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Etiquetas:   Ley de Acción Exterior   Margallo   -   Sección:   España

El PP tumba todas las enmiendas a la totalidad a la Ley de Acción Exterior

El PP adelantó que estará dispuesto a aceptar enmiendas parciales
Redacción Siglo XXI
@DiarioSigloXXI
miércoles, 16 de octubre de 2013, 06:46 h (CET)
El Grupo Popular tumbó este martes con su mayoría absoluta las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos del PSOE, CiU, PNV, La Izquierda Plural y Mixto al proyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, cuyo contenido explicó el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo.

El Pleno votó en primer lugar conjuntamente las enmiendas de PSOE, PNV, CiU y Grupo Mixto, y fueron rechazadas con 173 votos, por los 141 diputados que votaron a favor y los 5 que se abstuvieron.

Posteriormente se votó la enmienda con texto alternativo de La Izquierda Plural, que fue rechazada con 182 votos, por los 17 que la apoyaron y 121 abstenciones.

En su exposición inicial, Margallo señaló que este debate en el Congreso “llega con 35 años de retraso” porque “ se han sucedido los intentos para traer a las cámaras una ley que inserte la política exterior, la acción exterior y el servicio exterior” españolas, pero ninguno pasó el filtro del Consejo de Ministros. “Eso da idea de la complejidad de la materia que tenemos entre manos”, advirtió.

Como en otras ocasiones, defendió la ley como la necesidad de que la política exterior tenga “un marco conceptual explícito” que la haga previsible, y el que no lo hubiera hasta ahora le parece “una anomalía típicamente española”.

También como necesidad de encajar la acción exterior de las comunidades autónomas y otros sujetos públicos y privados en la del Estado y la de éste en la de Unión Europea y en la época de la globalización, en la que, o se tiene un Estado fuerte con una imagen potente o éste perecerá bajo los intereses de las multinacionales y de potencias que duplican su PIB cada 10 años.

También atribuyó la política exterior exclusivamente al Gobierno central, enlazada con el proyecto de país, mientras que la acción exterior la pueden ejercer en el ámbito de sus competencias todos los ministerios, las comunidades autónomas, otras administraciones e instituciones, siempre ejercida en el seno de sus competencias y sin contradecir la política exterior.

En este aspecto, hizo un inciso al confiar en que la ley de acción exterior que prepara la Generalitat recoja el principio de lealtad institucional.

Defendió, contra lo que argumentaba la enmienda a la totalidad del PSOE, que el proyecto de ley defina los ámbitos de actuación de la acción exterior, aunque no tengan que ser rígidos, pues esto no se puede soslayar en ningún texto legislativo.

También subrayó que la ley defiende que las comunidades autónomas ejerzan su acción exterior en el ámbito de sus competencias, sin entrar en el núcleo duro de política exterior del Estado, y avaló el texto que se prepara en Cataluña porque coincide con esto.

Pero justificó la ley por el “desorden” provocado por las 166 oficinas de las comunidades autónoma en el exterior, los 931 viajes,y los 277 memorandos de entendimiento firmados por las comunidades autónomas que se encontró al llegar al Ministerio, sin que muchas veces Exteriores tenga conocimiento de su contenido.

“Todo lo que dice la ley en relación a las comunidades autónomas tiene un tono de invitación y mano tendida”, aseveró Margallo, recordando que la norma sólo dispone que las comunidades deberían informar de sus viajes al extranjero para que Exteriores les aconseje y ayude, sin obligarles a ello, y sólo pretende impedir que las comunidades invadan “ por la puerta de atrás” competencias del Estado. Sobre la integración de oficinas autonómicas en las estatales, aseguró que por cada una que lo haga la comunidad ahorrará ocho veces más que el Estado.

En definitiva, concluyó que pretende ser inclusiva, integradora y busca la eficiencia y la transparencia, punto de partida para que se haga de España un actor más potente en el área internacional, lo que redundará en beneficio de todos.

