Sin duda alguna nos encontramos ante unos días en los que, con toda probabilidad, el destino de nuestra nación estará pendiente de que, unos separatistas catalanes irredentos, tomen la decisión de apoyar un gobierno del señor Sánchez, coaligado con el señor Pablo Iglesias de Podemos, no porque sean partidarios de semejante alianza sino, simplemente, debido a que ven, en un gobierno débil dirigido por un manipulador nato, fanático de la política en todo aquello que les pueda ser beneficioso para él y carente del más mínimo escrúpulo a la hora de tomar decisiones que, aunque puedan ser sumamente perniciosas para España y los españoles, le puedan representar rédito para su ambición desmesurada de poder y para atacar e impedir, en lo que pueda conseguir, que sus adversarios, para él enemigos, puedan entorpecer que alcance sus turbios objetivos. Junqueras, que no es tonto, lo sabe perfectamente y, por ello, aunque estamos casi seguros de que finalmente cederá y apoyará la investidura de P. Sánchez, prefiere alargar todo lo que pueda el tiempo de dar la contestación, sabiendo que, cada día que pasa, pone más nerviosos a los socialistas que son conscientes de que no tienen otro remedio que intentar darle todo lo que pide, pero que siguen sin saber cómo hacerlo sin que el resto de España se les tire encima, incluidos algunos socialistas que ya han dejado entrever su disconformidad con esta política de cesiones continuadas a los separatistas, que está llevando Sánchez y su camarilla de ministros.

Sin duda estamos entrando en una semana en la que posiblemente van a tener lugar una serie de acontecimientos de los que van a depender, en gran medida, las decisiones que deba adoptar el Gobierno respecto a temas que tienen una importancia decisiva en cuanto al futuro de Cataluña, así como sobre si van a salir reforzados o no los fugitivos de la justicia que, como Puigdemont y el resto de los que pusieron tierra de por medio temerosos de que la Justicia española, los pudiera enjuiciar como sucedió con los que se quedaron en España. Empezará por la esperada llamada de Pedro Sánchez al señor Torra, el primero de los llamados a consultas de todos los presidentes de las distintas comunidades a los que va a citar y, evidentemente, el único con el que, en realidad, está interesado en entrevistarse para intentar rematar el tema catalán, sin que los enfrentamientos entre ERC y B.en Comú y el PDECat puedan ser la causa de que Junqueras no ceda en ninguna de aquellas exigencias que sabe que, por mucho que quisiera, Pedro Sánchez no está en condiciones de aceptar. Otro acontecimiento especialmente interesante va a ser la decisión que, el día 19 ( no sabemos si se prorrogará) el Tribunal de Justicia de la UE, pudiera tomar respecto del eurodiputados Oriol Junqueras, un precedente que, sin duda alguna, puede afectar decisivamente a Puigdemont y sus aspiraciones políticas. Y, finalmente, se espera que esta misma semana se conozca la sentencia mediante la cual, el señor Quim Torra, pudiera quedar inhabilitado para ocupar el cargo que ostenta y que aspira a renovar.

Uno de los personajes de este sainete político que estamos presenciando es, sin duda alguna, este geniecillo bailarín con alma de separatista camuflado, el señor Miguel Iceta, que ha salido reforzado al ser elegido de nuevo para presidir el PSC por el XIV congreso de dicha formación política. Sin duda, una persona que tiene una gran influencia sobre Sánchez que sabe que lo necesita para intentar conseguir el apoyo de ERC a su investidura, sin el cual todo su proyecto puede convertirse en agua de borrajas y llevarnos a otras elecciones que, visto el cariz que está tomando la cosa, seguramente sería lo mejor que podría pasar. Cuando observamos determinadas manifestaciones de símbolos, que ya debieran de haber sido desterrados, después de los años que ya han transcurridos desde la finalización de aquella lucha fratricida entre las dos Españas; tales como cantos que recuerdan épocas sangrientas o los famosos puños cerrados que a muchos nos llevan al “no pasarán” o a las checas rusas que nos trajeron los comunistas para ensañarse con las víctimas, la mayoría inocentes, en las que descargaron su odio hacia sus adversarios de la derecha, los sacerdotes y cristianos.

