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Etiquetas:   Cartas al director  

​Reforma de las pensiones en Francia

Jesús Martínez Madrid, Girona
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sábado, 4 de enero de 2020, 10:35 h (CET)

El plan de Emmanuel Macron para reformar el sistema francés de pensiones presenta notorios problemas, tanto por su complejidad, como por la clásica posición superconservadora del viejo sindicalismo francés. Pero se trata de una necesidad real, que es preciso afrontar con realismo, pues el Estado del bienestar ha tocado fondo: es una cuestión de fondo, a la que los líderes políticos no pueden dar la espalda, tampoco los españoles, aunque se comprendan tantos silencios en periodos electorales.

El joven presidente francés comenzó pronto su plan de reformas con cierto despotismo ilustrado, que le llevó a evitar largas discusiones parlamentarias con el recurso a una figura constitucional semejante al conocido decreto-ley. Esto provocó un descenso importante de popularidad, que trató de evitar el año pasado con su carta abierta a sus conciudadanos y la puesta en marcha de una mayor concertación social. Es el camino emprendido ahora para la reforma de las pensiones, en la línea de su respuesta a las reivindicaciones del movimiento de los “chalecos amarillos”: entablar negociaciones con los interlocutores sociales y organizar amplias consultas ciudadanas para llevar a buen puerto esta transformación tan delicada, con evidentes ganadores y perdedores por la existencia de excesivos regímenes especiales. Pero la racionalización se impone.

En los últimos treinta años, se han sucedido pequeñas reformas impuestas por los gobiernos con variados procedimientos, para evitar su caída en picado. Así, Alain Juppé se planteó hacia 1995 ir hacia una cierta unificación de sistemas, pero tuvo que dar marcha atrás, ante las críticas sociales. Antes, Edouard Balladur, casi a hurtadillas, en expresión de Le Monde, había introducido un cambio importante en agosto de 1993: se aumentó el período de cotización requerido para una jubilación a tipo completo de 37,5 años a 40. En 2003, Jean-Pierre Raffarin negoció con los sindicatos la extensión de la reforma de Balladur a la función pública y logró el apoyo de la CFDT, sindicato mayoritario. Por su parte, en 2010, Nicolas Sarkozy sufrió una seria crisis de su gobierno, pero consiguió elevar la edad legal de jubilación a los 62 años.

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