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Además de una forma de participación ciudadana, el voluntariado presenta una oportunidad para defender y promover derechos fundamentales

Derechos humanos desde el voluntariado social

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Más de 5 millones de personas hacen voluntariado en España. Esto supone un incremento del 20% respecto al año anterior, según la Plataforma de Voluntariado. Ni las dificultades económicas de la vida diaria, ni los casos de corrupción que salpican las noticias a diario ni la sensación de que “no hay nada que hacer” frenan el compromiso que adquieren hombres y mujeres con distintas motivaciones, edades y niveles de formación. Se comprometen con ellos mismos, con sus compañeros de voluntariado, con la organización y con la sociedad las empodera en la promoción y en la defensa de derechos fundamentales.

Una formación adecuada canaliza motivaciones particulares hacia un compromiso colectivo. Todo comienza con una transformación personal; el propio voluntario es el primero que se sensibiliza sobre personas que ven vulnerados derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto sucede cuando entra en contacto con entornos de soledad y de exclusión social. Se rompen prejuicios e ideas preconcebidas; surgen reflexiones que permiten distinguir entre las causas de diversas injusticias y sus síntomas.

Esta contextualización dota de sentido la actividad concreta que realiza una persona voluntaria cada semana: acompañar a una persona mayor, visitar enfermos, compartir conversación y una taza de café con personas sin hogar, participar en actividades culturales con gente con discapacidad o con una enfermedad mental, dar apoyo escolar a niños inmigrantes, o jugar con ellos al fútbol, realizar talleres con presos…

Un profesor de la Universidad Complutense de Madrid encontró a una persona en silla de ruedas junto al ascensor en la facultad de Ciencias de la Información. Esperaba a alguien que le ayudara a subir los escalones que separaban las aulas de la zona de ascensores. Así nació el Programa de Ayuda a Estudiantes con Discapacidad de la ONG Solidarios para el Desarrollo. Estudiantes se ofrecían como voluntarios para llevar y traer a personas en sillas de ruedas, para transcribir apuntes y otros apoyos para sortear distintas dificultades. Consiguieron que en los sobres para inscribirse en la universidad se incluyera un impreso donde se preguntaba al candidato si necesitaba ayuda, o si deseaba ayudar a otra persona. La propia universidad creó una oficina para la integración después de que aumentara el número de personas con discapacidad que acudían a la universidad.

La Ley del Voluntariado en España reconoce ciertas dimensiones de lucha por los derechos humanos más allá de ciertas ayudas que se confunden con la labor voluntaria desde algunos medios de comunicación, sobre todo en estas fechas navideñas. El voluntariado social supera el asistencialismo porque crea dependencia por parte del “ayudado”, y porque silencia las causas que provocan esas situaciones. De ahí la incompatibilidad del voluntariado social con los Telemaratones y otras actividades que sirven para limpiar conciencias de algunos empresarios y hasta para desgravar impuestos.

Los voluntarios sociales suelen contar en sus organizaciones con canales para presionar a los poderes públicos para que se cumplan derechos fundamentales. Mientras aplauden las plazas de albergue adicionales en época de frío para las personas sin hogar, denuncian que el problema persiste el resto del año. Resultan insuficientes los servicios sociales para personas con drogodependencias y alcoholismo, o con enfermedades mentales. Denuncian también que ciertas políticas públicas ha puesto a miles de personas en riesgo de exclusión social. Una constitución puede reconocer el derecho a una Renta Mínima, pero miles de familias corren el riesgo de acabar en la calle si no se hace efectiva esa prestación. También faltan políticas que fomenten alquileres sociales y otras medidas que vayan a la raíz del problema.

La campaña “Acaba con tus prejuicios sobre la enfermedad mental” muestra otra forma de promover los derechos humanos desde las organizaciones sociales. Por medio de carteles en estaciones de metro y puntos estratégicos ilustran los tópicos más comunes en torno a enfermedad mental, lo que invita a una reflexión y a un cambio de mentalidad. Se busca acabar con los prejuicios y con los estigmas que impiden el que muchas personas con enfermedad mental tengan una vida digna y puedan defender sus derechos.

Además de una forma de participación ciudadana, el voluntariado presenta una oportunidad para defender y promover nuestros derechos humanos.