Nos gustaría que alguien nos contestara a la siguiente pregunta: ¿Qué sucedería si el PP o VOX decidieran acabar sus congresos o reuniones de partido saludando con el saludo fascista con el brazo estirado horizontalmente y la mano abierta con la palma hacia abajo? ¿Por qué este empeño absurdo de cebarse en los crímenes de Hitler y, sin embargo, no hacer ascos de los que perpetró contra el pueblo ruso el camarada Josiv Stalin al que se atribuyen, aparte de la limpieza que realizó de entre los miembros del PC que se le quisieron oponer, aquella gran matanza que provocó cuando envió a todos los rusos que habían participado en aquella fracasada prueba, consistente en la industrialización de Rusia, mediante el traslado forzoso de rusos de las poblaciones rurales a las fábricas de Moscú, Como se podía esperar, fue imposible que aquellas personas se adaptaran al nuevo trabajo y los resultados impelieron al gran asesino, Stalin, a enviar a todas aquellas gentes ( se habla de 30 millones) hacia Siberia, de modo que la mayoría pereció en el camino y el resto no tardaron en caer en aquella inhóspita y helada región. No obstante, nadie parece querer considerar el comunismo soviético, con la misma rigurosidad que lo hacen con el fascismo italiano o alemán. Y, puestos a hablar de temas preocupantes, no nos queda otro remedio que hacer referencia a lo que las asociaciones de Jueces para la Democracia y Francisco Vitoria han decido, por su cuenta, hacer. Han recurrido ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TS, tres convocatorias, con un total de 22 nombramientos que están pendientes de resolverse.

Mantienen que el mandato del CGPJ ha expirado y que siguen en sus funciones desde hace un año al no haberse nombrado quienes deban relevar a los actuales miembros. La conclusión a la que han llegado los reclamantes es que, los nombramientos que se siguen haciendo van a condicionar la imparcialidad de los nuevos jueces debido a que, para ellos, los nuevos asignados “colocados” son “amigos” o “afines” a los que actualmente son mayoría (las derechas) en el citado organismo, lo que, a su juicio, “va a marcar la línea conservadora de los altos cargos de la carrera judicial”.

A nosotros se nos ocurre una primera cuestión respecto a la preocupación de estas dos asociaciones de jueces. En primer lugar: ¿De quién depende la designación de los nuevos miembros del CGPJ? Parece ser que tiene relación con los políticos, en función de los resultados obtenidos por los respectivos partidos en las elecciones legislativas celebradas en el momento precedente al vencimiento de sus mandatos. Si hace un año que debiera de haberse cambiado la composición del CGPJ se debe a que, ni los del PSOE ni los del resto de partido que tienen opción a nombrar a alguno de los componentes, han sido capaces de ponerse de acuerdo al respecto. Es obvio que, como sucede en el caso del gobierno, un organismo semejante no puede dejar de funcionar porque los políticos no se pongan de acuerdo sobre el momento oportuno del nombramiento o las personas a las que se tiene que elegir; en el caso del gobierno sigue el antiguo ejecutivo en funciones en tanto que se vota otro que lo sustituya. Durante este tiempo, y los socialistas saben mucho de cómo aprovechar esta circunstancia, el gobierno en funciones sigue gobernando, emitiendo decretos-ley, tomando decisiones etc. Lo mismo debe hacerse con las funciones de vigilancia y nombramiento de las plazas vacantes que les corresponden a los actuales miembros en funciones del CGPJ.

