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Etiquetas:   El crisol   -   Sección:   Opinión

¿Porqué y para qué disimular?

No es necesario el disimulo cuando la ciudadanía está al cabo de la calle en lo que respecta a tan pintoresca e histriónica designación
Pascual Mogica
miércoles, 2 de octubre de 2013, 05:53 h (CET)
Yo creía que a estas alturas y después de haber escuchado y leído que en nuestro país existen jueces y fiscales que unos son progresistas y otros conservadores a nadie podía extrañar el “numerito” que se montó días pasados por el hecho de que el presidente del Tribunal Constitucional estaba afiliado al Partido Popular cuando fue designado como componente de dicho tribunal a propuesta de esta formación política conservadora.

Bien es cierto que la ley no permite que los jueces estén afiliados a un partido político y la verdad es que yo no lo entiendo. No entiendo el por qué si los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por el poder legislativo, diez por el Congreso y diez por el Senado, es decir que son elegidos por los partidos políticos representados en la Cámara Baja y en la Alta, y los componentes del Tribunal Supremo, en un número indeterminado, son nombrados por su Majestad el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial cuyos vocales, como antes digo, han sido designados por los partidos con representación parlamentaria y si tenemos en cuenta que los doce miembros que componen el Tribunal Constitucional, 10 son directamente elegidos por el poder político y otros 2 designados por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros, repito una vez más, han sido elegidos por los políticos, no entiendo el porqué la ley prohíba expresamente que no pueden estar afiliados a un partido político cuando es público y notorio que los partidos políticos, cada uno de los que intervienen en la propuesta, presentan a aquellos magistrados en función de la afinidad ideológica que los propuestos tengan con cada partido en cuestión, de ahí el que se diga lo de jueces “progresistas” o jueces “conservadores”, definición esta que provoca una cierta alarma en la ciudadanía que piensa que los jueces no tienen que juzgar basándose en el progresismo o en el conservadurismo sino en lo que los textos legales, la ley, marquen al respecto. Ya va siendo hora de acabar con estas etiquetas que como antes he dicho solo contribuyen a que el español desconfíe, al propio tiempo que crea una cierta confusión y una clara falta de credibilidad en la Justicia.

Hay que reconocer que cuando el Partido Popular propuso al hoy presidente del Tribunal Constitucional estando este afiliado a este partido, estaba infringiendo la ley que prohíbe la militancia de los magistrados en un partido político y esta circunstancia se dio en el actual presidente del alto tribunal que ejerció en el Constitucional desde el 29 de diciembre de 2010 estando afiliado al PP hasta 2011. Yo la verdad no veo la diferencia entre un magistrado de las tres instituciones, CGPJ, TS y TC, que esté afiliado a un partido político y el hecho de que este sea designado en función de su afinidad ideológica con el partido que le propone para desarrollar sus funciones, es lo mismo, sabido es que el hábito no hace el monje, es decir, el tener o no el carné de un partido no justifica o descarta su pertenencia a cualquier formación política. Esto debieron pensar en el Partido Popular a la hora de presentar al hoy presidente del Tribunal Constitucional, cuya dimisión por el hecho de la militancia se pedía pero que ha sido ratificado en su cargo por la mayoría de nueve votos a favor y dos en contra, los populares, muy posiblemente, se hicieron la siguiente pregunta: ¿Porqué y para qué disimular si la ciudadanía está al cabo de la calle en lo que respecta a tan pintoresca e histriónica designación? En el PP fueron consecuentes, se dejaron de formalismos extravagantes y sin sentido y fueron a lo práctico, un poco a escondidas porque no se dijo que el personaje en cuestión estaba afiliado al PP, pero es una práctica habitual en los políticos no dejar, de entrada, las cosas claras.

En fin aquí lo que se impone es que uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, no esté supeditado al manoseo de los políticos y arbitrar las normas precisas para que jueces y fiscales sean elegidos de modo y forma que los políticos no tengan ni voz ni voto en su designación. No sé cómo, soy un español de a pie, pero doctores tiene la Iglesia. En definitiva, que jueces y fiscales no estén sometidos, como lo están actualmente, al Poder Legislativo o lo que es lo mismo al Poder Político con mayúsculas. Hay que acabar con lo de “progres” y “carcas” y actuar como en justicia se debe hacer.
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