El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de jueces y magistrados. Los jueces y magistrados son los encargados de aplicar las leyes, es decir, de ejercer el tercer poder del Estado, que es el judicial. Los otros dos poderes son el ejecutivo y el legislativo, ambos desempeñados por políticos. En toda democracia, como ya proclamara Montesquieu, esos tres poderes han de estar convenientemente separados. Y si alguno de ellos debe gozar de un especial celo en su independencia, ése es, precisamente, el judicial.
Parecería lógico que en un país democrático como es España los miembros del órgano de gobierno de jueces y magistrados fuesen elegidos por los propios jueces y magistrados. Pero no es así. Son los políticos, o sea, los que ya copan los otros dos poderes del Estado, los que lo hacen. Pero no queda ahí la cosa, pues también son los políticos los que "sugieren" el nombre del futuro presidente del Tribunal Supremo, que lo será también del propio CGPJ, a los miembros de éste, que son los encargados de elegirlo. ¿Cómo no interpretar dicha sugerencia como una orden si aquellos que la reciben le deben el cargo a esos mismos políticos?.
Todo esto sucede desde que así lo dispusiese, allá por 1985, Felipe González. Durante los ocho años de gobierno de Aznar y los siete de Zapatero se perpetuó dicho sistema. Ahora, con Rajoy en La Moncloa, se ha introducido cierta modificación al respecto. Podríamos pensar que más vale tarde que nunca. El problema es que dicha modificación ha ido exactamente en la dirección contraria a la que el Partido Popular proponía en su programa electoral. Porque lo que han hecho ha sido politizar aún más, si cabe, el sistema de elección de los miembros del CGPJ.
Estos días hemos asistido con sonrojo al ya habitual intercambio de cromos entre PP y PSOE para designar a los integrantes de dicho órgano. Para ello han contado con la colaboración de nacionalistas e Izquierda Unida, que no se olvidan de exigir su cuota. En el arco parlamentario sólo UPyD ha cantado las cuarenta al Partido Popular por el flagrante engaño a la ciudadanía que supone el hecho de proponer algo en su programa electoral y hacer justo lo contrario cuando se llega a gobernar. Además, aquí no le pueden echar la culpa a la situación económica, pues el cumplimiento de este punto del programa sólo dependía de su voluntad política. Pero ellos en seguida miran para otro lado y allí encuentran a los del principal partido de la oposición guiñándoles un ojo. Porque, aunque aparentemente se pasen el día a la greña, a la hora de perpetuar el chiringuito actúan ambos con una complicidad que resulta escandalosa.