Derechos humanos desde el voluntariado social

Además de una forma de participación ciudadana, el voluntariado presenta una oportunidad para defender y promover derechos fundamentales
Carlos Miguélez Monroy
jueves, 26 de diciembre de 2013, 08:12 h (CET)
Más de 5 millones de personas hacen voluntariado en España. Esto supone un incremento del 20% respecto al año anterior, según la Plataforma de Voluntariado. Ni las dificultades económicas de la vida diaria, ni los casos de corrupción que salpican las noticias a diario ni la sensación de que “no hay nada que hacer” frenan el compromiso que adquieren hombres y mujeres con distintas motivaciones, edades y niveles de formación. Se comprometen con ellos mismos, con sus compañeros de voluntariado, con la organización y con la sociedad las empodera en la promoción y en la defensa de derechos fundamentales.

Una formación adecuada canaliza motivaciones particulares hacia un compromiso colectivo. Todo comienza con una transformación personal; el propio voluntario es el primero que se sensibiliza sobre personas que ven vulnerados derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto sucede cuando entra en contacto con entornos de soledad y de exclusión social. Se rompen prejuicios e ideas preconcebidas; surgen reflexiones que permiten distinguir entre las causas de diversas injusticias y sus síntomas.

Esta contextualización dota de sentido la actividad concreta que realiza una persona voluntaria cada semana: acompañar a una persona mayor, visitar enfermos, compartir conversación y una taza de café con personas sin hogar, participar en actividades culturales con gente con discapacidad o con una enfermedad mental, dar apoyo escolar a niños inmigrantes, o jugar con ellos al fútbol, realizar talleres con presos…

Un profesor de la Universidad Complutense de Madrid encontró a una persona en silla de ruedas junto al ascensor en la facultad de Ciencias de la Información. Esperaba a alguien que le ayudara a subir los escalones que separaban las aulas de la zona de ascensores. Así nació el Programa de Ayuda a Estudiantes con Discapacidad de la ONG Solidarios para el Desarrollo. Estudiantes se ofrecían como voluntarios para llevar y traer a personas en sillas de ruedas, para transcribir apuntes y otros apoyos para sortear distintas dificultades. Consiguieron que en los sobres para inscribirse en la universidad se incluyera un impreso donde se preguntaba al candidato si necesitaba ayuda, o si deseaba ayudar a otra persona. La propia universidad creó una oficina para la integración después de que aumentara el número de personas con discapacidad que acudían a la universidad.

La Ley del Voluntariado en España reconoce ciertas dimensiones de lucha por los derechos humanos más allá de ciertas ayudas que se confunden con la labor voluntaria desde algunos medios de comunicación, sobre todo en estas fechas navideñas. El voluntariado social supera el asistencialismo porque crea dependencia por parte del “ayudado”, y porque silencia las causas que provocan esas situaciones. De ahí la incompatibilidad del voluntariado social con los Telemaratones y otras actividades que sirven para limpiar conciencias de algunos empresarios y hasta para desgravar impuestos.

Los voluntarios sociales suelen contar en sus organizaciones con canales para presionar a los poderes públicos para que se cumplan derechos fundamentales. Mientras aplauden las plazas de albergue adicionales en época de frío para las personas sin hogar, denuncian que el problema persiste el resto del año. Resultan insuficientes los servicios sociales para personas con drogodependencias y alcoholismo, o con enfermedades mentales. Denuncian también que ciertas políticas públicas ha puesto a miles de personas en riesgo de exclusión social. Una constitución puede reconocer el derecho a una Renta Mínima, pero miles de familias corren el riesgo de acabar en la calle si no se hace efectiva esa prestación. También faltan políticas que fomenten alquileres sociales y otras medidas que vayan a la raíz del problema.

La campaña “Acaba con tus prejuicios sobre la enfermedad mental” muestra otra forma de promover los derechos humanos desde las organizaciones sociales. Por medio de carteles en estaciones de metro y puntos estratégicos ilustran los tópicos más comunes en torno a enfermedad mental, lo que invita a una reflexión y a un cambio de mentalidad. Se busca acabar con los prejuicios y con los estigmas que impiden el que muchas personas con enfermedad mental tengan una vida digna y puedan defender sus derechos.

Además de una forma de participación ciudadana, el voluntariado presenta una oportunidad para defender y promover nuestros derechos humanos.

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