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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Todos vivimos muriendo

Francisco Arias Solís
Redacción
miércoles, 20 de septiembre de 2006, 22:02 h (CET)
“Todo hombre que viene al mundo
trae un letrero en la frente,
con letras de fuego escrito,
que dice: ¡Reo de muerte!”


Augusto Ferrán

El llamado síndrome de inmunodeficiencia adquirida está planteando numerosos y complejos problemas de diversa naturaleza ya conocidos por todos, destacando particularmente los humanos, sanitarios y sociales.

Con el transcurso del tiempo parecen afirmarse las peculiares características de esta enfermedad que han cambiado el estatus quo más que ninguna otra en la historia del mundo. Se trata de una verdadera pandemia que se extiende y seguirá haciéndolo previsiblemente en un inmediato futuro. En nuestro país la drogadicción ha desempeñado un papel primordial en la difusión del sida.

Seguramente el principal problema jurídico que plantea esta enfermedad en estos momentos, estriba en conciliar las medidas epidemiológicas con el respeto a los derechos humanos, evitando cualquier tipo de discriminación. Es evidente que el enemigo a vencer es el virus causante de la enfermedad y no la persona afectada y que sólo respetando la libertad y la dignidad de los seres humanos será posible erradicar el sida.

En España, para valorar la situación de un trabajador afectado de sida, ha de tenerse en cuenta el principio constitucional de igualdad en el trabajo recogido en el artículo 35 de la Constitución, en relación con el 14 del mismo texto legal. Este principio constitucional tiene su concreción en el Estatuto de los Trabajadores, en el que se establece que estos no podrán ser discriminados por razón de disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales siempre que se hallaren en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

Sin embargo, la realidad laboral ha demostrado la existencia de ciertas discriminaciones en relación a los trabajadores afectados, debido especialmente por miedo al contagio. No obstante entre las vías de transmisión del virus no se incluyen las actividades propias de la vida diaria, incluida la actividad laboral. Las únicas y remotas posibilidades de transmisión de sida que se reconocen en este ámbito podrían darse ocasionalmente en caso de accidente, aunque esta situación debe estar prevista en todos los centros de trabajo adoptando las medidas de higiene y prevención adecuadas.

No obstante, la situación es distinta en el caso de personal sanitario. También tienen cierto riesgo aquellas personas que en razón de su profesión están obligados a un contacto personal con sus clientes y a manejar objetos punzantes. Por ello, las Comunidades Autónomas han establecido normas higiénico-sanitarias relativas al uso y esterilización de útiles e instrumentos de trabajo que han de manejar profesionales de peluquería, manicuros, pedicuros, etc.; con el fin de proteger la salud tanto de los profesionales como de los usuarios de tales servicios.

En relación a la transmisión casual del sida por los trabajadores sanitarios y funcionarios de los centros penitenciarios, hubo una proposición no de ley en 1988 para que se añadiese el sida al cuadro de enfermedades profesionales, la cual fue desestimada. Sin embargo, dicha situación se considera como un accidente laboral que deberá sujetarse a la regulación vigente.

Por parte del trabajador no existe la obligación de comunicar su estado de seropositividad al empresario ni a sus compañeros de trabajo ni el empresario puede imponer la prueba del sida en procesos de selección laboral o de forma encubierta, teniendo en cuenta el derecho que asiste al trabajador afectado a ver respetada su dignidad e intimidad. Y es que, como dijo el poeta: “Todos vivimos muriendo. / El que no muere no vive / porque está muerto de miedo”.

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