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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Y por su fuera poco, los etarras se pitorrean de las víctimas

“La crueldad nunca trae consigo ningún provecho”, Cicerón
Miguel Massanet
jueves, 9 de enero de 2014, 08:43 h (CET)
Seguramente, si el tema de la próxima reunión de los etarras hubiera ido a parar a otro juez de la Audiencia Nacional, que no fuera el juez Santiago Pedraz, las posibilidades de que acabara autorizando el cónclave de los etarras que han abandonado la cárcel en virtud de la controvertida resolución del tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, hubieran sido mínimas. Sin embargo, ¡Ojala me equivoque! en manos de este amigo del juez Garzón, de este otro juez estrella de carácter progresista; las posibilidades de que el acto sea prohibido van a ser casi nulas. El fiscal no ha visto señales de que pueda haber exaltación del terrorismo, sólo porque el local ha sido alquilado por un particular y esta reunión de asesinos etarras se celebra en un local cerrado. No obstante, no debe el señor fiscal estar muy seguro de su decisión, cuando ha recomendado al juez que se establezca una vigilancia especial por parte de la policía y la Guardia Civil para controlar el comportamiento de todos estos sujetos, que tienen como denominador común haber asesinado a personas inocentes sin que, el tiempo que han estado recluidos en la cárcel les haya influido, en lo más mínimo, en cuanto a pedir perdón a los parientes de las víctimas ni hayan mostrado el más mínimo arrepentimiento.

Si los políticos ya han tenido que entonar el mea culpa por el retraso, inconcebible, en implantar la doctrina Parot cuando hacía años que se había comprobado el coladero que la legislación anterior al año 1995 suponía para los terroristas; al permitir que la redención de penas por el trabajo, establecida por el código franquista, se aplicara a la vez sobre todas las condenas lo que reducía de forma sustancial la permanencia en la cárcel de los asesinos por muchos años de encierro a los que hubieran sido condenados. La doctrina Parot, aplicada desde el año 1995, no podía utilizarse con efectos retroactivos sobre aquellos etarras que hubieran sido condenados con anterioridad a aquella fecha lo que, en definitiva, a sido lo que ha motivado la sentencia de Estrasburgo. Y es que, señores, ninguno de los gobiernos de la democracia ha tenido la valentía, la decisión y la voluntad de enfrentarse al problema de los nacionalismos en España y las consecuencias las estamos pagando los españoles ahora, cuando se han juntado las consecuencias de los excarcelamientos forzados ( sin demasiada oposición de los tribunales) por la sentencia de Estrasburgo, con el desafío de los soberanistas catalanes, dirigidos por Mas y Juncadellas y con el latente peligro de que los vascos del señor Urkullo presionados por Bildu y el resto de partidos abertzales, decidan unirse al secesionismo catalán.

Una legislación excesivamente proteccionista, fruto de dos legislaturas socialistas y de toda la pléyade de jueces, magistrados y fiscales de los sectores progresistas; ha llevado a que, los supuestos derechos “humanos” de los reos de asesinato, en muchos casos múltiples, estén por encima del derecho de la sociedad a protegerse contra semejante lacra, aislando y manteniendo fuera de ella a aquellos que han dado muestras de no ser dignos de estar en ella por su crueldad, empecinamiento y amoralidad. Los casos en los que la legislación penitenciaria ha dado muestras de ser excesivamente flexible en cuanto a la concesión a terroristas de beneficios que otros muchos presos con menos condena no han podido gozar, han sido capaces de despertar en la sociedad y, en especial, entre los deudos de los las víctimas del terrorismo, la sensación de que el Estado se mueve más por intereses políticos y por el deseo de librarse de un problema; que por el interés en que la Justicia se lleve, en el caso de los terroristas, a sus últimas consecuencias.

Lo cierto es que la AVT y su presidenta, doña Ángeles Pedraza, de ser la niña del ojo del PP, mientras este partido estaba en la oposición, se ha convertido en la astilla en el ojo del gobierno del señor Rajoy, que no sabe como afrontar las críticas emanadas de dicha asociación, reivindicando la memoria de los que murieron a causa de la acción criminal de ETA. En este aspecto deberemos reprochar a aquellos políticos que no supieron, no quisieron o no se atrevieron a enfrentarse, con todos los medios del Estado de Derecho, a la banda terrorista el gran daño que su enfoque equivocado, la debilidad de aceptar, de una forma u otra, los contactos con ETA para buscar una arreglo negociado o la tardanza en reconocer que el único objetivo de la banda era ganar tiempo para poder rearmarse, conseguir financiación y lograr que alguna de sus ramas política pudiera entrar en la Administración del Estado desde la que: primero, conseguía una financiación extra y, segundo, tenían la oportunidad de conseguir datos esenciales que les permitiesen avanzar en su organización política.

La poca o nula diligencia de las instituciones públicas en evitar, mediante el alejamiento de los verdugos de las familias de sus víctimas; la facilidad con la que los jueces permiten a los etarras que abandonen la cárcel, tanto por motivos de salud como por circunstancias familiares, que han propiciado casos como el de Josu Ternera o el de “moribundo” Olinaga, han levantado ampollas entre los familiares de aquellos que fueron sus víctimas, que no pueden entender como la laxitud o el miedo de los médicos forenses han permitido que, dos elementos tan peligrosos estén, a la sazón, en libertad cuando, según todos los informes existentes en poder de las autoridades penitenciarias, ambos pudieron haber sido tratados de sus dolencias en los servicios médicos de sus respectivas prisiones.

Una vez más la incuria de los jueces está a punto de permitir que una banda de forajidos vuelvan a burlarse y hacer escarnio de todos aquellos que sufrieron en sus carnes las consecuencias de los asesinatos de ETA. Da pena ver como el ministro de Interior se lamente con cara compungida de que no se pueda hacer nada ante un acto que, evidentemente, no tiene otra finalidad que recordar que ETA sigue viva; que está en condiciones de poner en problemas al Estado de Derecho y que han conseguido, acudiendo al Tribunal de Estrasburgo, una propaganda y un refrendo a sus tesis que difícilmente hubieran logrado por otros medios. Los tecnicismos de los encargados de velar por que la Justicia se aplique; el evidente temor a quedar expuestos a figurar entre las personas incluida en la lista negra del terrorismo y el peso de una determinada afiliación política, son los elementos que permiten que los terroristas sigan teniendo la batuta para influir de una manera eficaz en el tratamiento, los beneficios y la puesta en libertad de sus miembros encarcelados, cuando tienen interés en ello.

Estamos en una nación en la que el relativismo ha calado en la ciudadanía y ello ha significado que, el concepto de la ética y la moral que teníamos en España antes de la llegada de la horda socialista; haya sido objeto de una operación quirúrgica, que ha empezado por la supresión de la autoridad de los padres, de los maestros y de la religión para ser suplidas por un adoctrinamiento en el que se da primacía al individualismo, al carpe diem, a la libertad sexual y a la supresión de cortapisas morales que pudieran inhibir los instintos más primarios y brutales de la humanidad. Es posible que, a una parte de la ciudadanía, le guste vivir en una sociedad donde todo esté permitido, en la que sobran los enfermos y viejos, el aborto se convierta en el regulador de la natalidad o sean tenidos en la misma consideración los matrimonios gays y los heterosexuales; donde el dinero se convierta en el becerro de oro y la fuerza bruta en el medio de reducir a una sociedad a la esclavitud. Puede que sea así pero, señores, no es la que a mi gusta.

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Casas Viejas 10/ene/14    08:20 h.
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