El Grupo Popular adelantó que tumbaría con sus votos todas las enmiendas a la totalidad defendiendo, en palabras de su portavoz José María Beneyto citando a José Ortega y Gasset, que la obligación de la política es introducir orden en un mundo convulso, y que es lo que hace la Ley de Acción Exterior que no supieron, dijo, sacar adelante los gobiernos socialistas para poner orden en la proliferación de actores. Y acusó a los grupos contrarios de leer en la ley cosas que no dice, como la imposición o la constricción a las comunidades autónomas.

Eso sí, adelantó que el PP estará dispuesto a aceptar enmiendas parciales que vayan encaminadas a mejorar los derechos laborales del personal de las embajadas y, en general, a que en el trámite parlamentario esta ley pase a serlo la de todos.

Álex Sáez, portavoz del PSOE, justificó su enmienda a la totalidad en la forma y el fondo, porque las parciales no pueden cambiar su “sesgo preconstitucional” y su carácter de “imposición”. Reconoció que faltaba el desarrollo legislativo de la política exterior que han tenido otros ámbitos desde la aprobación de la Constitución, y por eso consideró tanto más necesario el consenso.

Sin embargo, objetó, el Gobierno ha “ninguneado” a los grupos parlamentarios y a los sectores implicados. Además, lamentó que la política exterior se siga hurtando al debate parlamentario y que ningunee la cooperación al desarrollo, a cuyos actores no se refiere el texto de la ley.

Finalmente, cree que la norma debe incorporar mecanismos efectivos de coordinación entre todos los sujetos que pueden ejercer acción exterior, pues el Consejo de Política Exterior es sólo gubernamental.

Esto refleja, a su modo de ver, un planteamiento “centralista y excluyente” y está construido sobre la “obsesión por controlar” a las comunidades autónomas y la desconfianza hacia ellas, precisamente en un momento de crisis territorial. “No cuenta con la orquesta”, le espetó a Margallo, describiéndole como un director que toca él solo ante el espejo

El portavoz de Exteriores de CiU, Jordi Xuclá, explicó su enmienda a la totalidad partiendo de la aceptación de la diferencia entre política exterior y acción exterior, pero aseguró que no se traslada adecuadamente al articulado.

Recordó que el Estatuto catalán de 2006 contemplaba una acción exterior para la Generalitat y que el Tribunal Constitucional no invalidó esta parte del articulado, por lo que deberían haberse tenido en cuenta en el proyecto de ley, y pidió al Gobierno “discrecionalidad política” para manejar la distribución competencial en lugar de tratarlo como “desorden” con prevenciones y prejuicios ante la acción exterior de las comunidades autónomas, y querer protegerse de ésta última con una “coordinación jerárquica”.

Eso sí, prometió que la ley de acción exterior catalana estará en el marco del Estatuto pero también de la distribución competencial estatal, aunque le invitó a llegar a consensos sobre ambas leyes en lugar de recurrirse mutuamente al Tribunal Constitucional.

Desde Izquierda Plural, Joan Josep Nuet se mostró convencido de que hay alternativas a esta ley, que, dijo, es sólo del PP. Así justificó el texto alternativo que presentó su grupo parlamentario como más avanzada y moderna y con “raíces democráticas más profundas”. En su opinión, el proyecto gubernamental se queda a medias, pues no traslada la articulación interadministrativa de otras políticas a la exterior, pecando de excesivo dirigismo.

Nuet le achacó falta de diálogo con grupos parlamentarios y comunidades; aseguró que los objetivos del país en el exterior deben emanar de las Cortes y no del Ejecutivo; y apostó por la coordinación y complementariedad entre distintas administraciones, con un ámbito propio de las autonomías, y por la inclusión de la sociedad civil en el Consejo de Política Exterior.

Por último, criticó la lógica excesivamente comercial del planteamiento y que abandone los objetivos de cooperación, que a su juicio también contribuyen a la imagen de España en el extranjero.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, opinó también que el Gobierno no ha tenido ningún diálogo con los grupos parlamentarios sobre esta ley, y, aunque admitió la distinción entre política exterior y acción exterior planteada por el ministro, rechazó que las comunidades tengan que someterse a la planificación del Gobierno central, apostando en lugar de la jerarquización por la distribución de competencias entre ambas administraciones y dejando libertad de actuación a éstas últimas en su ámbito.

