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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

¿Para cuando la ilegalización de Bildu?

“El temor no hace que no suceda lo que recelamos”. Francisco De Quevedo Y Villegas
Miguel Massanet
sábado, 12 de octubre de 2013, 11:15 h (CET)
Resulta curioso el empecinamiento del Gobern catalán en intentar rechazar el nombramiento, como miembro y presidente del TC del señor Pérez Cobos, con la excusa de haber pertenecido al PP; aunque ya no militara en él cuando asumió su cargo. Como era de esperar el pleno de dicho órgano ha rechazado las pretensiones nacionalistas y se ha reafirmado en el nombramiento que, en su día, se hizo para que ocupara la presidencia de dicha institución.

Lo más extraño es que, cuando ocupaba dicho cargo el señor Pascual Salas, progre reconocido en todas las instancias de la política, cuya “posición ideológica” de izquierdas, como la de la propia Margarita Robles (JpD), miembro del TS y vocal del CGPJ a propuesta del PSOE; conocida por sus posiciones de izquierda y adicta al ideario del Partido Socialista, no fueran rechazados cuando fueron nombrados para sus respectivos cargos. No podemos creer que, el hecho de tener un carné de una determinada formación política pueda hacer suponer que un juez no será imparcial en sus resoluciones y, por el contrario, el haber demostrado, en numerosas ocasiones, en sus manifestaciones públicas, como es el caso de Pascual Salas y Margarita Robles, sus posiciones evidentemente izquierdistas, no sea considerado como un impedimento para seguir en sus cargos.

Es evidente que, el mero hecho de ser juez o magistrado no implica que, el ser humano que ostenta dicho cargo, deje de tener sus propias opiniones políticas ni sus preferencias ideológicas hacia una determinada filosofía social. Ello no obsta para que, en el momento de impartir Justicia o de tomar una decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o de una conducta que pueda estar en contra de los preceptos constitucionales, no tenga la imparcialidad precisa para actuar conforme a su obligación como miembro, sea del TC o de un Tribunal de justicia cualquiera.

Y esta consideración viene a cuenta cuando vemos los catastróficos resultados que ha traído tanto para el País Vasco como para el resto de España aquella descabellada decisión del TC rectificando una del TS, especialmente defendida por su presidente, el señor Sala, en virtud de la cual se autorizó a presentarse como una formación política cualquiera, al grupo abertzale BILDU formada por sujetos que habían pertenecido a otras formaciones precedentes ilegalizadas. A pesar del extenso informe de la policía y de la constatación de que no se trataba más que de otro intento de Batasuna de entrar en política, el TC se negó a ilegalizarla y así pudo presentarse a las legislativas del 2011 donde sacó unos buenos resultados que le permitieron ocupar una gran mayoría de los municipios vascos y navarros desde los cuales, con total impunidad, se dedica a promocionar las actividades separatistas permitiendo que, en muchas localidades, las muestras de apoyo a ETA y al independentismo vasco, sean algo habitual. Últimamente han tenido lugar manifestaciones multitudinarias a favor de los presos etarras y pidiendo su liberación o acercamiento al país vasco.

Si, en su momento, el TC alegó que no tenía pruebas suficientes de que BILDU estuviera relacionada con BATASUNA ni tuviera nada que ver con ETA, no hay duda de que, a través de los dos años en los que BILDU ha entrado en política, son innumerable las pruebas y los hechos que vienen demostrando que esta formación política no es más que un apéndice de la banda criminal ETA, cuyas hazañas se han negado a condenar en cada ocasión en que se les ha pedido que lo hicieran, demostrando que no se trata más que de un grupo abertzale al servicio de ETA, del que ésta se vale para financiarse y disponer de un servicio de información que le permite estar al corriente de todo lo que le interesa controlar para poder seguir, aunque ha renunciado a matar, en su empeño independentista sin que, su presunta buena voluntad de disolverse y entregar las armas, haya tenido lugar ni parece que existan trazas de que esto vaya a ocurrir por el momento.

Sin embargo, aunque desde la UVT y demás asociaciones de víctimas del terrorismo se viene insistiendo en que ya existen claros motivos para ilegalizar BILDU, no parece que ni el Gobierno ni los tribunales de Justicia hayan dado muestras de tener intención de iniciar el procedimiento para su ilegalización. Al contrario, algunas decisiones de los jueces respecto a determinados permisos penitenciarios, como ha sido el caso del etarra Bolinaga, supuestamente en estado terminal y que, no obstante sigue en libertad y, aparentemente, recuperado, después de más de un año de su puesta en libertad; han exasperado a las asociaciones de víctimas del terrorismo que se declaran humilladas y heridas en sus sensibilidades al ver como, un reo de terrorismo, se pasea libremente por las calles del País Vasco, sin que aquella situación terminal parezca que haya producido sus letales efectos. Las autoridades se hacen las desentendidas a las peticiones de que se le devuelva a la prisión, donde puede ser atendida su dolencia lo mismo que en la localidad donde reside.

Uno se pregunta, a la vista de unos hechos tan chocantes; si será cierto que, como parece haberse convertido en una costumbre habitual de nuestros gobernantes, no existe algún tipo de pacto soterrado entre la banda ETA y el Gobierno, por el que unos se hayan comprometido a seguir sin matar y los otros, a cambio, hayan accedido a tener ciertas consideraciones con los presos y a seguir dando apoyo a BILDU, a pesar de que resulta evidente su conexión directa con los extremistas de Herri Batasuna, la ilegalizada colaboradora con ETA; razones más que sobradas para instar de nuevo la ilegalización, ente el TC. En cualquier caso, lo que resulta evidente es la incomodidad que al Gobierno le producen las constante reclamaciones procedentes del entorno de las víctimas del terrorismo, que no se resignaran a que aquellos que atentaron contra sus amigos y familiares se salgan con la suya y ahora, por simples intereses políticos, el Estado se preste a llegar a supuestos acuerdos, como ya ha sucedido en algunos casos poco claros, como el del etarra Josu Ternera, al que se le trató a cuerpo de rey y, finalmente, se fugó en unas circunstancias muy poco claras; sin que, hasta el momento, se haya conseguido recuperarlo.

Ante un panorama semejante cabe preguntarse qué relación tiene esta conducta permisiva, llevada a cabo por el Ejecutivo del señor Rajoy, con un posible pacto a tres bandas con el PNV del señor Urkullo, BILDU y el Gobierno de España. Y puestos a elucubrar ¿qué está sucediendo para que se permita que, en Catalunya, el separatismo vaya in crescendo, se den pasos de gigante hacia el llamado referendo para “el derecho a decidir” y esta aparente apatía con la que, el señor Rajoy y su equipo, se limiten a salir del paso, negar la posibilidad de un triunfo de los separatistas pero, en ningún caso, se aprecia un gesto de firmeza que demostrara a la Generalitat y a todos los que ya dan por conseguida la independencia, que España no va a consentir, bajo ningún concepto, que una autonomía española, sea Catalunya, el País Vasco, Baleares o cualquier otra, desafíe al Estado y se crea en condiciones de decidir, unilateralmente, un destino distinto del que establece nuestra Constitución.

Son demasiados los interrogantes que se ciernen sobre los ciudadanos españoles y, en honor a la verdad, cada día que pasa más crece el temor de que, detrás de tanto secretismo, se esté tramando la venta a pedazos de nuestra nación. Al menos esta es nuestra percepción.
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