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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

La eutanasia esconde una falsa piedad

Xus D. Madrid (Gerona)
Redacción
jueves, 12 de octubre de 2006, 00:31 h (CET)
El debate sobre la eutanasia se ha abierto en Italia tras el envío de una dramática carta de Piergiorgio Welby al presidente de la República. Médicos, políticos e intelectuales no han cesado de opinar, pero la cuestión sería si sólo se necesita un caso humano para sostener que el Estado debe intervenir para regular este delicado tema. Según la respuesta de Napolitano, presidente de la República italiana, parece que sí.

Contrariamente, el parlamentario de Forza Italia asegura que Napolitano “se confunde”. De hecho, “parece que olvida que la vida es mucho más importante que un proceso biológico que debe ser regulado por una ley”, afirma.

Hablar de “un derecho a la muerte” significa olvidar la principal característica de la vida humana, que como bien recuerda Lupi, “es un don”. Así, hace una reflexión sobre lo contrario, ¿se tiene derecho a vivir?

“Hoy nadie es tan imprudente de sostener que matar a una persona tiene ventajas económicas, pero el clima de indiferencia que se respira sobre el tema de la vida y de la muerte es impresionante”, declara. En este sentido, ahonda en que muchos, aunque sea para calmar su propia conciencia prefieren no pronunciarse y se abandonan a la suerte y a los debates sobre el respeto a la libertad y a la voluntad del paciente: Welby transforma su dolor en desesperación, Ambrosio Fogar, postrado en una cama de hospital hace de todo para dar fuerzas a quien no tiene aparentes razones de vivir. Así, Lupi asegura que el debate abierto es “un falso debate” porque no se puede defender la ‘muerte dulce’.

Las autoridades pueden afrontar temas sensibles que sea claros y estén contemplados en la Constitución pero apostilla: “La ley no puede en ningún violar los límites impuestos sobre el respeto a la persona humana. Antes de nada está la vida”. Esto significa, no sólo rechazar el ‘derecho a la muerte’ sino que los médicos no den tratamientos que afecten a la integridad física o psíquica de las personas, en cuanto a acortar la vida o provocar la muerte, según está recogido en el Código Deontológico aprobado en junio de 1995.

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