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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Summum ius summa injuria

“El primer grado de injusticia es alegrarse viendo hacer daño; el segundo es hacerlo uno mismo; y el tercero, no impedir que se haga pudiéndolo”, M. de L’Hôpital
Miguel Massanet
lunes, 28 de octubre de 2013, 07:56 h (CET)
Es muy posible que, estos señores del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, se hayan quedado encantados con su resolución sobre la llamada doctrina Parot. No dudamos que les ha sido fácil, desde su supina ignorancia de lo que ha estado ocurriendo en España desde que ETA decidió comenzar a matar, primero por presuntas reivindicaciones de independencia para el país vasco; más tarde por el peregrino argumento de que el Estado español se resistía a concederles a los vascos lo que ellos llamaban sus indeclinables derechos y, finalmente, todo hay que decirlo, porque los que se acostumbran a matar sin riesgo, por la espalda y utilizando sofisticados instrumentos para hacerlo, se han ido acostumbrando a ello y ya lo consideran como un modus vivendi fácil y, en ocasiones, sumamente lucrativo..

El que, entre los 17 miembros de tal tribunal haya un español, que ha colaborado a este sinsentido, es meramente anecdótico, aunque no deja de ser extraño que, un señor que fue designado por el señor Zapatero para formar parte de dicha institución, con el encargo directo de favorecer el llamado “proceso de paz”, un proceso en el que estaba sumamente interesado para que tuviera lugar dentro de su mandato, de modo que le sirviera de plataforma de lanzamiento para una nueva victoria en las urnas; no deja de levantar sospechas. Es evidente que, por mera decencia y sentido de responsabilidad, este “caballero”, un tal señor Guerra, debiera, sino explicar a sus colegas la situación real y la historia de lo que ha sido ETA, sus crímenes y sus salvajadas, por lo menos haberse inhibido de la cuestión para no ser partícipe activo en tal despropósito. El derecho está plagado de aforismos y uno de los que, por desgracia, ha sido el causante de irreparables injusticias y desmanes judiciales, ha sido aquel con el que encabezo este comentario que, traducido libremente, viene a significar lo siguiente: “el derecho aplicado teniendo en cuenta sólo la literalidad de la ley puede, en muchas ocasiones, implicar la mayor injusticia”.

Nadie que haya vivido en España durante los años del terror, de los múltiples asesinatos de la banda terrorista, de la cantidad enorme de víctimas inocentes que pagaron con su vida o su integridad física a causa de la brutalidad y sinrazón de unos maleantes a los que nada les importaba sacrificar a niños, mujeres y hombres, con el solo objetivo de obligar al Estado a torcer la cerviz ante sus descabelladas pretensiones; puede aceptar que un Tribunal que, además está dedicado a defender los derechos humanos de la sociedad, sea el causante de que cientos de etarras, que ha asesinado a miles de personas, consigan salir de la cárcel antes de cumplir, íntegramente, sus condenas por una simple cuestión de legalidad. Los derechos humanos, prioritarios para cualquier persona bien nacida, son los de aquellos que han sufrido la violencia terrorista y que, por desgracia, no han tenido ocasión de impedir que salgan de la prisión a quienes los masacraron vilmente. Los derechos humanos que debió de atender y defender este tribunal de miembros politizados y mal informado, son los de los familiares, amigos, compañeros y ciudadanos, que hoy se rasgan las vestiduras ante una sentencia que será todo lo legal que se quiera pero que atrae la repulsa, unánime, de todas las personas decentes de una nación que se ve escarnecida y decepcionada ante tal muestra de falta de sentido común, de desprecio de la ética, la moral y los mismos principios del Derecho Natural.

Hubo un gobierno, el presidido por el señor Aznar, que no sólo se enfrentó con todos los medios legales y con todas las fuerzas del orden a tales individuos, sino que, además, consiguió acorralarlos hasta tenerlos prácticamente derrotados, ocultos en sus escondites en el extranjero. Tuvo que ser la entrada de las huestes socialistas, presididas por el señor Rodríguez Zapatero, la que pusiera fin al acoso, les proporcionara un respiro a los etarras y diera lugar a un impass que los asesinos aprovecharon para rehacerse mientras, hábilmente, hacían concebir esperanzas a un ególatra Zapatero convencido de que su “inteligencia superior” le permitiría alcanzar el acuerdo con los terroristas que abandonarían las armas y pedirían perdón a sus víctimas, lo que le otorgaría la oportunidad de ponerse la medalla de haber salvado a España de la lacra del terrorismo etarra. Craso error y fatal equivocación.

Sin embargo, no todo se ha perdido por un solo costado. También los sucesivos gobiernos que se han sucedido después del de Aznar tienen su parte de responsabilidad en lo que ha sucedido en Estrasburgo. Ninguno de ellos se atrevió, quiso o tomó en consideración la posibilidad de reformar el Código penal de 1.973 que permitía a los terroristas de ETA beneficiarse de importantes medidas de reducción de penas por trabajo o estudios, de las que han hecho uso numerosos etarras para reducir sus condenas (no olvidemos que hasta hace poco la condena máxima era de 30 años aunque las sentencias fueran de miles de años). Desde la doctrina Parot ( que no ha sido derogada y sigue vigente después de la sentencia de Estrasburgo) se subsanaron, para los casos de terrorismo, aquellos sistemas y se estableció que los beneficios penitenciales se fueran deduciendo sucesivamente de las distintas condenas acumuladas hasta que el reo cumpliera los 30 años ( ahora 40 años) correspondientes.

Resulta inconcebible que ni socialistas ni populares, vista la cadena de asesinatos que se produjeron durante los primeros años del acoso sanguinario de ETA, tomaran la decisión de efectuar los cambios que, a partir del año 1.995, se tomaron a consecuencia de la llamada doctrina Parot. Muchos de los problemas que ahora tiene ante sí el Estado español se hubieran podido evitar, adelantándose a modificar el código en los términos que, ya tarde, se impusieron en el Código renovado vigente en la actualidad (2009). En todo caso a muchos nos choca que Europa, esta Europa que no ha sabido darse una Constitución aplicable a todos los países que constituyen la UE, haya empezado sus constitución por el tejado, estableciendo órganos jurídicos, con potestad supranacional, que puedan dejar sin efecto, como ha sido el caso español, las resoluciones de las instituciones superiores del país, en nuestro caso el TS y el TC, sin tener una Constitución europea en la que basar sus resoluciones; de modo que, sin estar dotado de una base jurídica emanada de una legislación superior a la estatal y teniendo en cuenta que se trata de enmendar las leyes penales internas ( no de cuestiones fiscales, económicas o simplemente administrativas) sin embargo pueda enmendar la plana a tribunales constituidos por personas tan capaces, tan ilustradas y tan solventes como son los magistrados del Tribunal Supremo de nuestra nación.

El poder nace del pueblo, dice la democracia, y es el pueblo quien debe juzgar la actuación de aquellos órganos que lo representan. El clamor unánime que ha levantado en nuestra nación tan grave decisión; la repulsa de la mayoría de la ciudadanía española y la unanimidad del rechazo de familiares de las víctimas de los vilmente asesinados por los etarras que van a ser puestos en libertad, no sólo ponen en cuarentena la actuación del TDHE sino que reclaman del actual Gobierno de la nación que, sin más dilación, inicie una campaña de información a nivel internacional que deje bien claro quienes son las víctimas y quienes los criminales. O esto es, señores, lo que yo, como ciudadano y español, le reclamo al señor Rajoy y su gobierno.

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