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Etiquetas:   Cartas al director   -   Sección:   Opinión

El Estado español condenado en Estrasburgo

José Manuel Onieva, Granada
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@DiarioSigloXXI
viernes, 25 de octubre de 2013, 08:44 h (CET)
Desde que el pasado lunes conocimos la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de anular la “doctrina Parot”, la inmensa mayoría de los ciudadanos nos sentimos indignados y solidarios con el indudable dolor que tal sentencia supone para las víctimas del terrorismo, familiares y amigos. Pero, no nos engañemos nuevamente, pues en mi opinión, la responsabilidad no es del Tribunal sino del Estado español que ha sido justamente condenado por que pretendía mantener una auténtica aberración jurídica: aplicar retroactivamente a una condenada una nueva fórmula de cumplir su pena, diferente y peor que la contemplada en el Código Penal de 1973 por el que se la juzgó y condenó. Debió salir en julio de 2008 y se le pretendió aumentar hasta julio de 2017. La etarra recurrió y le han dado la razón. Tal “chapuza jurídica”, que no de otra forma ha sido calificada en múltiples medios de diferentes ideologías, a quiénes deja muy mal es a los que la han producido, a los miembros concretos de los tres poderes del Estado que en la misma han participado.

Los sucesivos gobiernos de UCD, PSOE o PP, con mayorías absolutas o con el apoyo de otros partidos, fueron muy lentos en adoptar los cambios legislativos, en parte ya vigentes, para que estas situaciones no se produjeran. En nuestro país, desgraciadamente, no se previenen las situaciones sino que se actúa a posteriori de las mismas. Encima, tienen tan poca vergüenza algunos políticos que ya están tirándose los trastos a la cabeza y señalando como culpable al otro. En resumen, no nos merecemos unos gobernantes que generen problemas en vez de resolverlos y hagan el ridículo hasta la extenuación.

La “doctrina Parot” ya fue criticada en 2006 por tres votos particulares de magistrados del Supremo que no la apoyaron. El Tribunal de Estrasburgo ha venido a darles la razón y yo, desde aquí hago lo propio porque esta sentencia significa un triunfo del estado de derecho y una efectiva protección de nuestros derechos como ciudadanos. Lo que se quería imponer no sólo violaba el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad y a la seguridad, sino también el artículo 9 de la Constitución Española que prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Se puede estar contra delitos execrables y defender la legalidad. Lo cortés no quita lo valiente.
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