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Etiquetas:   La tronera   -   Sección:   Opinión

Coste de la educación en Castilla-León

Jesús Salamanca
Jesús  Salamanca
martes, 19 de septiembre de 2006, 00:04 h (CET)
Hace siete años, por estas mismas fechas, nadie parecía estar de acuerdo con la valoración económica de las competencias educativas que se iban asumir con el comienzo del año 2000. Cada sindicato hacía sus propios números. Nada nuevo si tenemos en cuenta que lo mismo estaba sucediendo en Rioja, Murcia, Aragón, Cantabria,...

Recordar los 300.000 millones de pesetas iniciales que pedía la Junta de Castilla y León y la cantidad que solicitó cuando su mismo partido accedió al poder es algo así como contar un chiste de largo recorrido, deficiente estructuración y peor final. Pocos recordarán ese episodio bochornoso, donde la Junta se limitó a “huir hacia adelante” negando la evidencia. Las hemerotecas están para algo más que para una simple lectura y por eso son el enemigo natural de los políticos indefinidos.

La historia de esa cantidad se remonta a 1996, primera vez que se aludía a la misma por parte de la Administración autonómica; aunque en entrevista al entonces ex vicepresidente de la Junta se aseguraba que “esa cantidad nunca se había barajado”. Sin embargo, como se suele coger antes al mentiroso que al cojo, el 18 de julio de 1997 la prensa de Valladolid tituló: “...la Junta solo concibe recibir la educación con los 300.000 millones”.

Las declaraciones de la consejera fueron respondidas por la oposición aludiendo al recorte en la previsiones de inversión del MEC. El “caldo de cultivo” estaba servido, sobre todo para el partido socialista que – hasta ese momento – nada provechoso había aportado al debate de las competencias educativas en la comunidad, llegando a preguntar en las Cortes cuánto costaba el sistema educativo en Castilla y León. A fecha de hoy sigue sin aportar nada positivo, al carecer de líder, proyecto y perspectiva.

En diciembre de 1997, el ocasional portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León preguntaba por criterios de población para establecer el coste efectivo de las transferencias educativas a la comunidad y, por enésima vez, pedía al entonces presidente, Juan José Lucas, una aclaración sobre las cifras.

UGT y CC.OO presentaron su valoración en los medios de comunicación en abril de 1998 y las cantidades de ambas centrales sobrepasaban considerablemente la cantidad en que habían sido valoradas unos días antes desde el gobierno central. Seguían siendo momentos de malestar por las negociaciones y por el error del secretario de la sección de educación de la comisión mixta, al no haber tramitado las actas de la comisión en tiempo y forma.

Llegado el año 2000 se comprobó que nada se había hecho. Ni siquiera los cimientos de un proyecto que, dicho sea de paso, nunca existió. Los dos primeros años de la legislatura anterior transcurrieron “de bandazo en bandazo”. La misma falta de organización que se advirtió en educación, se observa ahora en Sanidad y las transferencias de la Justicia llevan el mismo camino.

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