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Etiquetas:   España   Corrupción   -   Sección:   Opinión

El pulso TC-TS

Lucha enconada entre los dos princiapales órganos jurídicos del país
Germán Gorráiz López
@ggorraiz
viernes, 18 de octubre de 2013, 07:24 h (CET)
Parafraseando a Wright Mills en su libro 'The Power Elite' (1956),el establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media que serían los herederos naturales del legado del General Franco y que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet), iniciando asimismo una deriva autoritaria que habría ya convertido a la pseudodemocracia española en rehén del establishment y que tendría como objetivo último la implementación en el próximo quinquenio del “Estado Tardofranquista”.

Recordar que la metástasis de la corrupción afectaría a cargos electos de la mayoría de los partidos políticos que detentan el Poder en cualquiera de los corruptos Reinos de Taifas en que se ha convertido el Estado español (PP, PSOE, CDC, Coalición Canaria, IU y UPN), convirtiendo la escena política en un inmenso queso taladrado por la corrupción y envuelto en la capa de la inviolabilidad (estatus de aforado) establecido por la doctrina del Tribunal Supremo, devenido en dique de contención de los recursos populares contra la parasitaria y corrupta clase política establecida en cualquier segmento de poder.

Este ránking de la corrupción estaría integrado por escándalos como el caso Gürtel (Correa y Bárcenas- Valencia-Madrid); caso Palma Arena (Jaume Matas-Baleares); caso Noós (Urdangarin-Baleares); Palu de la Música (CDC-Barcelona);caso ITV (Oriol Pujol-Cataluña); Operación Marea (PSOE-Asturias);Trama de las Comisiones (PNV-Álava), caso de los ERE fraudulentos ( PSOE- Andalucía);Operación Pokemón y Campeón (PSOE y PP-Galicia), caso Manilva (IU-Andalucía), caso Arona(CC-Canarias) así como el caso de las dietas de la extinta Caja de Ahorros de Navarra (Sanz y Barcina-Navarra), protegidos en la mayoría por el status de “aforado” establecido por el Tribunal Supremo, lo que de facto, convierte a dichos políticos aforados en intocables ante la Ley.

Asistimos pues a la escenificación de una lucha enconada entre un Tribunal Supremo, devenido en garante y tabla de salvación de las élites político-financieras del establishment inmersas en el top-ten de la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias y el Tribunal Constitucional,convertido en el último reducto de la resistencia democrática ante la progresiva implementación del nuevo Estado jacobino-autoritario. Dicho anacronismo político beberá de las fuentes del centralismo jacobino francés y del paternalismo de las dictaduras blandas y vendrá refrendado por iniciativas como la aprobación de la nueva Ley de Educación (Lomce);el rechazo del Grupo Popular a la proposición no de ley de IU para “sancionar penalmente los actos de apología de la dictadura franquista así como la actividad delictiva de los grupos de ultraderecha” y la previsible modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de huelga, reunión y manifestación.

Así, no sería descartable la próxima modificación de la actual Ley de Huelga a petición de la CEOE y una nueva y agresiva reforma del Código Penal, en la que se penalizará la resistencia a la autoridad (tanto activa como pasiva) y la convocatoria de concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación, (incluido Internet y las redes sociales como Facebook, Twitter), con el objetivo inequívoco de hacer realidad la frase de Fraga en su etapa de Ministro de la Gobernación del régimen franquista (“La calle es mía”). A ello se le añadirá la adopción en las ciudades gobernadas por el PP como Madrid, de medidas anticívicas calcadas de la Ley franquista de Buen Gobierno (1948), la posterior implantación en todo el Estado español de un clon de la Ley de Vagos y Maleantes (ley nacida en la II República y adoptada por aclamación por el régimen franquista), así como la impugnación por el Gobierno central del proyecto de referendum independentista de la Generalitat catalana, medidas que terminarán por finiquitar la más larga experiencia pseudodemocrática de la historia del Estado español (30 años).
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