La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares considera que la financiación "sin control, ágil y eficaz" que se desarrolló en relación a los ERE "presuntamente pasaría a ser desde el año 2000 uno de los instrumentos de la política económica" de la Junta de Andalucía.

Así lo asegura la magistrada Mercedes Alaya en el texto de imputación realizado este martes al exdirector de Administración y Finanzas y actual secretario general de IDEA Juan Francisco Sánchez García, quien ha comparecido ante la juez en una jornada en la que también ha pasado por el despacho de Alaya el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete.

Ambos se han acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la instructora les haya imputado tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos. Al término de sus comparecencias, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido fianzas civiles de diez y ocho millones para Juan Francisco Sánchez y Jacinto Cañete, respectivamente.

En el caso de Cañete, que fue director general de IDEA entre mayo de 2008 y diciembre de 2009, la juez considera que "durante el desempeño de su cargo contribuiría a dar continuidad al sistema de concesión irregular de ayudas y subvenciones" a través de las transferencias de financiación que emitía la Consejería de Empleo a IDEA, quien asumía el pago de tales subvenciones "siguiendo las órdenes" de Empleo.

La instructora cree que, en 2008 y tras la llegada del nuevo director general de Trabajo, Juan Márquez, y al "conocerse el descontrol que existía" en dicha Dirección General, se produjeron una serie de reuniones entre Márquez, Cañete y el director de Finanzas Antonio Diz-Lois "en las que se acordaría seguir el procedimiento específico de concesión de subvenciones a través de las transferencias de financiación, pero montando los expedientes conforme a las reglas de la administración".

A ello se suma que habrían acordado que la cuantía de las ayudas sociolaborales "no se consideraría de manera global, evitando la aplicación de la normativa comunitaria y el filtro del Consejo Rector de IDEA y del Consejo de Gobierno", dice la juez, que acusa al imputado de haber tenido conocimiento del informe de cumplimiento sobre IDEA del ejercicio 2008 "en el que se ponía de manifiesto de nuevo que la concesión de ayudas sociolaborales no debía hacerse mediante transferencias de financiación".

Actuación "omisiva"
"Pese a todo lo anterior, el inculpado, que por su formación jurídica no precisaba de tales informes, seguiría permitiendo con su actuación omisiva que la Consejería de Innovación e IDEA en los años 2008 y 2009 siguiera participando en sistemas de concesión de subvenciones contrario a la ley", asevera la magistrada.

Aunque se ha acogido a su derecho a no declarar, Cañete se ha ratificado tanto en las declaraciones prestadas en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz como en un escrito de alegaciones en el que su abogado, Juan Carlos Alférez, defiende que su cliente "ni ideó, ni creó, ni participó en la génesis" del programa presupuestario 31.L., más conocido como 'fondo de reptiles', "limitándose como director general a continuar cumpliendo con las obligaciones que las leyes de presupuestos preveían para IDEA, en síntesis y de manera pacífica a estar a la altura del proceso y ser caja pagadora de la Consejería de Empleo en la concesión de ayudas sociolaborales y directas a empresas".

"Durante todo el tiempo que permaneció en el cargo, 18 meses, ningún empleado público, técnico o asesor jurídico de la agencia, nadie absolutamente nadie de la organización, advirtió al director general de que la materialización de los programas" del 31.L. "pudiera ser una actividad contraria a derecho, ilegal y menos aún delictiva", asevera.

El Parlamento "bendecía" el procedimiento de ayudas
En esta línea, remarca que la Intervención General de la Junta, al rendir las cuentas de 2008 y 2009, "no informó de ninguna ilegalidad o irregularidad en el programa 31.L.", aseverando que aunque "es cierto" que en "un doble lenguaje emitía informes especiales denunciando" la inadecuación de las transferencias, en la rendición de la cuenta general las bendecía, porque sería conocedora de que su queja no era más que retórica habida cuenta de la existencia de habilitación legal".

A ello se suma, según el abogado de Cañete, que la Cámara de Cuentas "llevaba la cuenta general al Parlamento para su aprobación sin tacha, reproche, comentario ni observación de ilegalidad", mientras que el Parlamento, en la aprobación de liquidación del programa, "bendecía, asentía y confirmaba las trazas esenciales" del mismo.

El letrado añade que la Cámara de Cuentas es un "órgano tremendamente especializado, con altísimo nivel técnico y con ingentes medios analíticos", mientras que sus funcionarios "son enormemente escrupulosos y detallistas, capaces de atisbar el más mínimo incumplimiento normativo", es decir, "pueden detectar una irregularidad en un ticket de dos euros y, sin embargo, tantísimo detalle no se corresponde con dejar pasar año tras año, rendición de cuenta tras rendición de cuenta, informe tras informe, nada menos que presuntas irregularidades de decenas y centenas de millones de euros, según las tesis acusatorias".

"Reparto de millones de euros"
Asimismo, y respecto al segundo de los imputados, Alaya considera que "habría sido uno de los impulsores del sistema de concesión de ayudas sociolaborales, prescindiendo del procedimiento legal de subvenciones, a través de la instrumentación de IFA para el pago de las mismas, mediante las transferencias de financiación allegadas desde la Consejería de Empleo".

Este sistema "se iniciaría en el año 2000 y perduraría durante una década, y que desde el comienzo, sin contar con fiscalización previa ni bases reguladoras, fue absolutamente discrecional, repartiéndose millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical, bien para supuestas inversiones que no se controlaban, bien para la prejubilación de sus trabajadores, sistema que siendo presuntamente ilegal degeneró en mayores desviaciones a través de múltiples subvenciones concedidas a empresas sin actividad creadas para percibir tales ayudas o subvenciones individuales, a personas cercanas a los círculos de poder" o a 'intrusos'.

"Esa financiación sin control, rápida y eficaz, presuntamente pasaría a ser desde el año 2000 uno de los instrumentos de la política económica de la Junta de Andalucía", dice la juez Alaya en el texto de su imputación.

El imputado, aunque no ha declarado, sí ha ratificado un escrito de alegaciones en el que su letrado, Francisco Baena Bocanegra, critica la "falta de fundamento de cualquier valoración jurídica y práctica que, partiendo de la inexistencia de potestad subvencionadora del IFA/IDEA, pretenda sostener que es imposible otorgar subvenciones a empresas usando la figura presupuestaria de las transferencias de financiación", un criterio que "implica la fatal consecuencia de considerar que todas aquellas autoridades administrativas que hubieran participado de una u otra forma en la constitución e instrumentación de las transferencias conocían o debían conocer el mal uso y destino de dicha figura presupuestaria".

"Ello, a su vez, supone afirmar una colosal trama confabulatoria para cometer delitos y en la que participan un ingente y numeroso grupo de altos cargos y funcionarios de toda categoría, en definitiva sostener la existencia de un desmesurado y gigantesco concierto criminal para la producción del resultado", concluye el letrado.