La organización islamista egipcia Hermanos Musulmanes ha denunciado este miércoles el fallecimiento de al menos 15 personas a manos de las fuerzas de seguridad en el marco de las operaciones de desalojo de sus acampadas en El Cairo en respaldo al expresidente Mohamed Mursi, derrocado el 3 de julio tras un golpe de Estado militar.
El grupo ha destacado a través de su cuenta oficial en Twitter que este balance de muertos se corresponde únicamente a la sentada en la plaza de Rabaa al Adaweya, por lo que da a entender que el balance de víctimas podría ascender debido a la existencia de una segunda acampada en la plaza Al Nahda.
La cifra ha sido confirmada por uno de los portavoces de Hermanos Musulmanes, Gehad el Haddad, quien ha subrayado que "varias personas se encuentran en estado crítico". "Los manifestantes pacíficos están cayendo uno a uno. Los asesinatos brutales se incrementan", ha agregado. "No es un intento de desalojar dos sentadas, es un intento de barrer a la oposición", ha valorado en otro 'twit'.
La cadena de televisión egipcia OnTV ha iniciado una retransmisión en directo de la intervención policial, en la que se puede ver a decenas de agentes y militares con blindaje disparando gases lacrimógenos contra los presentes. Activistas han asegurado que también han usado fuego real.
Asimismo, las fuerzas de seguridad han emitido un mensaje a través de altavoces para solicitar a los manifestantes que abandonen la protesta de forma pacífica a través de corredores seguros garantizados por el Ejército, según activistas. Por otra parte, algunos manifestantes han incendiado neumáticos para evitar el desalojo.
El Gobierno anunció a finales de julio que desalojaría las sentadas y argumentó motivos de seguridad para justificar tal decisión, que ha sido rechazada por las principales formaciones islamistas y algunos de los grupos revolucionarios más relevantes del país, entre ellos el Movimiento Juvenil 6 de Abril.
En este sentido, la organización Amnistía Internacional (AI) ha advertido de que dicho llamamiento puede derivar en "nuevos abusos y derramamientos de sangre". Según AI, el Gobierno no ha precisado de momento qué medidas se van a tomar para reducir al mínimo los enfrentamientos, las posibles pérdidas de vidas y las lesiones graves.
Hermanos Musulmanes y sus aliados han acusado a las nuevas autoridades de acceder al poder a través de un golpe de Estado militar y de lanzar una campaña de represión contra los movimientos islamistas. Decenas de altos cargos islamistas, entre ellos el propio Mursi, han sido arrestados y acusados de diversos delitos y crímenes.
Entre las medidas más criticadas adoptadas por el nuevo Gobierno está el restablecimiento por parte del Ministerio del Interior de las funciones de lucha contra el extremismo y control de las actividades políticas y religiosas, suspendidas tras la revuelta que puso fin en 2011 al Gobierno del expresidente Hosni Mubarak.
Casi 300 personas han muerto debido a la violencia política desde el derrocamiento de Mursi, la mayoría de ellas seguidores de formaciones islamistas. Sólo el 27 de julio murieron unos 80 simpatizantes del presidente por disparos presuntamente efectuados por las fuerzas de seguridad.