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Etiquetas:   Irlanda   Senado   -   Sección:   Internacional

Los irlandeses deciden hoy en referéndum si suprimen el Senado

Ahorrarían 20 millones de euros al año
Redacción Siglo XXI
@DiarioSigloXXI
viernes, 4 de octubre de 2013, 06:55 h (CET)
Los irlandeses deben decidir este viernes si suprimen el Senado del país, con apenas poderes y que le cuesta a las arcas del Estado unos 20 millones de euros al año, según el primer ministro, Enda Kenny, quien ha enmarcado este paso en los ajustes que está realizando el país, que fue rescatado por la UE y el FMI.

Los sondeos dan prácticamente por segura la abolición del Seanad. Según la última encuesta publicada el martes por el 'Irish Times', el 62 por ciento de los irlandeses --si se descuenta a los indecisos-- está a favor de suprimir el Senado del país, mientras que el 38 por ciento se muestran en contra. No obstante, el respaldo a la medida ha ido en retroceso desde febrero, cuando era del 74 por ciento.

Si se tiene en cuenta a todos los consultados, el 44 por ciento se muestra a favor y el 27 por ciento de declara en contra, mientras que el 21 por ciento dice que aún no sabe qué va a votar y el 8 por ciento tiene claro que no irá a votar en el referéndum de este viernes.

Desde el Fine Gael, el partido de Kenny, así como desde el Partido Laborista, su socio de coalición, han tratado de movilizar a sus votantes y les han instado a evitar la complacencia y dar por seguro la victoria.

En el último acto de campaña este miércoles, Kenny insistió en que el Seanad es un órgano ineficaz y sin poderes y descartó su reforma, como propone el principal partido de la oposición, el Fianna Fáil, que está haciendo campaña en contra de la supresión con el argumento de que se puede reformar y que la mayoría de sus miembros podrían ser elegidos directamente por los ciudadanos en lugar de ser designados.

"Cuesta 20 millones de euros al año el gestionarlo. No es democrático. Es minoritariamente representativo. No es posible reformar este órgano", subrayó. "El Dáil (Cámara Baja) es la cámara en la que, en virtud de la Constitución, el Gobierno debe rendir cuentas", defendió.

"No puede haber nada más democrático que pedir a los ciudadanos este cambio. El sistema político ha fallado desde hace 70 años bajo todos los gobiernos, incluido el mío, en afrontar este asunto", afirmó Kenny, para quien "hace falta una respuesta directa, sí o no". "Siempre deposito mi fe en los ciudadanos y lo haré así el viernes", remachó.

En la actualidad, once de los 60 senadores que integran el Seanad son designados por el 'taoiseach' (primer ministro), mientras que seis son elegidos por los graduados en dos universidades irlandesas y los 43 restantes son elegidos principalmente por los consejeros locales.

Los irlandeses también deben pronunciarse hoy viernes sobre la creación de un nuevo Tribunal de Apelaciones en el país, medida ésta que cuenta con el respaldo de los principales partidos y, según los sondeos, también de la mayoría de los ciudadanos. Según el sondeo del 'Irish Times', descontando a los indecisos, el 76 por ciento dice que votará a favor y el 24 por ciento en contra.

Los detractores de esta medida consideran que no es necesario un Tribunal de Apelaciones y que su labor podría realizarla el Tribunal Supremo si modificara su forma de trabajo y fuera más eficiente, reduciendo así sus demoras.

A este respecto, según informó este jueves el 'Irish Times', el Gobierno de Kenny tiene previsto reducir a la mitad el numero de magistrados del Supremo, hasta cinco, si sale adelante la creación del Tribunal de Apelaciones. Para ello, se optaría por no buscar sucesor a los cinco próximos magistrados que tengan que retirarse.

Actualmente, el Supremo cuenta con ocho magistrados, mientras que el Gobierno ha designado a otros dos, que está previsto que preste juramento de su cargo este mismo mes. Según el diario, la designación de estas dos jueces es una medida a corto plazo para reducir el retraso de cuatro años en las apelaciones, un problema que el Ejecutivo espera subsanar a largo plazo con la nueva corte.

El plan del Gobierno prevé que el futuro Tribunal de Apelaciones se encargue de todos los casos de apelación de decisiones del Tribunal Superior, mientras que el Supremo se encargará de las apelaciones de los casos más relevantes.
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