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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

¿Modificar nuestra Constitución?, ¿es, de verdad, necesario?

“No hay cambios, ni aun de lo peor a lo mejor, sin inconvenientes”, S.Jonson
Miguel Massanet
miércoles, 5 de marzo de 2014, 08:07 h (CET)
Hace tiempo que muchos españoles, los que aún no consideramos una deshonra, algo obsoleto o una sinrazón el continuar como tales y manteniendo nuestro sentimiento de amor y respeto por nuestra patria; estamos con la mosca detrás de la oreja al ver como quienes, en teoría, tenían la misión de defender la unidad de la patria y acabar con cualquier iniciativa encaminado a dividirla, perjudicarla o dejarla en mal lugar ante las otras naciones; parece que no están por la labor y se dedican a trapichear a espaldas de la ciudadanía con quienes se han declarado abiertamente en contra de España y de los españoles, pretendiendo emanciparse de su tutela y buscando, por medios ilegales y usando procedimientos arteros, conseguir la independencia aunque ello signifique enfrentarse a la Constitución, que juraron respetar, y olvidarse de la opinión del resto de los españoles.

Cuando, desde el PSOE, se está hablando de una España federal, en un claro intento de conciliarse con los catalanes que propugnan una Catalunya libre; de acuerdo con los comunistas del señor Cayo Lara y con el aparente beneplácito de otros partidos, como el PNV y de BILDU y sus seguidores; deberemos pensar que, cuando se habla de una reforma constitucional no se pretende otra cosa que abrirle el camino a los secesionistas para superar los preceptos de la actual Carta Magna, que impiden que la nación española pierda su unidad y que establecen las medidas para evitar que esto suceda y los medios precisos para que, cualquiera que pretendiera intentarlo, reciba el peso de la ley sobre sí y los que le acompañaran en tan peregrina idea. Es posible que las Constitución haya quedado, en algunos puntos, algo desfasada a la vista de cómo el capítulo que habla de las autonomías parece que, en cuanto a su desarrollo, a la trasmisión de competencias, en la financiación y en el abuso de las atribuciones que se les concedieron a las comunidades autónomas, debiera de ser revisado para reformar ciertas partes que, teniendo en cuenta la experiencia de los años que han transcurrido desde su promulgación, se ha demostrado que, en lugar de ser conveniente para el país la descentralización de competencias, lo que, en realidad ha sucedido es que, aquellos a los que se las cedieron han hecho un uso abusivo, desleal y contrario al espíritu de la Carta Magna, que haría muy conveniente que se volviera a estudiar con detenimiento lo que constituye el Estado de las Autonomías, para así reducir aquellas competencias de las que se ha abusado o hecho un uso irregular. Es obvio que, visto los resultados de la descentralización de competencias se haría necesario que el Gobierno central recuperara alguna de ellas (por ejemplo: educación, sanidad y orden público) y se asegurara que, las restantes, se mantuvieran dentro de los límites de la legalidad.

Es obvio que existen una serie de partidos políticos y algunos estamentos de mayoría de izquierdas, a los que el corsé que significan los preceptos constitucionales, les resulta incómodo y que lo que quisieran fuera establecer un sistema legislativo elástico, que quedara en manos de los jueces el aplicar la norma según sus particulares criterios y que les permitiera, cuando lo consideraran oportuno, cambiar la propia naturaleza del Estado, no por el camino trillado de las urnas, sino por el método más de signo totalitario de utilizar la Justicia como un medio de pasarse las leyes a la torera, como ya se ha visto en las actuaciones de algunos jueces y magistrados que, por raro que pudiera parecer, se han atribuido facultades que sobrepasaban los límites de sus competencias, distorsionando la hermenéutica de las leyes y constituyéndose en improvisados legisladores.

Así las cosas, sería muy peligroso embarcarse, en las circunstancias actuales, en un proceso de revisión de la actual Constitución. Por desgracia, el consenso, la comprensión, la flexibilidad y el sentido común con el que los llamados padres de la Constitución emprendieron la tarea de crear una Ley de leyes que sirviera para encajar a una serie de partidos políticos, muchos de los cuales estuvieron en la clandestinidad durante el franquismo; para lo cual se tuvieron que superar muchos recelos, lograr que los que ganaron la guerra renunciaran a sus legítimas prevenciones en contra del socialismo y el comunismo y mostraran generosidad a la hora de permitir que se los legalizara, sin lo cual es evidente que no hubiera sido posible lograr que la Constitución se promulgara, con el apoyo mayoritario de los españoles, incluso el de Catalunya, en el año 1978.

Hoy en día el PSOE no es aquel de Felipe González y es evidente que su líder actual, el señor Pérez Rubalcaba, no tiene la visión de Estado ni la capacidad de negociar que tuvo aquel primer dirigente del PSOE. Un país que está intentando superar una crisis, con más de 5 millones de parados, con una izquierdas en pie de guerra y un partido en el Gobierno que, ni los que lo votamos, entendemos como actúa con tanta lentitud, se muestra tan tolerante con el nacionalismo y no es capaz de poner en práctica una serie de leyes que prometió y que, pasado el ecuador de la legislatura, siguen en barbecho sin que, de momento, parezca que se atrevan a usar su mayoría para ponerlas en práctica; no está en condiciones de abrir el frente de una reforma constitucional dejando, entre tanto, una serie de decisiones y sentencias pendientes de los resultados de un proceso que, en ningún caso, vista la rivalidad existente entre las distintas formaciones políticas, sería, ni mucho menos, corto.

Muchos pensamos que, más que modificar nuestra Carta Magna, más que enzarzarse en una nueva batalla sobre cuáles han de ser los temas que se deben reformar o sobre el alcance de los cambios a llevar a cabo, sería preferible que se aprovecharan en su totalidad los recursos que en ella se contienen, para solucionar algunas cuestiones que, inexplicablemente, no han sido utilizados para poner fin a situaciones irregulares y de evidente inconstitucionalidad, que han tenido lugar en algunas comunidades de la nación. Es curioso que se quieran modificar preceptos de la Constitución cuando no se han aprovechado los instrumentos previstos en ella, fuere por temor a las consecuencias o fuere por un falso concepto de lo que debe ser la elasticidad del Gobierno, ante temas tan extremos como el del terrorismo o el del separatismo catalán que, según transcurre el tiempo, cada vez se van convirtiendo en un problema de mayor magnitud y de más difícil solución.

La cuestión no es que los preceptos constitucionales no sean lo suficientemente explícitos para poner remedio a los retos a los que está sometido el país, sino en la pusilanimidad, la mojigatería, la falta de coraje político y el miedo a equivocarse que se ha apoderado de nuestra clase política, que ha supeditado la defensa de nuestra unidad, de los intereses generales de los españoles y de las conveniencias de la nación; a la necesidad de conservar los votos; sin percatarse de que, este comportamiento equívoco y dubitativo, va a ser el que, (como ya viene sucediendo), les va a restar posibilidades de mantenerse en el poder. O así es, señores, como contemplo con desasosiego, este espejismo en el que se ha convertido la obsesión por reformar la Constitución.
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