El ministro de la Presidencia de la República Dominicana, Gustavo Montalvo, ha anunciado este viernes la prohibición de las deportación de ciudadanos haitianos en situación irregular, decretada por el presidente Danilo Medina, aunque advierte que la medida irá acompañada de un refuerzo del control en las fronteras.

Esta decisión se engloba en el llamado Plan de Regularización, que establecería, según estas últimas informaciones, la suspensión de las deportaciones. No obstante, insistiría en aplicar las acciones necesarias para impedir la entrada de nacionales de ese país de forma irregular, según recoge el diario dominicano 'El Día'.

Por su parte, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, ha señalado que el "principal problema" para la correcta aplicación del citado plan y, por lo tanto, para otorgar visa de trabajadores temporeros a los haitianos residentes en República Dominicana, es que "carecen de documentación en su propio país".

En ese sentido, Fadul explica que "Haití tiene pocos registros de sus nacionales", algo que se vio agravado después del terremoto que azotó el país en el año 2010.

La medida forma parte de un paquete de acciones emprendidas tras una sentencia del Tribunal Constitucional el pasado mes de septiembre negando la nacionalidad a los nacidos en el país de padres en situación irregular.

El conflicto se desató el pasado 23 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional de República Dominicana denegó la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes nacidos después de 1929, por lo que ahora serían "ilegales" o estarían "en tránsito".

La gran mayoría de los afectados son hijos de haitianos que emigraron al país vecino en busca de unas mejores condiciones de vida. Santo Domingo se ha quejado reiteradamente del flujo migratorio procedente de Puerto Príncipe.

República Dominicana está poblado por 10 millones de personas, 458.000 de las cuales son de origen haitiano. De éstas, solamente 240.000 han nacido en territorio dominicano.

El Gobierno dominicano se enfrenta a una gran presión internacional por esta cuestión. Un grupo de 25 organizaciones humanitarias ha enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para que impida la aplicación del fallo.