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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Una revisión del valor del Catastro ¿será para bajarlo, no?

“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”: Montesquieu.
Miguel Massanet
miércoles, 9 de octubre de 2013, 06:19 h (CET)
En ocasiones los que ostentan el poder, los gobernantes, los encargados de actuar con justicia en bien de los gobernados toman decisiones, arbitran acciones y aplican normas que, a ojos de los ciudadanos,  nos parecen contradictorias, carentes de sentido y, en muchas ocasiones, contrarias a la razón y al más elemental sentido común. Y nos estamos refiriendo, como no, al anuncio de una próxima revisión del valor catastral de los inmuebles que, al parecer, pretende llevarse a cabo mediante un proyecto de Ley que ha incluido el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado.

De hecho, los ayuntamientos y autonomías por su cuenta y, a la vista de la falta de recaudación provocada por el cese de nuevas construcciones y el parón general del sector inmobiliario, han acudido al recurso más fácil que les permite recaudar de los sufridos contribuyentes una parte de lo que han perdido a causa de la menor recaudación por falta de nuevas obras. Los ajustes en el catastro y los aumentos de todas las tasas, así como la implantación de otras nuevas; ha sido el recurso del que se han venido valiendo autonomías y municipios para sobrevivir e intentar mantener en nómina el personal sobrante que existe en la mayoría de ellos debido a los excesos de contratación que se permitieron, pensando que su recaudación de tributos iría en aumento y así podían darse el lujo de aumentar sus plantillas, ejercitando impunemente el nepotismo y el clientelismo con amigos y familiares.

Las actuales circunstancias del sector inmobiliario, han dado al traste con los proyectos y ambiciones de alcaldes y concejales que pensaron que nunca tendrían que recortar gastos y sostener una situación que, a todas luces, resultaba imposible de mantener. El hecho es que, como suele ocurrir siempre que se produce una situación de crisis, a los primeros a los que se acude es a los ciudadanos, los ciudadanos de a pie que, generalmente, se encuentran indefensos ante los abusos administrativos, que se materializan en sucesivos aumentos de impuestos y tasas municipales; sin que se tome en cuenta que los más afectados por las crisis económicas son siempre los que menos recursos tienen y los pequeños ahorradores.

Lo lamentable es que se hable de nuevos retoques en el Catastro nacional (que dicen van a afectar a 570.000 inmuebles), cuando se ha producido un hecho evidente y es que, desde el 2007 al corriente año, el valor de venta de los bienes inmuebles ha decrecido en una cifra superior al 50% de su valor. Todos pensábamos que, el valor catastral variaba cuando se producían diferencias sustanciales entre los valores de mercado actuales y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, bien por modificaciones del planeamiento urbanístico o por otras circunstancias y tras haber transcurrido el plazo legal establecido al efecto. Lo que nunca nos hubiéramos imaginado es que, como ha sido práctica común durante los últimos años, las revisiones catastrales siempre estuvieran orientadas a favorecer a la Administración tributaria, aún en el imprevisto caso (como ha ocurrido desde que se inició la crisis inmobiliaria) de que los valores de venta hubieran caído de forma vertiginosa, estrellándose sobre un suelo el 50% más barato respecto a aquel de la última revisión catastral.

Estamos de acuerdo en que, en España, se lleve a cabo una nueva valoración del mercado inmobiliario por medio de la cual los impuestos que gravitan sobre los bienes inmobiliarios se apliquen sobre los valores actuales, sobre aquellos por los que hoy un propietario que quiera vender su vivienda pueda hacerlo porque, señores, la realidad es que hasta este momento el que tiene necesidad de vender cualquier bien inmueble lo primero con lo que se encuentra es que no hay demanda y, en el caso de que tenga la suerte de encontrar un comprador, lo más probables es que deba rebajarla, en muchas ocasiones muy por debajo de aquel por el que la adquirió. 

Lo inimaginable es que, el afán recaudatorio de las Administraciones; su reticencia a recortar gastos públicos; a prescindir de exceso de funcionarios; a rebajarse las retribuciones y a concertar, con otros municipios, la contratación de determinados servicios públicos, como podría ser el caso de la limpieza, los servicios de jardinería, los técnicos municipales etc. para compartirlos y, con ello, conseguir mejores precios y una rebaja del gasto público; nos lleve a la rocambolesca situación en la que el Catastro que es quien valora el precio básico del inmueble sobre el que recaerán el resto de impuestos y tasas, se convierta en otra arma recaudatoria, aún ante la evidencia unánimemente constatada de que, en la actualidad, el valor catastral está muy por encima del valor real de venta. Lo que debieran hacer es ayudar a la ciudadanía rebajando, como se nos prometió, los impuestos y aligerando a las familias de la presión tributaria que, en los últimos tiempos, está rayando la línea roja de lo que es incautatorio.

El Gobierno tiene un compromiso con los españoles que, por lo que sea, parece que no se atreve a llevar a cabo; aunque la CE fue una de las condiciones que le impuso a España cuando estaba a punto de ser rescatada. Se trata de la gran reforma de la estructura del Estado, el aligeramiento del insoportable peso de las Administraciones públicas, tanto en lo que hace referencia al Estado central como a las propias autonomías. El señor Rajoy justifica el que no se puedan reducir los impuestos que, sin duda sería un medio de reactivar la demanda y ayudar a las industrias a su recuperación, argumentando que no existe posibilidad, debido a la situación delicada en la que se encuentra el país, el gran endeudamiento que tiene que soportar y la necesidad de reducir drásticamente el déficit público; para lo cual haría falta, precisamente, que el gasto público fuera objeto de una revisión a fondo para evitar duplicidades, sentar las costuras a aquellas autonomías donde se despilfarra manteniendo empresas públicas innecesarias y realizando gastos, subvenciones, mecenazgos y demás donaciones para favorecer sus intereses partidistas, nacionalistas o, incluso, de orden separatista.

No se puede seguir oprimiendo a la ciudadanía. Si existen en España cerca de 6 millones de personas sin empleo; si se han llevado a cabo recortes en la Sanidad pública, las prestaciones de la SS. o se han congelado las pensiones y, no obstante, se anuncian subidas absurdas que van a condenar a los pensionistas a tener que apretarse más el cinturón; se sigue sin proporcionar los créditos a las empresas y no se consigue una verdadera recuperación de las Pime y autónomos y ahora, para satisfacer a los municipios y comunidades (que no han sabido recortar sus gastos de funcionamiento y pretenden repercutirlos aumentando los impuestos) se insiste en dar una vuelta de tuerca más, mediante una nueva valoración catastral que vaya a significar un aumento de impuestos y tasas, deberemos llegar a la conclusión de que nuestros gobernantes se han vuelto locos y han perdido el sentido de la proporción y de la decencia.

Es posible que algunos pensemos que se está llegando a una situación insostenible que no permite más improvisaciones ni experimentos. O así es, señores, como pienso yo.

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