En Estados Unidos, todas las miradas están puestas esta semana en el Senado, donde se desarrolla el juicio político contra el Presidente Donald J. Trump. Trump es el tercer presidente que es sometido a un juicio de destitución en la historia del país. Mientras tanto, lejos de la mirada pública, en la base naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, se está desarrollando otro juicio importante. Tras el alambre de púa del denominado “Campamento Justicia”, cinco de los 41 prisioneros que siguen detenidos en Guantánamo –acusados de haber cometido los atentados del 11 de septiembre de 2001– asisten a las audiencias preliminares al juicio a casi 20 años de los atentados.

Uno de los testigos del juicio es el Dr. James E. Mitchell, un psicólogo retirado de la Fuerza Aérea que, junto con su socio, el psicólogo John “Bruce” Jessen, elaboró y llevó a cabo el programa de tortura de la CIA después de los atentados del 11 de septiembre. Los doctores Mitchell y Jessen participaron activamente en las sesiones de tortura en los centros de detención clandestinos de la CIA. Ambos han sostenido durante mucho tiempo que eran tan solo contratistas que recibían órdenes de la CIA. A pesar de no que no contaban con experiencia previa en técnicas de interrogatorio, el gobierno de Estados Unidos les pagó la generosa suma de al menos 81 millones de dólares con dinero de los contribuyentes por la elaboración del programa de tortura. La tortura es un crimen de guerra y quienes torturan deberían ser enjuiciados. Sin embargo, el Dr. Mitchell no es quien está siendo juzgado esta semana. De hecho, dijo en forma desafiante ante el tribunal “Volvería a hacerlo”. Mitchell estaba sentado en la sala del tribunal a unos pasos de las víctimas de sus sesiones de tortura.

La audiencia preliminar llevada a cabo esta semana en Guantánamo es un intento de los abogados defensores de los cinco prisioneros —que podrían ser condenados a la pena de muerte— de eliminar las declaraciones realizadas por los acusados ante el FBI mientras eran torturados por la CIA o inmediatamente después. Uno de los prisioneros es el supuesto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, que fue sometido a ahogamiento simulado 183 veces. En algunas o todas las ocasiones, Mitchell estuvo a cargo de la tortura. El ahogamiento simulado es una técnica de tortura que consiste en colocar agua y una toalla mojada en la boca y la nariz de la víctima para llevarla al borde de la sofocación, simulando el ahogamiento.

Mitchell y Jessen evitaron utilizar la palabra “tortura” y prefirieron, en cambio, el eufemismo “técnicas intensivas de interrogatorio”. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó a Mitchell y Jensen en nombre de dos prisioneros de la CIA y de los familiares de otra víctima de tortura de la CIA, Gul Rahman, que falleció tras haber sido sometido a un brutal interrogatorio y tortura en un centro de detención secreto de la CIA en Afganistán. En la demanda, la ACLU resumió algunas de las “técnicas intensivas de interrogatorio”: “Los métodos de tortura diseñados por Mitchell y Jensen, que fueron utilizados contra los tres hombres, incluyen golpearlos contra las paredes, colocarlos dentro de cajas similares a ataúdes, exponerlos a temperaturas extremas y a música estridente, hacerlos pasar hambre, infligirles diferentes tipos de tortura mediante el uso de agua, privarlos del sueño durante días y encadenarlos en posiciones sumamente incómodas a fin de provocarles dolor y mantenerlos despiertos durante varios días”.

Mitchell y Jessen dijeron que analizaron y tomaron como modelo las técnicas impartidas a las fuerzas armadas de Estados Unidos para evitar la captura o para resistir la tortura y el interrogatorio en caso de ser capturados. Ese programa de entrenamiento militar se denomina “SERE”, sigla que significa “supervivencia, evasión, resistencia y escape”. En teoría, el programa SERE fue elaborado para ayudar a las personas a sobrevivir. Mitchell y Jessen elaboraron técnicas para dañar a las personas, no para ayudarlas. Esta distinción fundamental planteó preocupaciones éticas entre los miembros de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés). Las preocupaciones fueron desestimadas por la dirección de la organización, que quería complacer al gobierno del entonces Presidente George W. Bush. Durante años, psicólogos opuestos a la tortura llevaron a cabo una campaña para cuestionar la complicidad de la APA, la mayor asociación de psicólogos profesionales del mundo, con el Pentágono y la CIA. Finalmente se destituyó a los directores de la APA y la asociación prohibió a sus miembros participar en interrogatorios de ese tipo.

Durante su campaña para ganar la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano en 2015 y 2016, Donald Trump habló muchas veces a favor de la tortura, a pesar de que universalmente se reconoce que genera información falsa y poco fiable. En uno de los debates antes de las elecciones primarias, Trump se jactó: “Reinstauraría el ahogamiento simulado y volvería a utilizar muchas técnicas peores que esa”.

En una entrevista con Democracy Now!, Baher Azmy, director de asuntos jurídicos del Centro por los Derechos Constitucionales, una organización de defensa legal sin fines de lucro que ha representado a muchos prisioneros de Guantánamo, reflexionó sobre el juicio político a Donald Trump y los tribunales militares de Guantánamo: “Ambos juicios son, de algún modo, una farsa. En lugar de llevar a cabo un juicio penal tradicional de acuerdo al Artículo III, se creó el proceso de los tribunales militares, a fin de evitar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y, en el juicio en el Senado, el objetivo es evitar la rendición de cuentas por abuso de poder”.

Desde Washington, D.C. hasta la Bahía de Guantánamo esta semana ha quedado en evidencia la lógica perversa del sistema de justicia estadounidense.