Tras la Diada de algunos catalanes la semana pasada, una de las noticias más destacadas durante estos días ha sido la contestación del Presidente Rajoy por carta a Artur Mas. Con algo de poesía se le ha dicho que “no” a un referéndum independentista pero ha matizado su compromiso a seguir con una disposición de dialogo con Cataluña.
La realidad es que todas las encuestas dan una victoria por la mínima a quienes votarían “sí” a la independencia, pero lo curioso es que este “sí” perdería en el caso de que se produjera una financiación mayor para Cataluña. El miedo a que la moneda euro se quedara sin valor alguno, y más importante aún, la salida automática de Europa que desde Bruselas han reafirmado esta semana, son los argumentos más sólidos para decir rotundamente no a la independencia.
Aun así el Gobierno no debe tener como objetivo en primer lugar la modificación de la financiación de Cataluña, ya que la solidaridad que ensalza la Constitución que debe existir entre todas las comunidades autónomas se perdería. Si se cambia la financiación debe ser para todas las comunidades siempre y cuando la que produzca más aporte más recursos económicos a aquellos territorios que producen y menos recursos tienen. La comparación Madrid-Cataluña es la prueba de que lo anterior no debe rebasarse en ningún caso: Madrid es la CCAA que más aporta al Estado mientras que Cataluña está en cuarto lugar, y a su vez la deuda de Cataluña es superior a la de Madrid.
Volviendo a lo que sí debe ser el objetivo del Gobierno es en velar porque todos los Presidentes autonómicos cumplan su función de representación del Presidente del Reino de España en aquella comunidad. Ningún Presidente puede animar o desanimar a asistir a una cadena que llama a la ruptura de España. Aunque no vaya. No estoy despreciando en ningún momento la cadena independentista que fue un acto reivindicativo que pese a no compartir ni su idea ni que se hiciera en el día de todos los catalanes, se debe tener en cuenta para estudiar el cambio de financiación. Pero si desprecio que desde las instituciones políticas, que con los impuestos de todos, se pretenda quebrantar la ley y por ende, la democracia en un territorio.
