La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomará hoy, martes, en consideración la denuncia presentada por Manos Limpias contra los 33 jueces catalanes que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir de Cataluña.

La Comisión, formada por los cinco vocales con dedicación permanente junto con el presidente Carlos Lesmes, contempla en su orden del día analizar la denuncia formulada el pasado viernes por el sindicato, que entendía que los magistrados catalanes han podido incurrir en una falta muy grave por no acatar el mandato de la Constitución.

Manos Limpias considera que la declaración que suscribieron "no entra dentro del derecho a la libertad de expresión y de manifestación". "Todos los cargos públicos, y con mucho más motivo los componentes del Poder Judicial, están obligados a acatar la Constitución. Y ese manifiesto supone, atacar, quebrantar el ordenamiento jurídico y por supuesto, su máxima ley, que es la Constitución", destaca.

A su entender, la sociedad tiene motivos para estar "profundamente alarmada" ante el hecho de que quienes están llamados a ser los máximos garantes de la legalidad vigente y del Estado de Derecho tengan un "comportamiento no ya reprobable", sino que constituye una falta administrativa muy grave a la luaz del artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los jueces actuaron con "clara intencionalidad"
Este precepto castiga el "incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución, cuando así se apreciare en sentencia firme". A este respecto, el sindicato pone de relieve la "clara intencionalidad" con la que actuaron los magistrados al pretender entregarlo al Parlamento catalán.

Si las diligencias practicadas dan lugar a posibles delitos de incitación a la sedición o desobediencia a las resoluciones judiciales, Manos Limpias pide que se ponga en conocimiento del tribunal competente y del Ministerio Fiscal.

Los magistrados firmantes defienden en su manifiesto que la consulta de autodeterminación que defiende el Gobierno autonómico para que los catalanes ejerzan su 'derecho a decidir' cabe perfectamente en el actual marco de la Constitución.

"La negación del 'derecho a decidir' solo puede entenderse por un criterio estrictamente ideológico y político de negar la realidad nacional de Cataluña", reza el texto suscrito, entre otros, por el juez Josep Maria Pijuan, que instruyó hasta diciembre el 'caso Palau'.