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Etiquetas:   EEUU   Política   Elecciones  

La lucha por el derecho al voto: de las sufragistas a los defensores de los derechos electorales de nuestros días

Los estados del llamado “cinturón industrial" fueron decisivos para la victoria de Trump en 2016
Amy Goodman
@DemocracyNowEs
domingo, 5 de enero de 2020, 10:04 h (CET)

Hace cien años que las mujeres conquistaron el derecho al voto en Estados Unidos. Llevó al movimiento de mujeres sufragistas décadas de lucha lograr el derecho al voto: desde la Convención de Seneca Falls en 1848 hasta las campañas de desobediencia civil y las masivas protestas que dieron lugar a la aprobación y ratificación de la 19ª Enmienda en 1920. Hoy, un siglo después, el derecho al voto corre peligro como consecuencia de los intentos agresivos y sistemáticos de privar del derecho al voto a cientos de miles de ciudadanos a lo largo y ancho del país.

Restringir la participación de votantes ha sido una de las principales estrategias del Partido Republicano. En 1980, Paul Weyrich, un activista republicano conservador que fundó instituciones de derecha como The Heritage Foundation, declaró en un discurso: “No quiero que todo el mundo vote. Las elecciones no se ganan con el voto de la mayoría, nunca ha sido así en la historia de nuestro país y no lo es ahora. De hecho, nuestra influencia en las elecciones aumenta considerablemente si hay menos votantes”.


Los estados del llamado “cinturón industrial”, como Pennsylvania, Ohio, Michigan y Wisconsin, fueron decisivos para la victoria de Trump en 2016. En cada uno de esos estados, a excepción de Ohio, Trump ganó por menos de un punto porcentual. Ahora, en una demanda entablada en Wisconsin por una organización conservadora, un juez del condado falló a favor de eliminar a 209.000 personas del padrón electoral. La Comisión Electoral de ese estado suspendió la purga mientras se apela el caso. En 2016, Trump ganó en Wisconsin por apenas 23.000 votos de diferencia.

Las elecciones de 2016 fueron las primeras en las que se aplicó la estricta ley de identificación de votantes de Wisconsin. El grupo progresista Priorities USA concluyó en un informe que dicha ley impidió votar a más de 200.000 habitantes del estado en las elecciones de 2016. Las leyes de identificación de votantes, que exigen que quienes desean votar presenten un documento de identidad con fotografía en los centros de votación, impiden en forma desproporcionada que las personas pobres y de color ejerzan el derecho al voto.


El periodista de investigación Ari Berman dijo en referencia al informe en el programa Democracy Now!: “El mayor descenso en la participación se registró entre votantes negros y de filiación demócrata. El informe concluyó que hubo una disminución más pronunciada de votantes en Wisconsin que en Minnesota, un estado donde no existe una ley de identificación de votantes, y en condados con una población mayoritariamente afroestadounidense”.


Hace dos semanas, Associated Press publicó un informe basado en un audio filtrado de una reunión de la delegación de Wisconsin de la Asociación Nacional de Abogados Republicanos, celebrada el 21 de noviembre de 2019. En el audio se escucha a Justin Clark, un importante abogado de la campaña de reelección de Trump, decir: “Tradicionalmente siempre han sido los republicanos los que han impugnado votantes en los centros de votación”. Clark añadió: “Juguemos un poco más a la ofensiva. Eso es lo que presenciaremos en 2020. Será un programa aún más amplio, mucho más agresivo y con mayor financiamiento”. Justin Clark se estaba refiriendo a realizar actividades organizadas para supervisar la votación, en las cuales empleados y simpatizantes del partido se apostan en los centros de votación de filiación demócrata para cuestionar la legitimidad de los votantes, exigiendo al personal electoral que verifique su identidad o les impida votar. Clark dijo más tarde que sus dichos fueron malinterpretados.


En Georgia, el gobierno estatal republicano eliminó a 100.000 votantes del padrón electoral en diciembre. La medida fue aprobada por un juez federal que hizo caso omiso de una demanda judicial entablada por Fair Fight, una organización fundada por la demócrata Stacey Abrams después de las elecciones de 2018, con el objetivo de promover elecciones justas en Georgia y en todo el país.


En la elección para la gobernación del estado de Georgia de 2018, Abrams se enfrentó al candidato republicano Brian Kemp, que en ese entonces era Secretario de Estado de Georgia y estuvo a cargo de supervisar las elecciones y de administrar el padrón electoral. En julio de 2018, meses antes de la elección, Kemp supervisó lo que ha sido denominado uno de los mayores actos de eliminación de votantes de la historia de Estados Unidos, eliminando a más de 500.000 personas del padrón electoral de Georgia, de un total de 6,6 millones de votantes inscritos. Kemp obtuvo una ventaja de alrededor de 50.000 votos con respecto a Abrams, de un total de 4 millones de votos emitidos, y proclamó su victoria. Stacey Abrams denunció que Kemp había incurrido en corrupción en el proceso electoral y se negó a aceptar la derrota, pero no impugnó los resultados.


A pesar de los fuertes intentos de la derecha para impedir que se ejerza el derecho al voto, los defensores de este derecho están logrando avances. En Florida, los votantes aprobaron la 4° Enmienda, que devuelve el derecho al voto a 1,4 millones de ex convictos. El gobernador republicano de ese estado, Ron DeSantis, promulgó un proyecto de ley para obligar a esos posibles votantes a que pagaran “todas las multas” que adeudaban en relación con sus condenas anteriores, lo que hizo considerablemente más lenta la reincorporación de esos votantes en el padrón electoral. Muchos lo denominaron un impuesto al voto.


En cinco estados del oeste, desde Colorado hasta Hawaii, el voto epistolar ha aumentado la participación de los votantes, disminuido los costos y proporcionado una papeleta auditable y fácil de rastrear que permite verificar los resultados electorales. El National Vote at Home Institute se está esforzando por ampliar esta práctica en todos los estados y el proyecto National Popular Vote está trabajando con las legislaturas estatales de todo el país para que los votos del Colegio Electoral se asignen al candidato o candidata que gane el voto popular a nivel nacional.

La democracia implica una lucha constante. Desde las sufragistas a los defensores del derecho al voto de hoy en día, garantizar el sufragio debería ser una lucha de todos.

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