, pensarán los beneficiados por la decisión. “Magnífica medida”, celebrarán otros sin reparar en lo que el filósofo y economista liberal Henry Hazlitt denominaba en su “La Economía en una lección”, siguiendo a Bastiat, “lo que se ve y lo que no se ve”.

Y es que la noticia no es buena en absoluto. Cuando Ignacio González, o el político que sea, nos arrienda un local ocho veces por debajo del precio de mercado, lo que está diciendo es que su gobierno, a quien otorga la colectivista facultad de redistribuir la riqueza (es decir, decidir a qué colectivo beneficia en detrimento de otros), hará la competencia a los propietarios privados, grandes o pequeños. Con lo que ello puede suponer para estos. Lo mismo sucede, dicho sea de paso, con el denominado alquiler social, que es socialista.

La Comunidad de Madrid, además, se puede permitir ofrecer estos locales a un precio de ganga porque lo que maneja es dinero público, que ya se sabe, como dijo ese faro de sapiencia occidental llamado Carmen Calvo, no es de nadie. Y por tanto, se puede derrochar.

Si tal competencia desleal sucediera entre privados inmediatamente se escucharían numerosas voces pidiendo la intervención de ese presunto órgano de control llamado Tribunal de la Competencia. Pero las leyes, ya se sabe, no son las mismas para los gobiernos.

Socialdemocracia en estado puro. Y así nos va.