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El Gobierno valenciano presidido por Alberto Fabra ha anunciado el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV) tras anular el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la sociedad, que afectó a 1.300 trabajadores.

El martes por la mañana se ha dado a conocer la resolución del tribunal valenciano, en la que se acuerda anular el ERE al detectar "irregularidades importantes", y se reconoce el derecho del millar de trabajadores despedidos a ser readmitidos. Por la tarde, tras una reunión en la que al menos han asistido el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el vicepresidente, José Císcar, se ha decidido cerrar RTVV.

El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ya anunció el pasado 20 de septiembre que si se anulaba el ERE "no podría permitirse una televisión pública con casi 1.300 trabajadores".

Las razones del Consell

Según el Consell, ante esta decisión "solo" queda vía de "la supresión del servicio público" ya que "la readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable".

El Consell afirma que ha querido hacer pública esta decisión "con celeridad para no prolongar de manera innecesaria la intranquilidad que supondría para los trabajadores de RTVV" y señala que tiene la "obligación" de "priorizar los servicios básicos y garantizar, ante todo, una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad, universales y gratuitos", que es "el objetivo prioritario de todas las actuaciones" que lleva a cabo.

El Gobierno valenciano ha destacado que la "difícil decisión" de abordar el ERE se englobó "dentro de la reestructuración del sector público empresarial cuya finalidad era lograr una administración más ligera y sostenible". Sin embargo, una vez "descartada" la vía del ERE, que era "el camino que había decidido emprender el Consell", señala que "sólo queda la otra vía que es, lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico".

"La readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros; una cantidad a la que habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos", explica el Consell.

Asimismo, precisa que, en el caso concreto de RTVV, la deuda acumulada y asumida por la Generalitat "superaba los 1.000 millones de euros", una cifra que, según el Consell, "dejaba en evidencia que RTVV era claramente deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento".

El Consell recalca que su voluntad ha sido "desde el primer momento" la de mantener abierta RTVV, "en tanto que ofrece un servicio público". Por ello, optó inicialmente por la opción del "redimensionamiento" de la plantilla y añade que "en aras de la independencia que debe regir todo proceso de estas características, se encargó a una empresa externa el proceso de ejecución del ERE".

La ejecución del ERE correspondió a la entidad
Asimismo, apunta que se promovió una nueva Ley de RTVV que "ahondara en la vocación de servicio público, pluralidad y defensa de las señas de identidad de la radio y la televisión públicas". Según el Consell, en este punto terminaron sus decisiones respecto a RTVV y subraya que el proceso de ejecución del ERE "siempre ha correspondido, en exclusiva, a la dirección de la empresa pública, en tanto que ésta siempre ha tenido entidad jurídica propia".

Al respecto, agrega que, de acuerdo con la sentencia del TSJCV, una de las causas de que el ERE se haya anulado ha sido la aplicación del criterio social "sólo para trabajadores afectados" por el expediente que, en el momento de la aplicación, "aún realizaban sus funciones en la empresa, es decir, con posterioridad a la salida del ente de empleados susceptibles de beneficiarse de dicho criterio y a quienes no se tuvo en cuenta a la hora de aplicarlo".

La segunda es, según el Gobierno valenciano, la desafección de 186 trabajadores "bajo el criterio único de que eran los que, estando afectados, aún permanecían en la empresa debido a la salida escalonada de los trabajadores afectados, sin tener en cuenta a los trabajadores que ya habían salido en ese momento".

En este sentido, hace hincapié en que ambas decisiones "vulneran el derecho fundamental a la igualdad tal y como señala el tribunal, un derecho que se negó a los empleados que ya no prestaban sus servicios en RTVV como consecuencia del ERE".

El Consell recalca que "lamentablemente" solo le queda la vía del cierre, ya que "la readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros, una cantidad a la que habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos".