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Etiquetas:   La tronera   -   Sección:   Opinión

Defraudar es muy rentable

Jesús Salamanca
Jesús  Salamanca
domingo, 15 de octubre de 2006, 07:39 h (CET)
Se suele decir que lo verdadero es demasiado sencillo, pero casi siempre se llega a ello por la vía más complicada. Eso es lo que está sucediendo en el Partido Popular de Castilla y León. Podríamos definirlo como la “ceremonia de la confusión”.

Viene a cuento esa sencilla reflexión por el fraude encontrado en las VPO (Viviendas de Protección Oficial). Con los extraños casos que se han dado, uno empieza a poner en duda la justicia de este tipo de viviendas y la ética en el acceso a las mismas; aunque algunos – concejales incluidos -- dispongan de más de una. Sí, así es, aquí no cabe la sorpresa.

La Junta de Castilla y León se ha visto obligada a actualizar la normativa sobre VPO, ante el escándalo aparecido en Arroyo de la Encomienda. Un concejal ha acaparado dos VPO, además de contar con un chalet y otras viviendas y, después de hacerse el despistado, ha sido sancionado con 6.500 euros. De haber sucedido en Andalucía, la broma le hubiera costado 180.000 euros. El abandono normativo es manifiesto. Hay situaciones que son difíciles de entender: te sancionan con millón y medio de las antiguas pesetas, pero sigues siendo propietario de dos VPO. Medidas así invitan a la picaresca, sobre todo si tenemos en cuenta que más de la mitad de los españoles no pueden acceder a este tipo de viviendas. Lo curioso del caso es que la Junta de Castilla y León considera que “se actúa con rigor en las nuevas medidas de acceso a segundas viviendas” (sic) e intentar huir como sea.

Mientras desde el PP intentan convencernos de la rigurosidad en su actuación, dejan entrever “la posible necesidad de incrementar las multas”. Cada vez entiende menos el ciudadano leonés y castellano. Cuando algunos políticos pisan la moqueta de Fuensaldaña, sus palabras no aciertan a definir los hechos: son fiel reflejo del lenguaje de la LOGSE; recuerdo que entre su “novedosa palabrería”, el Libro Blanco para el debate sustituía la palabra ‘recreo’ por ‘segmento de ocio’ y a los maestros hubo una primera intención ministerial de denominarlos ‘Ingenieros Técnicos Pedagogos’. Hubiera sido el “no va más” y el “concepto Kaminski” se hubiera apoderado del docente.

Resulta que ni en León, ni en Castilla, existe un Registro de Demandantes de VPO, ni el de Viviendas Protegidas, ni convenio con notarios y registradores. ¡Hay que ver cómo le han tomado el pelo a Juan Vicente Herrera sus técnicos! En este tema los socialistas han sido muy agudos y han obligado a la Junta a “mojarse” con las medidas adoptadas en septiembre, aunque a día de hoy no están operativas. A ello se une el amplio informe elaborado por el Ministerio del Interior en el tema de Arroyo. ¿Y Anticorrupción, dónde está?

El ciudadano tiene derecho a saber. Decía el procurador socialista, Ismael Bosch, que “defraudar con VPO en Castilla y León sigue siendo rentable gracias al Partido Popular”. De momento, las sospechas están ahí, los presuntos y presuntas “haberlos, haylos”, además de que un consejero de la Junta debería aclarar -- sin más dilación – por qué ha sustituido a varios miembros del comité electoral provincial, cuyos nombres aparecieron en prensa tras el escándalo de Arroyo. Y por último, para que las sospechas no sobrepasen a la realidad, cuando se trató el asunto en las Cortes estaba ausente el procurador del PP que, a la vez, era el asesor jurídico del Consistorio de Arroyo de la Encomienda y ex secretario de la Empresa Municipal de Vivienda de esa localidad. Queremos respuestas, aun siendo conscientes de los “recados, avisos e insultos” que nos esperan a los mensajeros.

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