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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Pero, señores ¿qué desbarajuste es este?

“Un hipócrita al que se le permita salirse con la suya con su comportamiento engañoso, lo volverá a hacer, puede que a ti, o puede que a otra persona”, Oscar Ávila
Miguel Massanet
viernes, 27 de diciembre de 2013, 07:30 h (CET)
Este fin de año, señores, no puede ser más que la confirmación de lo que ha sido para el pueblo español este mal llevado año 2013. En efecto, por si faltaran desatinos, mamarrachadas, muestras de hipocresía y gestos de villanía y traición a la nación española por parte de una clase política quizá una de las peores, menos preparada, más egoísta y descerebrada de todas las que ha venido padeciendo la nación española a lo largo de su ya sexto centenario de la unificación del estado español. Es inconcebible que en una época de vacas flacas como la que estamos pasando nuestros representantes, tanto en el Gobierno como en el Congreso de Diputados no hagan otra cosa que intentar desacreditarse entre ellos, buscar el fallo del enemigo para magnificarlo, distorsionarlo y convertirlo en arma arrojadiza contra el adversario político, sin preocuparse en absoluto por lo que al pueblo le resulta más beneficioso o puede sacarlo de la desastrosa situación en la que el mal gobierno y la desvergüenza de algunos partidos políticos ha conseguido llevarnos.

Hoy lo que decide la mayoría en las Cortes se convierte, de inmediato, en objeto de la más sangrienta y desconsiderada crítica. No basta haber ganado unas elecciones o haber conseguido una mayoría absoluta porque, señores, el cometido de la oposición, que debiera consistir en procurar que todo aquello que, de una manera u otra, beneficia a los ciudadanos españoles, sea puesto en práctica cuanto antes, limitándose a criticar aquellos puntos que se valoren como contrarios a derecho o sea manifiestamente contrarios a los intereses y derechos de la gran mayoría de los españoles. Durante esta legislatura, en la que gobierna el PP, lo cierto es que no se ha dado tregua y, en consecuencia, se ha venido transformando en una batalla campal en la que la oposición, izquierdas y separatistas, viene formando un bloque compacto con el propósito de martillear sin compasión cualquier iniciativa que salga del partido gobernante, con el evidente propósito de saltarse las normas y hacer a este país ingobernable.

No puede entenderse que, aquellos que han sido los responsables de que la enseñanza en España sea una de las peores de toda Europa, de que nuestras universidades hayan quedado relegadas a puestos que sobrepasan el 200, en cuanto a su consideración y valoración académica; que, en lo económico, nos hayan llevado al borde de la quiebra soberana con su política de aumento del gasto público, despilfarro y subvenciones; que, los que favorecieron que la ley sobre el Aborto de 1.985 se transformara en un coladero, mediante el cual cualquier mujer que quisiera desprenderse de su hijo pudiera hacerlo impunemente aunque fuera menor de edad o que hayamos alcanzado el número mayor de parados, casi el doble, del resto de naciones de la UE; ahora, utilizando todas las jugarretas legales e ilegales, sean los que impidan que un gobierno legitimado en las urnas por una mayoría absoluta, vea obstaculizados sus esfuerzos para aplicar una política, necesariamente dura y molesta para la ciudadanía, con el objeto de sacar a la nación del profundo abismo en el que la dejaron los anteriores gobiernos socialistas.

Y digo que, no sólo acudiendo a procedimientos como son el sacar a las masas a la calle; iniciar campañas de desprestigio; ahondar en temas como la corrupción, en los que ellos mismos están hundidos hasta la cerviz o criticando con fiereza que el partido en el Gobierno quiera aplicar su propia filosofía, ética y moral, cuando ellos fueron los que con sus leyes sobre el aborto convirtieron el supuesto derecho de la mujer en un pasaporte para la mayor carnicería consentida dentro de un estado que se considera civilizado. También, a este aspecto quiero referirme en este comentario, mediante el abuso al acudir por cualquier tema, por nimio que sea, al amparo del Tribunal Constitucional; con la evidente intención de ir retrasando la puesta en vigencia de las leyes aprobadas en el Parlamento, pretendiendo conseguir su suspensión mientras se sustancia el proceso de comprobar su legitimidad, algo que, como todos sabemos, no se ha logrado que se lleve a cabo con la rapidez deseada y, los magistrados de tan alta institución, abrevien los plazos para dictar las correspondientes resoluciones.

El uso y el abuso de acudir al TC, han convertido al Legislativo en una especie de antesala en la que es preciso hacer largas esperas, algunas de más de diez años, para poder conocer si, una norma emanada de la voluntad popular a través del Parlamento, se puede aplicar o no. Lo que menos importa a esta izquierda recurrente es que, al final del proceso, se le de la razón o se les deniegue, porque su finalidad principal ya se ha conseguido al poner en duda la legalidad de las normas aprobadas por la mayoría del PP, que se ven impotentes para evitar que, muchas de ellas, sean suspendidas o puestas a la cola para pasar por el tamiz del TC; impidiendo que sean aplicadas con la celeridad que la actual situación de España requiere.

Vean las contradicciones del señor Rubalcaba y de su partido, cuando intentan llevar al Constitucional una modificación de la ley del Aborto en la que no se hace más que volver a la ley de 1985 que ellos aceptaron como constitucional; consistentes las únicas modificaciones en un intento de evitar el coladero que suponía el que la madre pudiera abortar alegando su libertad para disponer de su cuerpo y en poner una serie de salvaguardas en cuanto a la información y los avales médicos precisos para que se pudiera abortar. Simplemente, se pide que la mujer reflexione ante la trascendental decisión que va a adoptar, proporcionándole, mediante la información y un corto plazo de meditación sobre el hecho que se propone llevar a cabo. Requiriendo la opinión de facultativos independientes que actúen como técnicos, que certifiquen si existen las causas previstas o no para que se pueda sacrificar al feto, el único ser humano al que se le impedía dar su opinión respecto a si podría seguir viviendo o no.

Lo que es evidente, señores, es que un país, al que toda la responsabilidad de que se apliquen o no las leyes y normas emanadas del Ejecutivo, se le conceda al TC ( no olvidemos que su única función es avalar la constitucionalidad de las normas que se le someten a revisión), con los peligros que ello comporta para la agilidad y los efectos de las normas que se cuestionan; no es un país al que se le pueda gobernar, un país en el que se pueda mantener el orden o se pueda orientar en cuanto a las medidas económicas, financieras o sociales que precisa aplicar. El TC debería limitar, con precisión, aquellas materias que pudieran resultar, en sí mismas, claramente constitucionales de aquellas otras que resulta evidente que no afectan para nada a los preceptos de la Carta Magna. Un estudio previo, un pre-repaso de corto recorrido podría servir, perfectamente, para apartar una gran número de los recursos que se formulan ante dicho tribunal especial, que deberían ser rechazados en un plazo corto, que no desvirtuase los posibles efectos de la norma; reservando para un estudio más profundo los que pudieran tener aspectos discutibles sobre su constitucionalidad.

Esta nación no está en condiciones de que la política, con minúsculas, pueda poner en entredicho lo que, de verdad, son los intereses del pueblo español en unos momentos en que graves retos están poniendo en cuestión su futuro. O, señores, esta es mi forma de ver nuestra actualidad judicial.
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