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Etiquetas:   La tronera   -   Sección:   Opinión

Convivencia escolar

Jesús Salamanca Alonso
Jesús  Salamanca
domingo, 1 de octubre de 2006, 05:35 h (CET)
El curso escolar se inicia con la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Educación y su correspondiente desarrollo reglamentario. Una ley que se ha criticado hasta la saciedad y donde el consenso parlamentario brilla por su ausencia. Desde el primer momento, el profesorado y el sindicalismo responsable han expuesto con claridad que la ciudadanía no se merece mediocridades al más puro estilo LOGSE.

Sería recomendable que se dieran las condiciones idóneas para que existiera un pacto educativo. Hace unos días me comentaba un grupo de profesores y profesoras la necesidad de ese consenso para evitar el constante debate ideológico-educativo. La educación precisa de recursos y soluciones urgentes ante la situación por la que atraviesa el profesorado: desmotivación, violencia en las aulas, falta de autoridad, desprestigio profesional, existencia de “objetores escolares”, despreocupación social,…

Es imprescindible concienciar a la comunidad educativa para que ésta exija en cada comunidad autónoma un Plan de acción contra la violencia en los centros educativos. Castilla y León -- que no es precisamente un ejemplo a imitar en temas como dirección de centros, itinerancias, pago al profesorado, reconocimiento docente, educación de adultos, sustituciones,… -- ha abanderado un instrumento inicial como es el Plan de Convivencia Escolar, adelantándose incluso al Ministerio de Educación y Ciencia. Si bien es cierto que el citado Plan es solo un punto de partida, también es verdad que ya ha servido para dar soluciones a muchos problemas en centros docentes. Tanto en el ámbito estatal como en el autonómico hay que avanzar, sobre todo, en el reconocimiento de la figura del docente y en la necesidad de que el profesorado sea considerado como autoridad pública en su cometido.

Hace unos días leíamos en una revista profesional de educación unas afirmaciones categóricas, por su certeza y rotundidad. Desde hace tiempo existe una organización independiente de profesores (ANPE) que viene haciéndose eco del deteriorado clima de convivencia en los centros: “Los problemas de indisciplina y el nivel de conflictividad están generando problemas a la comunidad escolar, especialmente al profesorado de Secundaria y, sin embargo, salvo contadas excepciones, las Administraciones Educativas han pasado por alto la realización de un diagnóstico riguroso de la situación y, menos aún, la puesta en marcha de soluciones realistas y efectivas para corregir tan grave problema”.

Siguiendo la recomendación del profesorado, y teniendo en cuenta la diaria labor de ANPE, no quiero dejar pasar esta ocasión sin hacer efectivo el reconocimiento a esa entidad por las muchas medidas que ha puesto en marcha durante cursos precedentes, en aras de la mejora profesional de los docentes. Una de ellas es la creación de la figura del DEFENSOR DEL PROFESOR, cuya existencia ha supuesto que el profesorado no se sienta solo y desamparado, sino que cuenta con amparo de garantía siempre que lo necesite. No estaría de más que dicha eficacia fuera imitada por el conjunto de organizaciones que dicen defender los intereses profesionales de la docencia y de los docentes, precisamente en un momento en que las elecciones sindicales empezarán a acaparar excesiva atención.

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