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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

De mal en peor. La Democracia en peligro

“Los fanáticos tienen sus ensueños, con los que forjan un paraíso para su secta” J. Kyats
Miguel Massanet
jueves, 30 de enero de 2014, 07:22 h (CET)
Uno de los graves errores de nuestra democracia ha consistido en dejar que, la izquierda, intolerante y antidemocrática, haya conseguido hacerse con dos importantes facetas esenciales para conseguir adoctrinar a los ciudadanos de una nación y, de paso, asegurarse el poder por encima de que las urnas les sean favorables o no. En efecto, la enseñanza está prácticamente copada por maestros, profesores y catedráticos de claras tendencias progresistas y, lo que aún es peor, en aquellas autonomías en las que el nacionalismo ha ido aumentando y se ha hecho con el mando, no ahora, sino desde hace muchos años, han convertido las escuelas en verdaderos centros de adoctrinamiento de la juventud que se ha formado en ellas. La otra faceta, la Justicia, uno de los pilares que, según Montesquieu, soportan todo gobierno democrático, también ha caído en manos de fiscales, jueces y magistrados que, no solo se dedican a administrar Justicia, sino que pretenden aplicar las normas mediante una interpretación sui generis que poco tiene que ver, en algunas ocasiones, con lo que quien la redactó tenía en mente cuando las concibió para que fueran ratificadas por las Cortes.

Fácil es colegir que, con estas dos armas a su disposición, la izquierda se encuentra en una magnífica posición para darle la guerra, en óptimas condiciones y con grandes posibilidades de lograr sus objetivos,  a la actuación del legítimo gobierno de la nación. Por ello, no es de extrañar que, en Catalunya, hoy en día, una gran cantidad de ciudadanos que forman parte de las últimas generaciones, hayan estudiado un historia que nada tiene que ver con la que sus ascendientes, que en muchos casos tuvieron ocasión de vivirla personalmente, han conocido o les fue enseñada. La famosa y absurda Ley de la Memoria Histórica, no fue más que el colofón del que se valió el señor Rodríguez Zapatero y sus compañeros de partido, para darle la puntilla a lo que realmente ocurrió en la II República y las causas verdaderas del levantamiento del 18 de Julio de 1.936.

Es obvio que ni el señor Mariano Rajoy ni los miembros de su ejecutivo han sabido, han querido o han tenido el valor de intentar poner cada cosa en su sitio; es decir, disponiendo de una mayoría absoluta, solucionar de una vez el tema de que, en España, tanto los jueces como los fiscales estén separados en distintas asociaciones, permitiendo perpetuar la sinrazón de que sean los partidos políticos quienes nombren a los miembros del CJPJ y del TC; omitiendo legislar para impedir que los tribunales y juzgados confundan la aplicación de las leyes,  de acuerdo con el sentido que les dio el legislador, con un medio para dar salida a sus ideologías personales, sin importarles que, con ello y valiéndose del desconcierto en el que está sumida la administración de justicia, se produzcan situaciones que, en la mayoría de las veces, llevan a situaciones en las que son los mismos ciudadanos los que padecen sus consecuencias adversas.

Y en relación a esta materia, conviene hacer referencia a una de las más recientes bajadas de pantalones del PP de Madrid, cuando su presidente, Ignacio González, ha decidido dejar sin efecto el proceso de externalización de la gestión de seis hospitales  debido a que, el TSJM, decidió mantener la suspensión cautelar de la medida. Vayamos por partes. La medida del TSJM nos parecería adecuada si la sustanciación de la causa tuviera lugar en un periodo limitado, pongamos dos o tres meses, pero nos parece una barbaridad que, una medida que, por su misma naturaleza, tiene por objeto impedir transitoriamente que se produzca alguna situación irreversible, que pudiera poner en peligro la aplicación de una resolución contraria; en la práctica, suponga que se constituya en un freno para que la Administración, sea la Central o la Autonómica, deba aplazar durante años la aplicación, como ocurre en este caso, de una medida que tiene por objeto remediar una situación en la que los gastos de la sanidad superan en más de un 25 % el importe previsto en los PGE. Nadie pone en duda que, en estas decisiones tan controvertidas, tan insensatas y carentes de lógica (debidas a que la lentitud de los tribunales en emitir las resoluciones puede dilatarse durante años); se cierne la duda de cómo puede haber influido, en quienes las emiten, las manifestaciones y algaradas callejeras. Lo que es posible que no se haya contemplado es que, las consecuencias de semejante imprudencia pueden, y de hecho así  va a ocurrir, suponer para el resto de los ciudadanos cargarse con el sobrecoste de una sanidad más cara y menos eficiente.

No se entiende que, en Andalucía, gobernada por un gobierno socialista, resulte que existen 17 hospitales públicos concertados. La tasa de hospitales públicos de dicha comunidad por cada cien mil habitantes,  la sitúa en el penúltimo puesto entre las comunidades autónomas, por debajo de la media nacional que es de 0’71.  ¿Cómo se entiende que, para el TSJM y el señor Rubalcaba, lo que en Andalucía es correcto y funciona a la perfección, en Madrid sea malo? Lo que resulta evidente es que, con la Justicia politizada, con la intrusión de los tribunales en las funciones del Ejecutivo y con la utilización torticera de los recursos a los tribunales, de una oposición que, en lugar de ejercer como tal, está empeñando en derribar al Gobierno, aunque ello suponga crear un caos económico en España y un retardo en conseguir la recuperación de nuestro país; no se puede mantener una democracia.

En cualquier caso, resulta decepcionante que el actual Gobierno no haga más que recular, volver sobre sus pasos y dar la sensación de que va de error en error. Lo de la Sanidad Madrileña no es más que un remedo de lo sucedido en el barrio del Gamonal de Burgos. El prestigio de las instituciones está puesto en entredicho y la postura inmovilista de Rajoy, tanto en el tema catalán como en el del aborto, no creo que quede reforzada con todos estos fracasos. Mucho nos tememos que, a pesar de las declaraciones de Cospedal y algunos tímidos intentos de otros miembros del nuevo PP, el goteo de deserciones del partido solo ha hecho que empezar. La Justicia no puede seguir siendo un freno a la gobernación y, si no son capaces de resolver los procedimientos dentro de un plazo razonable, que no pongan en peligro la gobernabilidad de España porque esta actitud, al menos para mí, no es más que una forma de prevaricar. No se puede parar las leyes, la aplicación de las resoluciones administrativas, ni las exigencias que nos llegan de la Europa comunitaria, bajo el pretexto de que: los actos administrativos “pudieran no ser conforme a la ley” y, después, eternizar la resolución del tema para permitir, en su caso, adoptar las recursos y actuaciones pertinentes dentro de un plazo prudencial.

No hay duda de que, la izquierda está en pie de guerra, tanto en Catalunya, País Vasco y demás comunidades de pretensiones separatistas, como en el resto de España. Si se permite que sea las movilizaciones en las calles, las protestas, los ataques de la prensa o las insensateces del señor Rubalcaba y sus seguidores, un arma efectiva contra la Constitución y el Gobierno democrático de España; entonces, señores, apaga y vámonos. O así es como, desde mi puesto de ciudadano de a pie, contemplo desolado el triste panorama de lo que queda de nuestra nación.

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