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Etiquetas:   Contar por no callar   -   Sección:   Opinión

Mamá, quiero ser funcionario

Rafa Esteve-Casanova
Rafa Esteve-Casanova
@rafaesteve
lunes, 28 de agosto de 2006, 01:38 h (CET)
Cuando yo era niño, allá por los años cincuenta del pasado siglo, cuando algún mayor preguntaba que queríamos ser de mayores las niñas solían contestar que peluqueras, maestras o monjas. Siempre había alguna más despierta cuyas aspiraciones eran ser bailarina. Los niños, en general, contestaban que sus aspiraciones en la madurez eran llegar a ser bombero o policía, algunos se decantaban por ser misionero en las lejanas tierra de indios o negritos. Yo, que siempre he navegado contracorriente, afirmaba con toda la seriedad de mi niñez que quería ser arquitecto, pero no para dedicarme a la construcción- hoy sería millonario- sino para llevar gafas de sol y sombrero. Esta respuesta, seguramente, estaba grabada en mi subconsciente al ver cada día que el propietario de la finca donde viví mis primeros cuatro años era arquitecto, todos le trataban anteponiendo el don delante de su patronímico y llevaba siempre gafas oscuras y sombrero. Hoy llevo gafas de sol cuando la luz natural lo requiere y me cubro, en invierno y en verano, con alguno de mis sombreros. Pero nunca pisé la facultad de arquitectura ni poseo ningún edificio.

Hoy los tiempos adelantan que es una barbaridad, como dice la letra de una vieja zarzuela. Y eso ha hecho que las preferencias de los más jóvenes a la hora de labrarse un futuro laboral hayan cambiado. Como puso Sabina en solfa hoy “las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por navegar dentro de un vaso de ginebra”. Me imagino que hoy niñas y niños se decantaran por ser astronautas o “famosillos” de la televisión y más de uno periodista que es una profesión que desde fuera parece muy apetecible. Pero una vez pasada esa edad de las ilusiones y llegados al punto de tener que decantarse por un trabajo que les mantenga la mayoría dicen a su madre aquello de “Mamá quiero ser funcionario”. Una reciente encuesta del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas realizada a 3.000 jóvenes entre los 16 y los 30 años empadronados en las principales ciudades españolas da como resultado que el 65 % de ellos prefieren ser funcionarios a trabajar en la empresa privada aunque sea con contrato fijo.

Algo no funciona a la perfección en la cadena que debía unir la enseñanza con el mundo laboral cuando se obtienen este tipo de respuestas. Por un lado está el tópico, aunque a veces sea pura realidad, de que el trabajo de funcionario es fácil y cómodo, los sueldos suelen ser un poco más elevados que en el sector privado y aquí, en la administración pública, si que el puesto de trabajo es para siempre. Por ello es habitual ver que en una oposición para 200 plazas de ordenanza se presenten hasta 20.000 opositores entre los que abundan los licenciados universitarios. De otro lado nos encontramos con la precariedad laboral en la empresa privada. Hoy son muy pocos los jóvenes, y no jóvenes, que pueden presumir de un contrato fijo, además el contrato fijo tampoco es para siempre, con una indemnización por despido el empresario puede dar fin al mismo, nada garantiza el puesto de trabajo por vida y más en épocas de globalización económica cuando las empresas pueden trasladar su producción al Magreb o a los antiguos países comunistas. La Administración siempre estará ahí, engordando día a día.

Es penoso que lleguemos a convertirnos en un país de funcionarios. Tal vez no somos conscientes del coste económico de una carrera universitaria ni del esfuerzo que supone, en muchas ocasiones, para los estudiantes y sus familias, pero si todo ese dinero que en la mayoría de casos proviene de los impuestos que pagamos tan sólo sirve para que una vez licenciados nuestros jóvenes vayan a parar al funcionariado sin relación alguna con la carrera estudiada o a ser becarios investigadores sin futuro o, en el peor de los casos, a servir meses a los turistas que nos visitan estamos lanzando a un pozo sin fondo la inversión realizada en educación. Los gobiernos, central y autonómicos, tienen la obligación de hacer funcionar la relación educación-mundo laboral. Tal vez una parte de la solución estribe en valorar mucho más de los que está la Formación Profesional y olvidar que hoy en día estudiar una carrera universitaria ya no es ni signo de distinción ni un pasaporte para un empleo bueno y estable. Mientras tanto los únicos que salen ganadores son algunos empresarios que aprovechando la situación ofrecen sueldos de miseria y contratación precaria y lo hacen a sabiendas que si los demandantes del empleo no lo aceptan siempre tienen detrás el colchón de la inmigración con gentes mucho más necesidades y que trabajan más horas y por menos sueldo que los vecinos del país.

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