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Juicio del asedio al Parlament

Marlaska evita que Mas hable del Estado como alta institución

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El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, ha declarado impertinentes varias preguntas con tintes políticos efectuadas al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y ha evitado que responda si se considera afectado por un delito contra las altas instituciones del Estado español o si ve al Ejecutivo autonómico como un "alto organismo de la nación española".

El abogado de la defensa, Gonzalo Boyé, ha preguntado durante el juicio por el asedio al Parlament al líder catalán si reclama como afectado por un presunto delito contra las altas instituciones del Estado Español, una calificación que ha hecho posible que el caso se enjuicie en la Audiencia Nacional y no en Barcelona, contra el criterio de las defensas.


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El presidente del tribunal ha intervenido para asegurar que la "única pregunta factible" sobre esta cuestión sería plantear al testigo si reclama algún tipo de indemnización. En las sesiones anteriores, otros diputados autonómicos también fueron cuestionados sobre la compensación económica, aunque no por la calificación jurídica.

Después de que Marlaska apuntase que la Generalitat ya ejerce la acusación y que Mas contestara que "por supuesto que no" pide ningún tipo de indemnización, el abogado de la defensa ha preguntado si la "Generalitat de Cataluña es un alto organismo de la nación, del Estado español". "No le corresponde decirlo al presidente. No le compete", ha puntualizado el juez.

La defensa ha mostrado su protesta por este hecho, así como por que tampoco se le permitiera preguntar a Mas si gastó 12,7 millones en el uso del helicóptero en el año 2011. El 'president' recurrió a este aparato para entrar al Parlament ante la "violencia" y la "coacción" que encontró cuando intentaba llegar a bordo de su vehículo oficial.

Llamada de atención al público
Por otra parte, Marlaska ha llamado la atención a los acusados y a los asistentes del público ante el "baile" de entradas y salidas en la sala de vistas. Ha explicado que los presentes tenían la facilidad de hacerlo pero había llegado un punto en que las interrupciones eran "excesivas".

"Despista ya abrir y cerrar tanto la puerta. Si no, voy a decidir que paremos cada hora cinco minutos y volvemos. Se da libertad para si realmente tienen que salir, pero es un baile que ya despista", ha concluido el magistrado, para conminar a los asistentes a "aguantar sin salir" constantemente de la sala.

La cuarta sesión del juicio ha concluido con los testigos de la defensa, que han afirmado haber observado agresiones y han dicho que eran los propios manifestantes quienes "protegieron" a los parlamentarios para que algunos exaltados no les "hicieran picadillo".

La vista se reanudará el 25 de abril con el testimonio de la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert. Las pruebas periciales se examinarán el 5 de mayo.

Se sientan en el banquillo de los acusados 19 personas por asediar la Cámara autonómica para protestar contra los recortes e impedir que los parlamentarios votaran los Presupuestos, unos hechos por los que el Fiscal pide cinco años y medio de cárcel y Manos Limpias nueve años de prisión para cada uno de ellos.

Marlaska evita que Mas hable del Estado como alta institución

Juicio del asedio al Parlament
Redacción
jueves, 3 de abril de 2014, 13:14 h (CET)
El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, ha declarado impertinentes varias preguntas con tintes políticos efectuadas al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y ha evitado que responda si se considera afectado por un delito contra las altas instituciones del Estado español o si ve al Ejecutivo autonómico como un "alto organismo de la nación española".

El abogado de la defensa, Gonzalo Boyé, ha preguntado durante el juicio por el asedio al Parlament al líder catalán si reclama como afectado por un presunto delito contra las altas instituciones del Estado Español, una calificación que ha hecho posible que el caso se enjuicie en la Audiencia Nacional y no en Barcelona, contra el criterio de las defensas.


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El presidente del tribunal ha intervenido para asegurar que la "única pregunta factible" sobre esta cuestión sería plantear al testigo si reclama algún tipo de indemnización. En las sesiones anteriores, otros diputados autonómicos también fueron cuestionados sobre la compensación económica, aunque no por la calificación jurídica.

Después de que Marlaska apuntase que la Generalitat ya ejerce la acusación y que Mas contestara que "por supuesto que no" pide ningún tipo de indemnización, el abogado de la defensa ha preguntado si la "Generalitat de Cataluña es un alto organismo de la nación, del Estado español". "No le corresponde decirlo al presidente. No le compete", ha puntualizado el juez.

La defensa ha mostrado su protesta por este hecho, así como por que tampoco se le permitiera preguntar a Mas si gastó 12,7 millones en el uso del helicóptero en el año 2011. El 'president' recurrió a este aparato para entrar al Parlament ante la "violencia" y la "coacción" que encontró cuando intentaba llegar a bordo de su vehículo oficial.

Llamada de atención al público
Por otra parte, Marlaska ha llamado la atención a los acusados y a los asistentes del público ante el "baile" de entradas y salidas en la sala de vistas. Ha explicado que los presentes tenían la facilidad de hacerlo pero había llegado un punto en que las interrupciones eran "excesivas".

"Despista ya abrir y cerrar tanto la puerta. Si no, voy a decidir que paremos cada hora cinco minutos y volvemos. Se da libertad para si realmente tienen que salir, pero es un baile que ya despista", ha concluido el magistrado, para conminar a los asistentes a "aguantar sin salir" constantemente de la sala.

La cuarta sesión del juicio ha concluido con los testigos de la defensa, que han afirmado haber observado agresiones y han dicho que eran los propios manifestantes quienes "protegieron" a los parlamentarios para que algunos exaltados no les "hicieran picadillo".

La vista se reanudará el 25 de abril con el testimonio de la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert. Las pruebas periciales se examinarán el 5 de mayo.

Se sientan en el banquillo de los acusados 19 personas por asediar la Cámara autonómica para protestar contra los recortes e impedir que los parlamentarios votaran los Presupuestos, unos hechos por los que el Fiscal pide cinco años y medio de cárcel y Manos Limpias nueve años de prisión para cada uno de ellos.

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