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La Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública pondrá en marcha este lunes una Consulta Ciudadana por la Educación, con la instalación de urnas electorales en centros escolares y universitarios de toda España.
La consulta se prolongará hasta el 13 de octubre y en ella podrá participar cualquier ciudadano a partir de los 14 años de edad.
Integrada por los sindicatos de profesores FETE-UGT, FECCOO y Stess; la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), y el Sindicato de Estudiantes, esta entidad prevé la colocación, previa autorización, de urnas electorales en las puertas de los centros y otros espacios de participación.
Su objetivo es que la ciudadanía exprese su opinión sobre los recortes en los presupuestos educativos por parte del Gobierno central y de las comunidades autónomas, la nueva ley educativa o el Real Decreto de Becas, que endurece los requisitos académicos para acceder a las ayudas este curso.
Además, la plataforma ha habilitado una web, 'www.consultaciudadanaporlaeducacion.org', a fin de facilitar la participación on line de un mayor número de ciudadanos.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves a las Cortes Generales del Estado que impulsen una reforma de la Ley General de Subvenciones para que no se concedan ayudas a las empresas que no respetan la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2%.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., (CHJ) ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la Demarcación debido a la ausencia continuada de precipitaciones en gran parte de la cuenca. Según los datos recopilados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el presente año hidrológico 2023-2024 está siendo el más seco de los últimos 33 años.
El Gobierno está elaborando un real decreto para obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con protocolos para garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores LGTBI y contra la discriminación y el acoso de los mismos, contemplando que, desde la aprobación del texto, el plazo para adoptar estas medidas sea de un año.
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