El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará hoy como imputados al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias Villar, por el contrato falso que supuestamente hicieron firmar a una pintora argentina para justificar un ingreso en efectivo de 560.000 euros.

La declaración de Bárcenas también versará sobre las nuevas cuentas del extesorero que han sido encontradas en Suiza y que han elevado a 47 millones de euros la fortuna que tenía oculta en el país helvético.

El instructor del ‘caso Gürtel’ decidió volver a interrogar a Bárcenas e Iglesias Villar el pasado 10 de junio, cuando amplió la imputación del extesorero y su mujer y les atribuyó nuevos delitos de blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa y falsedad documental.

La defensa del antiguo senador por Cantabria ha intentado sin éxito aplazar estas nuevas declaraciones al solicitar a Ruz la práctica de nuevas pruebas.

La ampliación de la imputación se produjo tras la declaración de la pintora argentina Isabel Mackinlay, quien reconoció que se prestó a realizar un montaje mediante unos contratos ficticios.

Mackinlay explicó hace tres semanas por videoconferencia desde Buenos Aires que accedió a firmar un contrato ficticio en el que se señalaba que Iglesias Villar recibía 560.000 euros por la venta de dos tablas del siglo XV. La testigo, a la que se hizo pasar por marchante de arte cuando en realidad es pintora y restauradora, obtuvo una comisión de 1.000 dólares por la firma de este contrato, en el que aparecía como intermediaria de la operación.

La ciudadana argentina explicó que, poco después, tuvieron que rectificar el contrato para señalar que, en vez de dos tablas del siglo XV, lo que Iglesias Villar había vendido era en realidad un cuadro del pintor napolitano del siglo XVII Giuseppe Recco.

Iglesias, imputada en el ‘caso Gürtel’, ingresó en el año 2006 un total 560.000 euros en efectivo en una sucursal de Caja Madrid. En sus declaraciones en la Audiencia Nacional, Bárcenas y su esposa aseguraron que este dinero respondía a la venta de varios cuadros en la que intermedió Mackinlay.

El juez cree que el citado contrato fue utilizado con el objetivo de “inducir a error a los órganos jurisdiccionales y obtener el archivo de la causa respecto al delito fiscal investigado”.