El próximo año, octubre de 2007, se celebrará la Feria del Libro de Frankfurt y tendrá como invitada a la cultura catalana. Es una oportunidad única para dar a conocer todo lo que se cuece en el mundo editorial y literario -que no siempre es lo mismo- de Cataluña. Un centenar de eventos literarios, 10 exposiciones y 80 espectáculos de distinta índole, además de 150 expositores y 1.600 profesionales de la edición se concentrarán en la ciudad alemana para mostrar lo que somos capaces de producir los catalanes en materia literaria.

Pero, evidentemente, la polémica no podía faltar en una cita en la que las palabras cultura, Cataluña, escritores y subvenciones, se entremezclan sin comparación alguna en otro lugar no ya de España sino de Europa. Alrededor de 200 autores en lengua catalana -que junto con la lengua castellana o española forma parte de la cultura oficial catalana y de la real también, como demuestran las encuestas y datos estadísticos, al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) me remito, sobre los usos lingüísticos y conceptos de lengua materna de los ciudadanos de Cataluña- asistirán al acto de Frankfurt. ¿Cuántos escritores catalanes, de nacimiento o por derecho, que utilicen el castellano acudirán a la cita alemana? ¿Y los que publiquen obras en catalán y en castellano, es decir los bilingües? Y aún más, ¿no es también cultura catalana lo que un escritor, nacido o afincado en Cataluña, escribe sin importancia del idioma que utilice -ya sea oficial o no-?

La respuesta del señor Ferran Mascarell, otrora concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, actualmente consejero de Cultura de la Generalidad de Cataluña y, como tal, máximo responsable de la respuesta a la invitación ferial, ha sido franca, demoledora y, ciertamente, vejatoria: los autores catalanes que escriben en castellano deberán sufragarse de su bolsillo el viaje y los gastos que su visita a Frankfurt, de aquí a un año, les ocasione. Y esto lo hace un consejero socialista (igualdad) – o eso creíamos-, y no uno nacionalista (discriminación). ¿O también lo es?

"Quedará reflejada la situación de normalidad" respondió Mascarell, hace ahora un mes cuando se le preguntó por la situación de los escritores, y la polémica lingüística, en la próxima Feria del Libro. Y así es. La normalidad cultural, en Cataluña, a grandes rasgos, consiste en producir lo que sea, pero en catalán. Da igual que se subvencionen obras de teatro que no reciben ni un diez por ciento del aforo posible por su mala calidad en la puesta en escena, por ejemplo. Da igual que se premie económicamente -incluso con grandes campañas publicitarias- a grupos musicales que no venden ni dos discos porque no hay mercado para ello. Da igual, da igual... Lo importante es que se realicen obras de teatro en catalán, se promocione a grupos de música que cantan únicamente en catalán o que se invite, a la Feria de Frankfurt talón mediante, a los escritores que escriben únicamente en catalán

Juan Marsé o Eduardo Mendoza son los más conocidos. Son los mediáticos de la literatura catalana en castellano. Pero no podrán ir a Alemania, en 2007, en las mismas condiciones que Quim Monzó o Pere Gimferrer, por ejemplo. A los segundos se les llevará en volandas, será una inversión pública; los primeros tendrán que viajar en segunda clase, la inversión será privada.

Algunos catalanes son -somos- no catalanes a la hora acceder a las prestaciones -discutibles cuando menos, por otro lado- que cualquier ciudadano tiene derecho en materia de cultura y desarrollo intelectual. En Cataluña existen implícitamente dos tipos de ciudadanía: los que pasan por el aro de la exclusión lingüística -porque sí: convencidos o por dejadez- optan a las subvenciones; y los que expresan su disconformidad ante tal división ateniéndose a las consecuencias, es decir, sabiendo que no estarán en las mismas condiciones que los primeros en materia de subvención, por ejemplo. La clave es saber hasta cuándo se mantendrá esta doble ciudadanía y qué hacer para que desaparezca tal división ¿social?

De momento, y para acercar posturas, los que están -estamos- privados de recibir cualquier ayuda de nuestra autoridad regional podrían -podríamos- dejar de pagar los impuestos que gestiona la Generalidad, al no recibir las mismas atenciones públicas. Eso sí... ¡búsquense un buen abogado privado!