Seis millones de personas sin empleo y sin esperanza de conseguirlo conformaban un caldo de cultivo suficientemente potente como para que en el momento menos pensado se produjera un estallido social. De hecho, eran muchas las voces que venían preguntándose de forma pública cómo era posible que estando el país como estaba, la gente, anestesiada, no optara por echarse a la calle. Parecía que no iba a ocurrir nunca, pero ha sucedido en Burgos.

Seguramente hacía falta una excusa para dar rienda suelta al descontento ciudadano generado a lo largo de varios años de penurias, estrecheces y ataques a las clases populares. Y sorprendentemente, ese pretexto lo han encontrado los vecinos del barrio burgalés de Gamonal, donde el pueblo ha decido salir a la calle para decir ¡BASTA!.

Estos vecinos se manifiestan contra la remodelación urbanística de un barrio de gente trabajadora, muy golpeado por la crisis y el desempleo, en el que residen cerca de 70.000 almas. Personas humildes que se oponen a una gran obra de la que sospechan abiertamente y que va a costar alrededor de 8,5 millones de euros. Y es que el alcalde del Partido Popular, Javier Lacalle, pretende eliminar 350 plazas de aparcamiento en superficie a cambio de crear un parking subterráneo en el que habrá 250 parcelas de aparcamiento, que saldrán a la venta por una cantidad próxima a los 20.000 euros. En plena crisis y en un barrio asolado por el paro, toda una provocación.

Y seguramente una actuación suicida del primer edil, un joven y aventajado alumno del excalcalde y exministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, que da muestras de estar quemándose a lo bonzo. Aunque dice una y otra vez que no piensa dar marcha atrás, todo el mundo sabe que lo acabará haciendo. Los primeros que se lo van a exigir son los dirigentes de su propio partido, el PP, que según he leído, ya están intentando convencer al alcalde de que esa rectificación es urgente.

Y es que en Moncloa y en Génova 13 deben estar altamente preocupados por lo que está sucediendo en las tierras del Cid. Seguramente sienten pánico al efecto contagio. Una cosa es que el problema se circunscriba a la ciudad castellana y otra bien distinta es que se pueda trasladar a otras localidades y provincias. Sería la peor noticia para un Gobierno empeñado en la tarea de convencer a la ciudadanía de que la recuperación económica ya está llegando. Una supuesta reactivación que pone de manifiesto, una vez más, la enorme distancia que sigue separando a la España oficial de la España real. Mientras Rajoy celebra los éxitos de la macroeconomía, los vecinos de Gamonal, exhaustos, se echan a la calle. Y mañana pueden ser los de Soria, Barcelona, Madrid, Guadalajara, Oviedo, Bilbao o Sevilla.

La liebre puede saltar donde menos se espere. De hecho, hace solo una semana parecía impensable que semejante estallido se produjera en Burgos, ciudad de derechas donde las haya, hasta no hace muchos años altamente condicionada, cuando no controlada, por el ejército y el clero. Que el levantamiento se haya producido en un lugar donde hasta la fecha el Partido Popular ha hecho y deshecho a su antojo, no deja de ser altamente significativo.

Quizá constituya el anuncio del fin de un ciclo, la constatación de que se ha acabado el ‘todo vale’. La muestra de que con el tiempo las ciudades y la mentalidad de sus gentes se transforman, incluso en Burgos. Y es que la paciencia de los burgaleses no es pequeña. En septiembre de 1994 el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo ingresó en prisión después de haber sido condenado a siete años de privación de libertad por la comisión de un delito de falsedad documental en el conocido como Caso de la Construcción de Burgos. Casi veinte años después, a este mismo señor, propietario de MBG Ingeniería y Arquitectura SL, el ayuntamiento le ha adjudicado el diseño del proyecto del Bulevard. Y es que Méndez Pozo no es un personaje cualquiera en su ciudad. En la actualidad es editor del Diario de Burgos y presidente de la Cámara de Comercio.

Imagino las escenas de pánico en el Palacio de la Moncloa y Génova 13. Burgos en llamas en el momento en el que Obama recibe a Rajoy. Burgos, la ciudad en la que hasta 2001 las principales vías y plazas rendían homenaje al Generalísimo, Calvo Sotelo, o los generales Mola, Vigón o Yagüe. Donde un céntrico Colegio Público se llamaba Francisco Franco. Burgos, la ciudad que pudo zafarse de semejante lastre gracias a que en 1999 el PP solo ganó las elecciones municipales por mayoría simple. Se formó un gobierno de coalición que terminó siendo imposible. Tanto que para acabar con los nombres franquistas de plazas, calles, avenidas y colegios, fue necesario el voto de calidad de Ángel Olivares, alcalde socialista. Desde entonces ha pasado mucho tiempo y las cosas parece que ya no son como eran. Y que no volverán a serlo. Es la razón por la que urge actuar, porque lo que ha ocurrido en Burgos puede suceder en cualquier otro lugar. Y las consecuencias serían demoledoras para un Partido Popular que sabe que el contagio y la exportación de los incidentes pueden tener efectos letales para sus ya muy perjudicadas expectativas electorales.