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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Pero ¿en qué país estamos?

Miguel Massanet
sábado, 25 de enero de 2014, 10:33 h (CET)


Mientras el señor Tarda esgrime una lata de Coca Cola en el delirio de su empacho de catalanismo, pidiendo a gritos que la popular marca se rotule en catalán, no fuera que los seis millones de catalanes no supieran de que bebida se trata o no entendieran las rotulaciones en castellano; el señor Mas se pone magnífico y nos habla de que Rajoy le está aplicando a Catalunya el “despotismo ilustrado” algo que a cualquiera que tenga la curiosidad de averiguar lo que significa le puede causar cierta confusión, porque, como es conocido la palabra despotismo está relacionada con el abuso de fuerza o de poder en el trato a las personas y, precisamente, se utiliza para calificar a aquel gobierno absolutista o totalitario que no se siente frenado por las limitaciones de las leyes, actuando por encima de ellas y sin respeto alguno por los derechos de sus súbitos.

¿Cuándo el señor Rajoy ha mostrado una actitud semejante? Si de algo nos quejamos los que somos contrarios a los nacionalismos excluyentes, es precisamente que no haya empezado a aplicar la Constitución para impedir que Mas y Catalunya incumplan, con sus proyectos separatistas, las normas constitucionales por las que se rige España y sus territorios.

Seguramente, porque le sonaba más redondo o porque quiso impresionar más a sus seguidores, el Presidente de la Generalitat catalana, quiso completar la expresión añadiéndole lo de “ilustrado”, con lo que acabó de meter la pata hasta el corvejón; porque esta palabra tiene un significado que se refiere a la “ilustración”, un movimiento filosófico del siglo XVIII, que predicaba el predominio de la razón y el progreso humano. Monarcas absolutistas como Luis XV de Francia o Carlos III de España fueron déspotas ilustrados que adoptaron medidas favorables a sus súbditos provocando cambios como la centralización de la administración pública, el fomento del comercio etc. que supusieron una relajación de su poder absoluto, adoptando un discurso más paternalista que, aunque hoy no se entendería, en aquellos tiempos significó un adelanto en favor de los ciudadanos.

Sin duda, el señor Mas se ha olvidado, en su locura secesionista, que quienes amenazan con incumplir las leyes del Estado son ellos, que los que ya se han rebelado contra las sentencias de los tribunales y negado a ejecutar las sentencias sobre la enseñanza del castellano han sido los del Gobern de la Generalitat; insistiendo, cansinamente, en el hecho todavía no demostrado de que, el 70% de los catalanes están por el “derecho a decidir”, y se empecina en apelar al derecho democrático del pueblo catalán a escoger si quiere ser España o no; sin tener en cuenta que están integrados en una gran nación de 45 millones de habitantes, que también son demócratas y que tienen todo el derecho del mundo a dar su opinión sobre Catalunya y su pertenencia a España. En todo caso, la discusión está fuera de lugar porque, nuestra Carta Magna no deja lugar a dudas sobre la unidad de la nación española.

No obstante, siguiendo en su terquedad de seguir dando golpes sobre el aguijón, parece que algunos prelados del País Vasco siguen empeñados en favorecer a los terroristas de ETA, tomando partido evidente por una banda que, pensando en aquello de que el fin justifica los medios, no ha dudado en victimar a más de 800 personas simplemente porque les estorbaban, querían crear terror entre los vascos y obligar al Gobierno a que se plegara a sus exigencias. Que el señor Uriarte, obispo emérito, ponga en la misma balanza a las víctimas de la banda y las que, según él, han sido causadas por las fuerzas del orden público o los GAL, aparte de que, cuantitativamente, existe una diferencia abismal, es como si quisiera poner a los justos que van al cielo con aquellos condenados a las llamas eternas. Nos resulta imposible comprender como un religioso puede anteponer su nacionalismo exacerbado al sentido común y al respeto por las leyes de la nación. Luego se quejarán de que la gente no vaya a las iglesias.

Y a todo este conjunto de insensateces a cargo de personas a las que parece que alguien les ha sorbido el seso, tenemos que añadir un dato que puede que a muchos no les cause preocupación, pero que a mí, debo reconocer que me ha producido una mala impresión por lo que se refiere a este empeño de los gobernantes de intentar ocultarnos aquellas noticias que no les son favorables, aunque ello pueda entrañar una amenaza evidente para el futuro de nuestra nación. Nos referimos a la información emitida por el Banco de España en la que, contrariamente a los datos facilitados por la Administración (93% del PIB) sobre el endeudamiento de España, resulta que, en realidad estamos con una deuda del 127’7% del PIB. Es decir que el monte total de la deuda pública española se sitúa en 1’305 billones de euros, una cifra record que nunca habíamos alcanzado (el truco está en que, a la hora de calcular el dato oficialmente, se dejan aparte la Sareb, Aena o RENFE, cuya deuda no se tiene en cuenta)

Pero lo más significativo de esta noticia es que a las CC.AA les corresponde un 23´5% con la particularidad de que la cifra real ha engordado en 45.000 millones sobre el importe calculado en el mes de Diciembre, pasando del 19´3% al 23’5%. Puede que las normas de Eurostat permitan a los países no contabilizar como oficial la deuda de una buena parte de las empresas públicas pero esto no significa que no se deba tener en cuenta y, naturalmente, pagarla a sus vencimientos.

Si los bancos invierten una gran parte de sus disponibilidades económicas en la compra de deuda nacional y, en algunos casos extranjera, debido a que el dinero que reciben del BCE sólo deben remunerarlo al 1% e invirtiéndolo en deuda sacan un rendimiento tres o cuatro veces superior, no debe extrañarnos que el crédito no acabe de llegar, especialmente a las pequeñas y medianas empresas; pero no cabe duda de que, a la vez, están metiendo todos los huevos en la misma cesta. Puede que la macroeconomía de señales de una incipiente recuperación, que suponga una esperanza para dentro de dos o tres años pero, en lo que a los ciudadanos se refiere, las consecuencias de la crisis siguen gravitando sobre ellos que ven como los impuestos no bajan al revés suben (en Catalunya el presupuesto del 2014 supone la implantación de 30 nuevos impuestos y tasas). No es posible que, en estas circunstancias las tuercas de Hacienda sigan apretando las economías de los ciudadanos, de esta clase media a la que le ha cabido bailar con la más fea en esta crisis y que ya está dando evidentes muestras de no poder seguir soportando tanta presión.

Ha llegado el momento de que las promesas del Gobierno de meter las tijeras en las empresas públicas y en la duplicidad de estructuras del gobierno Central y las autonomías, se solucionen para que la existencia de organismos cuya viabilidad no está justificada y el número de personas, no funcionarios, que los partidos políticos enchufaron en ellas empiece a ser suprimido, para que los impuestos puedan relajarse y los ciudadanos empezar a sentir el alivio de una menor carga fiscal. O así es, señores, como vemos este desbarajuste nacional, que no lleva trazas de solucionarse.
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