Cuando escuchamos, reiteradamente, de boca de don Artur Mar y sus seguidores separatistas, hablarnos de democracia, del derecho democrático del pueblo catalán a escoger su futuro y del empeño de España en “sojuzgar” al pueblo catalán; no podemos menos de sentirnos perplejos ante el desparpajo con el que el separatismo catalán miente, se inventa derechos e interpreta a su conveniencia lo que es el concepto de democracia, ajustándolo a sus intereses según que, en cada caso determinado, les convenga. Primero se inventan una Historia que nada tiene que ver con los hechos históricos en los que pretenden basar sus pretendidos derechos a ser una nación independiente; después apelan a unas supuestas discriminaciones, limitaciones y retenciones de financiación autonómica, en lo que se han basado para proclamar a los cuatro vientos el eslogan de que “España nos roba” y, finalmente, pretenden imponer, por el procedimiento de hechos consumados, su propia interpretación de la democracia de un país que, según ellos, les faculta a escoger de entre las leyes estatales aquellas que les gustan y a rechazar las que les disgustan; como es el caso de todas aquellas leyes y sentencias que hacen referencia al uso y la enseñanza del castellano en Catalunya.

Por supuesto que, dentro del concepto de democracia, uno de los derechos indeclinables es el de la libre expresión, de la libre manifestación de las opiniones, no sólo de viva voz, sino a través de cualquier medio de comunicación sea escrita, oral o por medio de imágenes o sonidos. Claro que, en Catalunya, aquellos que han decidido que debe separase de España, en cuanto se refiere a temas del independentismo, no tienen empacho alguno en tirar por el camino de en medio que, aunque es el más directo, suele comportar privación de derechos y libertades inherentes a cualquier persona que habite en un país donde las libertades individuales son respetadas. Y en este mismo sentido, hete aquí que nos topamos con este organismo, el CAC (Consell del Audiovisual de Catalunya) creado ad hoc por los catalanistas para velar que ningún medio de comunicación pueda desviarse de la línea marcada por el kominform integrado por la “élite” del catalanismo más obtuso, el Gobern de la Greneralitat.

Para más INRI y escarnio este organismo catalán tiene entre las funciones asignadas la de: “Velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del audiovisual, en particular de los principios del pluralismo político, social, religioso, cultural y de pensamiento”; lo que todavía hace que resulte más inconcebible el que haya tomado la decisión de tomar medidas radicales contra determinados periodistas españoles por presunta violación del apartado 1 del Art. 57 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, en relación al “fomento del odio, menosprecio o la discriminación por motivos de nacionalidad y opinión”. Si no fuera tan burda la maniobra, si no estuviese rezumando la bilis independentista y no partiera de la clase de sujetos que forman tan prescindible órgano; muy probablemente sería motivo de que nos echásemos unas risas y lo tomáramos a chirigota; pero, señores, esta gente habla en serio y amenaza con acciones penales y multas de “entre medio millón y un millón de euros”. ¡Habrá que ver lo que entienden estos sujetos, en sus limitadas mentes, por “pluralismo político”!.

Se nos ocurre imaginar lo que de ello pensarían estos del CAC, de unos señores que tranquilamente y sin respeto por la Constitución, ni por las leyes penales del país, se les ocurriera convocar una consulta, como la que tuvo lugar apenas hace un año o poco más, en la que, pueblo por pueblo y ciudad por ciudad, se consultó a los catalanes sobre si querían ser independientes de España; gastándose dinero público en ello y contraviniendo las normas estatales que regulan tal clase de consultas. Si en esta nación no tuviéramos un Gobierno timorato, si los fiscales no fueran tan corporativos y de izquierdas y los jueces cumplieran con su deber; ya hace años que algunos de los políticos catalanes y medios de difusión, como la TV3 catalana, hubieran sabido de primera mano lo que era ser sancionados y, puede, que algunos de sus miembros hubieran sido invitados a veranear un tiempo, por cuenta del Estado, en alguna prisión del país.

Este CAC no ha reaccionado como debiera ante las constantes provocaciones, incitaciones al separatismo o proclamación de supuestos agravios contra el pueblo catalán que, tanto en la TV3 como en otras cadenas y medios de comunicación catalanes, especialmente los periódicos y la emisoras de radio, ha estado difundiendo a mansalva; y no lo ha hecho porque compartía, enteramente, los postulados de aquellos que intentan por todos los medios convencer al pueblo catalán de que, la separación de España, es el único camino para convertirse en un país rico, europeo y libre de ataduras con los “odiados” españoles. Lo que sucede es que, como en tantas otras cosas, estos señores ignoran lo dispuesto en la Constitución española sobre la libertad de expresión y, si no fueran tan fanáticos, obtusos, partidistas y subjetivos en sus decisiones, habrían comprendido que la libertad política que ellos mismo afirman defender, comprende la posibilidad de opinar sobre cualquier cuestión que haga referencia a las relaciones Catalunya-España y tomar partido, en un sentido u otro, como lo hacen la mayoría de periódicos catalanes que salen en defensa de una utópica independencia.

Los que se han situado en la ilegalidad, los que incurren en el incumplimiento de las mismas normas por las que se debieran regir y los que intentan coartar la libre expresión de aquellos periodistas a los que pretenden repudiar; son, evidentemente, este grupo de censores inquisitoriales que, haciendo el juego a aquellos que prohibieron rotular los nombres de los comercios en castellano o los que piden que en las escuelas se aísle a los castellano parlantes, llenan las calles de banderas ”esteladas” y reniegan de todo lo español, a pesar de que no hacen remilgos a las sustanciosas cantidades que reciben del Estado español, del FLA (más de 20.000 millones en dos años) dando muestras, con ello, de la ingratitud y desprecio por aquellos que los vienen favoreciendo a costa del resto de autonomías de España.

Se da la circunstancia de que, aquellos periodistas a los que ellos intentan poner en la picota, son los que con más ahínco defienden la unidad de España, se oponen a cualquier aventura independentista y recriminan a aquellos políticos catalanes que se empeñan en engañar al pueblo contándole historias sobre una Catalunya “libre” e “independiente”, al estilo de aquella legendaria Arcadia descrita por la literatura y pintores modernos como una: “edad dorada de abundancia, inocencia y felicidad; un lugar donde la paz y la dicha reinaban, junto a paisajes pastoriles y hermosas ninfas…”. La realidad, sin duda, se presenta muy distinta ya que, Catalunya, sería una nación con una deuda de 60.000 millones en euros; excluida de Europa; rodeada de fronteras y obligada a pagar aranceles por todas sus exportaciones, incluidas las destinadas a países de fuera de la UE; obligada a habilitar una moneda propia que supondría aceptar una gran devaluación respecto a euro y dólar, con el consiguiente empobrecimiento de sus ciudadanos. Una utopía condenada al más sonado desastre dentro de un mundo globalizado. Esta realidad es la que pretenden ocultar los del CAC cuando pretenden amordazar a aquellos periodistas que la denuncian. O así es como vemos esta majadería perpetrada por estos ilusos del CAC.