La Conferencia Política del PSOE incorporó este sábado a su ponencia marco la propuesta de una "garantía de ingresos mínimos" común en todo el Estado.

Lo incluyó la comisión encargada de analizar la parte de la ponencia relativa al Estado del Bienestar.

Según informaron los ponentes, sería una fórmula de lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero diferenciada de la renta mínima de inserción que garantizan las comunidades autónomas.

Se aprobaría de acuerdo con ellas, pero sería una competencia estatal y común para todo el territorio, pensada para situaciones coyunturales de falta de ingresos suficientes para la subsistencia.

Se otorgarían una vez analizadas las circunstancias personales y familiares y constatada la falta de esos ingresos y la ausencia de cualquier mecanismo, de renta o patrimonio, suficiente para subsistir.

La ponencia mantiene el compromiso de los socialistas de incluir en la Constitución la sanidad y la protección social como derechos fundamentales, incluyendo los servicios sociales básicos y las pensiones.

En el caso de la sanidad, quieren incluir en la Constitución el derecho a una sanidad pública, universal y gratuita.

Supondría la derogación del decreto que introdujo el concepto de "aseguramiento" en la prestación sanitaria, y la aprobación de una nueva ley general de salud.

Eso implicaría la inclusión también de un fondo de garantía de financiación de esos servicios, para constitucionalizar una garantía de estabilidad social igual que existe la financiera.

Además, los socialistas quieren asegurar una cartera mínima de servicios del Servicio Nacional de Salud homogénea para toda España, de forma que las coberturas básicas no puedan ser eliminadas por las comunidades autónomas ni por normas de rango inferior.

El reto que señalan es llegar al 7% de gasto del PIB dedicado a sanidad en el horizonte de dos legislaturas, aproximando así a España a la media de la Unión Europea con un incremento de dos puntos sobre el 5% actual.

Proponen también aprobar una legislación básica de servicios sociales, a modo de ley marco que garantice la cohesión en todo el territorio y que no se pueda "desmontar" como ocurre ahora, dicen, por efecto de la reforma local.

Los socialistas mantienen también en la ponencia el compromiso de mantener el sistema de atención a la dependencia y garantizar su financiación.