En particular, se negó a que las comunidades autónomas tengan que someterse a los objetivos de cooperación del Estado y que informar de cualquier viaje de un director general para cerrar un contrato. No obstante, prometió enmiendas constructivas para crear un clima de confianza entre administraciones.

En el Grupo Mixto, Rosana Pérez Fernández (BNG) objetó que el Gobierno pretende recortar competencias autonómicas y dejarlas en músicos de segunda fila que han de tocar la misma melodía del Gobierno central, que pasa a tener la última palabra en todos los aspectos y no pretender una coordinación con las otras administraciones.

Esa línea centralizadora continuaría, según ella, en la obligación de las comunidades de informar al Ministerio de sus visitas, acuerdos, apertura de oficinas en el exterior e intercambios, para que el Gobierno pueda “tutelar” su acción exterior e invadir las competencias autonómicas, subordinándolas al interés del Ejecutivo.

Desde ERC, Alfred Bosch dijo que con esta ley el Gobierno hace de “perro del hortelano”, preguntándole al ministro qué ha conseguido con su acción exterior, y criticando que tampoco deje actuar a las comunidades autonómicas, por ejemplo Cataluña, invadiendo competencias autonómicas y haciendo que la Generalitat tenga menos libertad de acción exterior que una ONG o un Ayuntamiento.

Concluyó, en esta línea, que la ley es un acoso y derribo a la voluntad de los catalanes , por presionar supuestamente a embajadores contra el proceso soberanista.

En nombre de Amaiur, Jon Iñarritu dijo que ésta es una ley más del PP en su vuelta de tuerca al centralismo, cuando ha fallado el Estado autonómico, y que la ley no respeta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respetando las competencias de las comunidades. Conectando con las pretensiones independentistas del grupo, vio la ley como un motivo más para crear un Estado vasco, y adelantó que promoverá que se obedezca pero no se cumpla.

UPyD no presentó enmienda a la totalidad, pero en su intervención para fijar posición, la portavoz Irene Lozano, aclaró que no le gusta el proyecto de ley y que el informe del Consejo de Estado sobre el mismo sería el texto alternativo que esta formación presentaría. Lamentó que del proyecto inicial ha quedado la “grandilocuencia” de hacer una gran ley coordinadora y quedarse a medias por “desestimiento”.

En sentido contrario a los grupos que enmendaron la ley a la totalidad, recordó que la competencia exclusiva del Estado en política exterior ya está en la Constitución, y sugirió que la ley debería ser más rotunda en el control previo de las acciones exteriores de las comunidades, en que la información de los viajes sea previa y en que el Estado ha de tener siempre la última palabra para que el particularismo autonómico no siga insistiendo en que sus intereses propios están en contra y no son defendidos por el Gobierno central.

Margallo quiso volver a intervenir para contestar a los distintos portavoces. Sobre las objeciones más recurrentes, dijo que la ley no puede ser centralizadora porque la Constitución y el Tribunal Constitucional han fijado claramente las competencias del Estado y las comunidades autónomas, insistió en que la Embajada ayudará a los gobiernos autonómicos en sus viajes y sólo sugerirá las alternativas a abrir oficinas comerciales , y aclaró que la elaboración del anteproyecto arrancó once meses antes que la ley de acción exterior catalana, luego no puede ser una réplica a ésta.

Ante ERC, además, esgrimió los 50.000 millones de euros que asegura han conseguido empresas españolas, entre ellas catalanas, en licitaciones; se declaró efectivamente “beligerante” contra la deriva soberanista catalana reiterando que el Gobierno empleará “todas las herramientas a su alcance para defender la Constitución”.

A Amaiur le preguntó irónicamente si la hipotética Euskadi independiente también se reservará el “pase foral” de obedecer pero no cumplir una directiva emanada de Bruselas, porque será “una aportación intelectual inédita” en el Derecho europeo.

A CiU le contestó que las embajadas de India e Israel estarán a su disposición cuando el presidente de la Generalitat viaje allí, porque lo hace con cualquier español. Y, en sentido contrario, a UPyD le dijo que las comunidades autónomas también son Estado.
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