El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional está investigando si el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ocultó dinero en cuentas domiciliadas en Hong Kong tras la acusaciones vertidas por el empresario Ángel de Cabo en una declaración voluntaria prestada ante un agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde el centro penitenciario de Picassent (Valencia).

De Cabo acusó a Díaz Ferrán de disponer de dinero en Hong Kong y precisó que tuvo conocimiento de que mantenía cuentas allí porque un testaferro del expresidente de la CEOE le remitió números de cuenta domiciliados en ese territorio para que realizara una transferencia.

Según la transcripción de la declaración, a la que tuvo acceso Europa Press, De Cabo aseguró, además, que Díaz Ferrán mantiene propiedades en Argentina a nombre de empresas de su grupo. Durante el interrogatorio el empresario explicó, además, que el conglomerado empresarial vendió por 12 millones de euros el derecho a la indemnización del que disfrutaban por la expropiación por parte del gobierno argentino de Aerolíneas argentinas.

De Cabo, que permanece en prisión desde diciembre de 2012, está siendo investigado junto al expresidente de la CEOE en la causa abierta por la Audiencia Nacional a raíz del conocido como caso 'Crucero'. El juez Eloy Velasco sospecha que Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, diseñaron en colaboración con De Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial".

Esta estrategia habría consistido en el traspaso del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, "una aparente insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos".

A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Según los autos del juez Velasco, Díaz Ferrán se habría valido de "testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros" tras ser asesorado por "personas de su confianza".

Denuncia de las mayoristas
El juez Velasco, que abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero de 2012 por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, ordenó el 5 de diciembre de 2012 el ingreso en prisión de Díaz Ferrán y De Cabo tras imponerles sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, respectivamente, que han ido reduciéndose hasta quedar fijadas en cinco y tres millones.

A Díaz Ferrán se le imputan indiciariamente los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal. El juez Velasco también envió a prisión el 5 de diciembre al cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido; y los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano.

La secretaria del liquidador, Susana Mora, quedó en libertad tras depositar una fianza de 3.000 euros y al fiscalista Rafael Tormo se le impusieron una serie de medidas cautelares. Además, fueron imputados en este procedimiento Gerardo Díaz Santamaría, hijo de Díaz Ferrán; Consuelo Garrido, mujer de De Cabo; el abogado Raúl Jiménez y los cuatro hijos de Gonzalo Pascual: Ignacio, José María, Gonzalo y Diana.