Me preocupa más el último discurso navideño del jefe del Estado que el caso Nóos. En efecto, el último es un síntoma más de las graves patologías que nos aquejan, el rey evocó éstas con párrafos indicadores del advenimiento de un rey ciudadano:

“Es indiscutible que […] los casos de falta de ejemplaridad en la vida pública, han afectado al prestigio de la política y de las instituciones”.

“Sé que la sociedad española reclama hoy un profundo cambio de actitud y un compromiso ético en todos los ámbitos de la vida política, económica y social que satisfaga las exigencias imprescindibles en una democracia”.

“Es verdad que hay voces en nuestra sociedad que quieren una actualización de los acuerdos de convivencia”.

El monarca parecía retener estos síntomas en la exposición de sus recetas:

“Realismo para reconocer que la salud moral de una sociedad se define por el nivel del comportamiento ético de cada uno de sus ciudadanos, empezando por sus dirigentes”.

“Funcionamiento del Estado de Derecho para que la ejemplaridad presida las instituciones”.

Pero, después todo quedó en proclamaciones:

“La Corona promueve y alienta ese modelo de nación. Cree en un país libre, justo y unido dentro de su diversidad. Cree en esa España abierta en la que cabemos todos. Y cree que esa España es la que entre todos debemos seguir construyendo”.

No hay alternativa para los graves síntomas descritos, pese a que estos implican a la propia jefatura del Estado, a los partidos del poder, a sindicatos…

Un rey ciudadano habría utilizado las competencias que le atribuye el capítulo II de la Constitución, tan evocada en este discurso, y especialmente el artículo 56 que proclama en su apartado 1 que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones” y habría renunciado a privilegios que se le otorgan, especialmente al apartado 3 del artículo mencionado: “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

Juan Carlos I no lo hace, pese a que proclama, al final de mensaje, su compromiso “en el desempeño fiel del mandato y las competencias que me atribuye el orden constitucional” y “la seguridad de que asumo las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad”.