El Gobierno tiene previsto analizar en el Consejo de Ministros de este viernes la reforma energética para corregir los desequilibrios en el sistema eléctrico provocados por el déficit de tarifa, indicaron a Europa Press fuentes del sector.

La intención es abordar la nueva reforma en su conjunto, lo que incluye toda la normativa elaborada para su puesta en marcha, esto es, un real decreto ley de estabilidad financiera, un anteproyecto de ley del sector eléctrico y varios reales decretos.

La reforma tiene como objetivo aplacar el déficit de tarifa estructural de 4.000 millones de euros que cada año genera el sistema eléctrico. En términos acumulados, el déficit de tarifa suma ya 26.000 millones y se ha convertido en un problema que amenaza con desbordar el ámbito eléctrico.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no asumirá en su totalidad los costes del sistema eléctrico previstos en la ley, sino una parte "muy inferior", y provocará de esta forma que buena parte de la carga de la reforma energética que estudiará hoy el Consejo de Ministros caiga sobre consumidores y empresas, lo que anticipa subidas del recibo de la luz y fuertes recortes a los operadores, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

La decisión de Hacienda, con la que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro se desvincula del deseo del Ministerio de Industria de que parte de los costes recaigan sobre las cuentas públicas, fue anunciada ayer por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a las grandes eléctricas y empresas de renovables durante un encuentro para informar acerca de la reforma energética.

En concreto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha negado a asumir, conforme establece una ley del Gobierno anterior, los extracostes de las actividades extrapeninsulares, esto es, las correspondientes a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Las fuentes interpretan que Hacienda ha ganado la partida al ministro José Manuel Soria e indican que el principal recorte se producirá previsiblemente en la actividad regulada de distribución, de hasta el 20%, lo que complicará las nuevas inversiones e incluso podría afectar a la calidad del suministro.

Este recorte ha dejado muy preocupadas a las eléctricas, que esperaban unas medidas de menor envergadura y que incluso podrían encontrar elementos discriminatorios entre la minoración sufrida por su negocio y el de algunas actividades de renovables, que saldrían menos perjudicadas.

El plan que maneja Industria no supondrá la eliminación definitiva del déficit de tarifa, si bien incluye un fuerte aparato normativo compuesto por un real decreto ley de medidas de sostenibilidad financiera, un anteproyecto de ley del sector eléctrico y ocho reales decretos.

Hibernación de ciclos
Entre los reales decretos figuran, aparte del de autoconsumo, un real decreto con un plan para la hibernación o el cierre de los ciclos combinados de gas en una cantidad de instalaciones importante.

Las grandes eléctricas salieron ayer molestas y preocupadas de la reunión ante lo que consideran un escenario muy negativo para su actividad. Estas compañías entienden que, tras haber realizado importantes esfuerzos para atajar el déficit de tarifa, deben pagar ahora de forma adicional los errores tanto de éste como de los anteriores gobiernos.

El ministro de Industria anunció el pasado miércoles un acuerdo con Hacienda acerca de la parte de los costes de la tarifa eléctrica que podrán asumir las cuentas públicas, si bien el departamento dirigido por Montoro replicó poco después que "no ha cerrado un acuerdo para asumir en el Presupuesto costes de la reforma energética."

Industria ha insistido en que la solución al desajuste en el sistema eléctrico debe ser compartida por consumidores, operadores y por la Administración, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Al margen de la reforma energética, el Ministerio de Industria ha elaborado las previsiones de costes regulados e ingresos de la tarifa de 2013 con la premisa de que el sistema recibirá un préstamo público extraordinario de 2.200 millones, ya aprobado por el Congreso, y de que los PGE de 2014 asumirá los cerca de 1.800 millones de sobrecostes de la actividad extrapeninsular.