El exjuez Baltasar Garzón considera "lógica" la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de no cerrar la investigación por la muerte del cámara José Couso en Irak, y confía en que la ley que limita la Justicia universal "acabe en el Tribunal Constitucional" y éste declare su inconstitucionalidad.
A su juicio, se trata de una ley 'ad hoc' que utiliza "vestimentas pesudolegales" para "garantizar la impunidad y la indefensión de las víctimas" y que "quebranta convenios" firmados por España. "Los jueces tienen obligación de no aplicar normas que son inconstitucionales y, en la instancia que corresponda, tendrían que plantearse la propia inconstitucionalidad de la ley", ha dicho.
En declaraciones a la Ser recogidas por Europa Press, Garzón ha opinado que la ley tiene varias causas de inconstitucionalidad porque quebranta derechos fundamentales y restringe derechos consagrados en la Constitución, "pero sobre todo la que obliga retroactivamente a archivar procedimientos excede absolutamente las competencias de legislativo".
Así, ha dicho que le "cuesta creer" que un juez vaya a archivar una causa por orden del legislativo, subrayando que esa es una competencia de los jueces y que corresponde a ellos decidir si concurren los supuestos previstos en una ley.
Por eso, cree que la decisión de Pedraz es "estrictamente legal" y que así deberían ser también las decisiones de los demás jueces, "que deben mantener las causas abiertas" hasta que se decida sobre su sobreseimiento.
El exjuez Baltasar Garzón considera "lógica" la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de no cerrar la investigación por la muerte del cámara José Couso en Irak, y confía en que la ley que limita la Justicia universal "acabe en el Tribunal Constitucional" y éste declare su inconstitucionalidad.
A su juicio, se trata de una ley 'ad hoc' que utiliza "vestimentas pesudolegales" para "garantizar la impunidad y la indefensión de las víctimas" y que "quebranta convenios" firmados por España. "Los jueces tienen obligación de no aplicar normas que son inconstitucionales y, en la instancia que corresponda, tendrían que plantearse la propia inconstitucionalidad de la ley", ha dicho.
En declaraciones a la Ser recogidas por Europa Press, Garzón ha opinado que la ley tiene varias causas de inconstitucionalidad porque quebranta derechos fundamentales y restringe derechos consagrados en la Constitución, "pero sobre todo la que obliga retroactivamente a archivar procedimientos excede absolutamente las competencias de legislativo".
Así, ha dicho que le "cuesta creer" que un juez vaya a archivar una causa por orden del legislativo, subrayando que esa es una competencia de los jueces y que corresponde a ellos decidir si concurren los supuestos previstos en una ley.
Por eso, cree que la decisión de Pedraz es "estrictamente legal" y que así deberían ser también las decisiones de los demás jueces, "que deben mantener las causas abiertas" hasta que se decida sobre su sobreseimiento.
La cultura del emprendimiento en España ha experimentado una notable evolución en los últimos años, pasando de apostar por la estabilidad laboral hacia un enfoque cada vez más abierto y favorable por el espíritu empresarial. Por tanto, el número de emprendedores se ha multiplicado, en algunos casos por necesidad tras la pandemia -en la que se produjo un boom de emprendimiento-, y en otros, por haber detectado una oportunidad de negocio.
La tasa de empleo juvenil entre las personas con discapacidad se situó en 2022 en el 13%, el mayor registro desde 2014, con 15.200 ocupados. Así se desprende del informe ‘Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad’, realizado por la Fundación Randstad junto a Randstad Research. El análisis, elaborado a partir de los últimos datos facilitados por el INE en 2022, refleja que la población entre 16 y 24 años con discapacidad alcanzó las 117.000 personas.
La Campaña Mundial por la Educación (CME), coalición liderada en España por las organizaciones Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas y Plan International, ha decidido dedicar su 21ª Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) a combatir la proliferación de discursos de odio en las aulas. Para ello, entre el 22 y el 28 de abril, más de 1000 alumnos y alumnas de ocho Comunidades Autónomas se movilizarán en diferentes acciones de calle.