Resulta preocupante y hace que nos reafirmemos en la contradicción de que, los que deben administrar justicia con imparcialidad, en todo el reino de España, tengan la posibilidad de asociarse en función de un determinado pensamiento político; el simple hecho de que, en su recurso, las mencionadas asociaciones de jueces puedan pensar que los actuales integrantes del consejo de los jueces, puedan actuar en función de sus ideas políticas personales y no según sea el espíritu y la letra de la Ley, teniendo en cuenta la jurisprudencia que pudiera existir para cada caso, ya supone admitir que, ellos mismos, pudieran recurrir a semejante e ilícito procedimiento, en el ejercicio de sus funciones. Existe, por tanto, en la reclamación que han formulado ante el TS los recurrentes, una denuncia implícita de que piensan que, si los actuales inquilinos del organismo superior del poder judicial, designan a otros jueces para las vacantes que se deban cubrir, no lo hacen en virtud de sus merecimientos, preparación, honestidad y solvencia, sino que la elección se hace en virtud de un clientelismo, favoritismo, nepotismo o enchufismo de quienes, al parecer, no dudarían en prevaricar para conseguir elegir a quienes se dejarían guiar antes que por sus deberes profesionales por sus inclinaciones personales en materia política.

No creo que estemos en tiempos en los que sean los propios jueces, fiscales o magistrados quienes siembren dudas en la ciudadanía respecto a la fiabilidad del Poder Judicial, a su completa independencia del Ejecutivo y del Legislativo, porque ya los políticos mismos se han encargado, con suficiente energía, de crear dudas entre la ciudadanía respecto a la honestidad con la que se imparte, en nuestra nación, la Justicia y el hecho de que ciertas sentencias, una de las cuales ha sido dictada recientemente, en la que se ha juzgado a tres futbolistas, al parecer prestando únicamente confianza en la declaración de la víctima, acusados de tocamientos y violación de una menor, que han sido condenados cada uno de ellos nada menos que a 38 años de prisión. Más castigo que a quien comete asesinato y, por supuesto, una pena que, incluso en tiempos en los que el feminismo recalcitrante demuestra que sus movilizaciones tienen efecto en las decisiones de determinado tribunales, resulta de una dureza incomprensible, aunque el delito es evidente que merece un castigo. En este caso parece que la falta de pruebas determinantes habría aconsejado más moderación en la sentencia. Se respeta pero no resulta comprensible.

Una cosa más, la señora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haciendo gala de esta superioridad que se han atribuido los miembros en funciones del actual gobierno, no ha dudado en emplear su poder para impedir o, al menos intentarlo, que las comunidades de Madrid y la de Andalucía, ambas en manos de coaliciones del PP, Ciudadanos y el apoyo de VOX, utilizando la excusa de que durante el 2018 el déficit de la comunidad andaluza debería haber finalizado con un desfase equivalente al 0’4% del PIB pero que terminó con una desviación del 0’5%. Una invasión incomprensible de las atribuciones de la Junta andaluza

Quizá desde el punto de vista legal se hubiera podido entender que se reclamara un plan de ajuste para adherirse al FLA si no hubiese sido la propia ministra, anteriormente consejera del ramo en Andalucía, bajo las órdenes de Susana Díaz, la que en aquel año estuvo al frente de la Hacienda en aquella autonomía, lo que supone que la deviación no corresponde al actual gobierno de la Junta de Andalucía, sino al que presidía la señora Díaz. Evidentemente, si no se debiera a que la comunidad andaluza bajo los nuevos dirigente ha empezado a descubrir nuevas pruebas de los desmanes perpetrados por los socialistas durante los 36 años que estuvieron al mando de la Junta de Andalucía o no se sintieran molestos por los éxitos que van cosechando los nuevos gobernantes, no hubieran recurrido a frenar la financiación de Andalucía con una intervención directa del Gobierno en funciones de las cuentas andaluzas. NO lo han hecho en otros casos similares.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, no resulta menos preocupante el hecho de que, aún antes de estar legalmente constituido el nuevo gobierno de coalición, empecemos a tener la sensación de que todo lo que ya está ocurriendo sólo es una pequeña muestra de lo que, si Dios no lo remedia, nos espera durante los 4 años de esta nueva legislatura. Y una última reflexión: ¿Quo vadis Sánchez?, si es que realmente lo sabe debiera decirlo.