El juez Elpidio José Silva volverá este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para declarar como acusado por prevaricación y otros delitos cometidos presuntamente durante la instrucción de la causa abierta contra el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El instructor del Tribunal Superior de Madrid Jesús Gavilán también interrogará en calidad de testigo al magistrado Juan Antonio Toro, que sustituyó a Silva al frente del Juzgado de Instrucción número 9 y dictó el auto de inhibición del caso a la Audiencia Nacional, confirmando la reapertura de las actuaciones.

Además escuchará como testigos al secretario judicial Miguel Ángel Rodríguez y a la secretaria Resurrección Utrilla al haber actuado en las diligencias abiertas por el crédito concedido al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida.

Estas son algunas de las diligencias solicitadas por la defensa de Silva, que también había reclamado las testificales de los guardias civiles encargados de la investigación, los peritos de la consultora KPMG, cargos de Bankia y Caja Madrid y los magistrados de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez.

Pruebas denegadas
Sin embargo, el magistrado Jesús Gavilán ha denegado por el momento estas últimas pruebas al considerar que no guardan relación con los hechos objeto de la querella presentada por la Fiscalía contra Silva y, a la vista de las declaraciones de este jueves, podrá confirmar si las acuerda o no.

Se trata de la cuarta vez en la que Silva acudirá al TSJM a causa de la querella de la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual del banquero al ordenar su ingreso en prisión en dos ocasiones al frente de la entidad. Las ocasiones anteriores solicitó más tiempo para examinar la documentación antes de declarar.

El juez Silva, quien se encuentra temporalmente suspendido de funciones desde el pasado julio, se enfrenta a una pena de hasta 40 años de inhabilitación en un proceso en el que también actúan como acusaciones las defensas de Blesa y Díaz Ferrán.