Me cuenta un inmigrante que llegó hace dos años a Barcelona en busca de trabajo, con una mano delante y la otra detrás, que empezó a trabajar con un sueldo mínimo y sin contrato; ahora tiene contrato y cobra poco más, lo suficiente para haber conseguido comprar su piso propio junto a otros compañeros en la misma situación. Ya cotiza en la Seguridad Social y paga sus impuestos pero dice que no le dejan votar en las próximas elecciones municipales, a pesar de estar al día de la política y sus quehaceres. Se expresa en castellano a duras penas, pero le exigen que también aprenda la lengua catalana.

El ambiente en Cataluña está enrarecido tras la entrada en vigor del Estatut. Al parecer, el logro de los políticos catalanes ha hecho que alguno de ellos pierda el sentido común y toda capacidad de humanidad.

Hace unos días que Duran i Lleida, secretario general de CIU, rechazó a los inmigrantes legalizados en las urnas de las elecciones municipales y puso en duda su derecho al voto. Parece ser que antes de que eso ocurra, ellos deben “conocer la lengua y la cultura”, algo que según parece debe conocer el 100% de los habitantes con derecho a voto que residen en Cataluña. Incluidos los empresarios castellanoparlantes.

La polémica suscitada a raíz de sus declaraciones han levantado voces que tachan a Duran i Lleida de racista, pero éste se ha defendido diciendo que su partido es algo más que “gente a la que sólo le interesa la lengua y la cultura catalanas”. Y lo dijo como si fuera verdad, con el convencimiento que tienen las personas que mienten… o lo que es peor, las que creen estar diciendo la verdad.

Al debate sobre los derechos y deberes de los inmigrantes legalizados también se ha unido ERC. Mientras Carod-Rovira dijo estar a favor de esos votos, el Sr. Puig dijo irónicamente que Cataluña, a diferencia de otros países, permite a Montilla presentarse a las elecciones, a pesar de su condición de inmigrante andaluz. Quizás desconozca que también en otros países a los inmigrantes extracomunitarios se les reconoce el derecho a votar.

Todo está muy claro; para tener derecho a votar primero hay que cumplir con la obligación de conocer la lengua catalana. Y no valen medias tintas, hay que conocer la lengua perfectamente para poder mantener una conversación digna de examen, o no se vota en Cataluña.

Después de lo acontecido en los últimos días, me dice el inmigrante que ha decidido no ir a votar aunque finalmente se lo permitan. Prefiere esperar a que un político se preocupe verdaderamente de los problemas de la sociedad, alguien que aporte soluciones y no planteé nuevos problemas, alguien que anteponga los principios a los intereses y la demagogia del partido que representa. Es probable que él nunca tenga la oportunidad de acudir a las urnas. Y cuando terminen las elecciones los políticos volverán a preguntarse el por qué del alto índice de abstención…

Quizás, y sólo quizás, la solución pase por facilitar la adaptación a la sociedad de los inmigrantes que llegan a Cataluña y no esperar que ellos se adapten por sí mismos, pues bastante tienen con sufrir el racismo de la gente que piensa que vienen a quitarles su puesto de trabajo –entre otras cosas-. Es posible que tal y como ocurre en las problemáticas con los adolescentes, la obligación de conocer la lengua catalana –que bien se podría comparar con la prohibición del catalán en la época franquista-, se cumpliera voluntariamente en el momento en que dejase de ser una obligación, sino una opción más.