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Etiquetas:   caso Faisán   ETA   Chivatazo  

Turno para el dueño del bar Faisán ante la Audiencia Nacional

Intenso calendario que prevé la declaración de más de un centenar de testigos
Redacción Siglo XXI
@DiarioSigloXXI
martes, 17 de septiembre de 2013, 07:31 h (CET)
El juicio sobre el chivatazo a ETA en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) que se produjo el 4 de mayo de 2006 continúa este martes con el final del interrogatorio al jefe del equipo que investigó el soplo, Carlos Germán, y las declaraciones, entre otros, del dueño del establecimiento, Joseba Elosua, informaron fuentes jurídicas.

Además de Elosua, que recibió la filtración policial que alertaba de la puesta en marcha de una operación contra el aparato de extorsión de ETA, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los hechos escuchará las versiones de su mujer, Avelina Llanos; su hijo, Joseba Elosua Llanos; y su yerno, Carmelo Luquín.

De igual modo, el calendario previsto por el tribunal contempla la declaración de más de un centenar de testigos a propuesta de la Fiscalía y la defensa del exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies.

Versiones contrapuestas
En la primera jornada del juicio, los acusados, Pamies y el inspector José María Ballesteros, justificaron la presencia de este último en el entorno del 'Faisán' para preparar una reunión con un confidente etarra conocido con el sobrenombre de 'Romano'. "No he hablado por teléfono con el dueño del 'Faisán' en mi vida", aseguró el exjefe policial.

Por su parte, el jefe del equipo investigador, Carlos Germán, aseguró tener la convicción de que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, y su homóloga francesa, Laurence Levert, habían sido "vilmente engañados". Además, apuntó que el chivatazo impidió recuperar 108.000 euros de la extorsión. "No hallamos ni una pegatina de ETA, sólo una de Franco para más inri", dijo.

Pamies y Ballesteros se enfrentan a hasta diez y nueve años de cárcel, respectivamente. La Fiscalía solicita para ellos dos y un año y medio de cárcel por revelación de secretos aunque el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, obligó a sus subordinados a incluir como alternativa una petición de cinco años por colaboración con organización terrorista.
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