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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

La desconcertante Justicia española

“Los jueces discretos castigan, pero no toman venganza de los delitos”, Miguel de Cervantes
Miguel Massanet
jueves, 27 de junio de 2013, 06:56 h (CET)
Tenemos la desoladora sensación de que, en nuestro país, desde el fatídico año en que los españoles entregaron el gobierno de la nación al señor Rodríguez Zapatero y sus huestes socialistas; algún mal fario, cierta maldición gitana o encantamiento de brujos ha producido tal desconcierto en nuestros organismo públicos, con los gobernantes a la cabeza, que a los ciudadanos de a pie, como simples espectadores y sufridores de tantas infaustas, erróneas y aberrantes actuaciones; nos da la impresión de que, en lugar de que las instituciones públicas estén al servicio y para la defensa de los derechos de los españoles, más bien parece que están empeñadas en actuar en su propio beneficio y el de los funcionarios que las integran.

En una palabra, tenemos motivos bastante fundados de que, en lugar de gobernar a favor de los españoles, de sus derechos, de su beneficio y de sus libertades, prefieren hacerlo según lo que, en un exceso de petulancia, auto estima, egolatría y egoísmo mejor les cuadre a sus propios criterios y conveniencias. De hecho, señores, tenemos la percepción de que estamos a merced de una serie de instituciones políticas que han decidido implantar, aunque sea a costa de pasar por encima del bien común, de los intereses nacionales, las leyes y el respecto por los preceptos constitucionales, una ideología que no es, por supuesto, aquella que votamos los españoles, cuando acudimos a las urnas para dar nuestros votos a aquellos que pensábamos que defenderían nuestros derechos. ¡Ilusos y crédulos ciudadanos de buena fe!.

Sin embargo, dentro de los tres poderes de todo Estado, defendidos por Montesquieu, parece que uno de ellos cojea de manera ostentosa en nuestra tambaleante democracia. El Poder Judicial hace tiempo que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, adquiriendo un protagonismo excesivo y no, precisamente, por lo que debieran ser sus méritos, sino por todo lo contrario, por haberse convertido en exactamente lo contrario de lo que se esperaba de él. Una institución de la que se esperaría que actuase con toda discreción, sin protagonismos excesivos, sin magistrados endiosados y, eso sí, con la mayor diligencia, seriedad, eficacia, objetividad y sensatez; de modo que pasara inadvertida en su función de impartir la Justicia. No obstante, desde que el juez Garzón descubrió que se podía hacer famoso, que podía resaltar sobre el resto de sus colegas, usando sus atribuciones y su particular interpretación de las leyes y los procedimientos; confundiendo las funciones de su cargo con lo que sería un escenario en el que, a base de excentricidades, de personalismos exacerbados, de discutibles resoluciones y de un izquierdismo en plena contradicción con la objetividad que se puede demandar de todo encargado de impartir Justicia; llegó a convertirse en la caricatura de lo que debía ser y como debía actuar un buen juez. El final de su aventura fue el que tenía que ser: condenado por prevaricar y decretar escuchas ilegales a 10 años de suspensión de su cargo de juez.

Las leyes son las que son y las que el legislador quiso que fueran, con la aprobación del Parlamento de la nación. Otra cosa es como, en la práctica, algunos de los funcionarios encargados de juzgar las actuaciones de los ciudadanos que, presuntamente, las hubieran infringido, tienen su particular modo de interpretarlas. La teoría, mantenida por los seguidores de las izquierdas, de que las leyes se pueden interpretar con una elasticidad mayor o menor según sean las personas a las que debieran aplicarse. Ha sido evidente el distinto trato que ciertos jueces y fiscales han dispensado a los imputados por presunta corrupción, malversación de caudales públicos, apropiaciones indebidas, prevaricaciones u otros delitos semejantes, que se vienen sustanciando en los distintos tribunales y juzgados de nuestra nación, según que los imputados fueran de tendencias conservadoras o progresistas. Dentro de los mismos tribunales colegiados se observa como, sus componentes, actúan de forma distinta según sean simpatizantes de las izquierdas o de las derechas, con lo cual dejan en evidencia que, el principio de que “todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley”, es más una frase para grabar en el frontispicio del Tribunal Supremo, que una realidad.

El propio TC viene demostrando que, más que ocuparse de que la Constitución española sea aplicada según fue concebida por sus redactores y refrendada por mayoría en el correspondiente referéndum; ha dado la sensación de ir buscando lagunas, resquicios legales e interpretaciones torticeras para contentar a los distintos gobiernos a los que ha querido favorecer; en lugar de limitarse a cumplir la misión que le fue encomendada por la correspondiente Ley orgánica; sin dejarse influir por las distintas presiones políticas que han venido determinado muchas de sus resoluciones; entre las cuales podemos referirnos al tema del Estatut catalán; a la legalización ( saltándose la opinión del Supremo y haciendo interpretaciones de pruebas en lo que carece de competencia) de la organización Bildu, la rama política de la banda terrorista ETA; dos casos vergonzosos, entre otros varios, que han acabado por desacreditar a sus componentes ante una atónita ciudadanía, incapaz de comprender que, estos señores, sean los garantes del recto cumplimiento de las normas constitucionales..

La absolución, por la Audiencia Nacional, de Juan José Ibazeta, de un delito de amenazas terroristas contra unos ciudadanos que celebraban la victoria de la selección española de fútbol, a los que apuntó con los dedos mientras decía: “voy a sacar la pistola y os voy a dar dos tiros”, es la muestra de cómo piensan ciertos magistrados y de sus evidentes influencias ideológicas, a la hora de administrar Justicia. La calificación que la Audiencia ha hecho de tan evidente amenaza ha sido de: “ser un hecho tabernario”; añadiendo que “era de imposible realización ya que el imputado “carecía de permiso de armas” ¡Habrase visto un caso de estupidez más manifiesta! Es como si, los terroristas de ETA, cuando fueron juzgados por sus asesinatos, hubieran sido exculpados por no disponer de permiso de armas ¿Qué tipo de certeza podían tener los magistrados responsables de semejante “genialidad”, de que, el supuesto agresor, no dispusiera de un arma, como la tienen la mayoría de asesinos, (adquiridas ilegalmente en el mercado negro) con la que pudiera haber hecho efectiva su amenaza?.

Y, el más conocido caso del juez Elpidio José Silva, un juez con dos expedientes sancionadores pendientes en el CGPJ por dos faltas muy graves y una grave; por retrasos, falta de motivación de sus resoluciones y falta de consideración con sus funcionarios. Un juez que, en contra de la opinión del fiscal del caso, por una evidente animadversión contra el señor Blesa, ex presidente de Caja Madrid, cometiendo una serie de irregularidades graves, hizo ingresar en prisión, sin fianza, al señor Blesa pese a que éste había depositado una fianza de 2’5 millones de euros. La audiencia ha tirado por los suelos tal resolución, reprendiendo severamente al juez por sus injustas resoluciones al tiempo que apoya al fiscal, contra el cual había pedido amparo el irascible juez.

¿Es esta la Justicia que podemos esperar, de nuestros tribunales, los españoles?, porque, si es así, señores, puede que empecemos a preocuparnos por el porvenir de nuestro país O esta es mi visión, como ciudadano, de la politización del tercer poder del Estado.
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