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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

¿Una reforma pendiente de las autonomías?. Mal lo vemos

En la actualidad, son muchos los frentes que tiene abiertos el gobierno del señor Rajoy
Miguel Massanet
martes, 25 de junio de 2013, 06:56 h (CET)
Nos parece muy bien que, el Gobierno, por fin, acometa la reforma de la Administración Pública e intente adelgazar el aparato estatal. Alabamos las buenas intenciones y busque acabar con la retahíla de cuestiones de despilfarro, abusos, desvíos de capitales, obras innecesarias o de boato impulsadas por políticos ambiciosos que buscaban ponerse medallas ante la ciudadanía.

Un montón de cuestiones que, hace ya años, debieran de haberse puesto sobre el tapete del sentido común de nuestros gobernantes y que se han ido retrasando debido al pánico que, cada vez que se han propuesto llevarlo a cabo, les ha entrado; pensando, seguramente, en la reacción de todos aquellos empleados puestos a dedo por todos los partidos del arco parlamentario, en esta pléyade de empresas públicas, a cual mas extravagante e innecesaria. Muchos ocupando puestos de interino a los que, la reforma, dejaría en la calle después de haberlos “premiado” por los “servicios prestados”. Enchufados a los que tantas regalías, beneficios y demás prebendas se les ha proporcionado a cambio de haber permanecido fieles a quienes así los premiaron. Por supuesto que los ha habido con mejor suerte y son aquellos que lograron ocupar un cargo destacado en los distintos parlamentos, municipios, diputaciones, ministerios, gobiernos autonómicos, asesorías o cualesquiera otros empleos, bien retribuidos, que cada gobierno ha ido creando para darles ocupación a esta legión de sanguijuelas, ávidas de chupar la sangre de los contribuyentes.

Hace años que venimos reclamando esta reforma de las administraciones públicas; que clamamos por el adelgazamiento del aparato estatal y el autonómico y que nos quejamos de que, antes de meter la tijera en capítulos como la sanidad, la educación o las mismas pensiones; se entrara a saco con toda esta serie de entidades responsables, en gran manera, de que las arcas públicas sean un criadero de telarañas y que España se vea abocada a estar pendiente de que los inversores compren la deuda pública que ya está alcanzando cotas equivalentes al 80% del PIB. Los que están vendiendo la idea de esta actuación del gobierno del señor Rajoy, hablan de cifras de 37.620 euros hasta el año 2015; proponen 218 medidas y “recomendaciones” incluidas en el informe sobre la mencionada reforma que, si se aplicaran todas, se prevé un ahorro de 6.440 millones de euros y una merma, en los PGE, de 17.500 millones de euros. ¡Un panorama alentador y que nos hace pensar en que, por fin, el Gobierno se ha liado la manta a la cabeza y ha decidido imponer su ley a todo el Estado! Sin embargo, por desgracia, todo ello no es más que una moderna versión del famoso “Cuento de la Lechera”; debido a que parece que se han olvidado de que estamos en un “Estado de las autonomías” en el que, en muchas materias, al Estado no le cabe otra solución que limitarse a “aconsejar” para intentar lograr que se le haga caso.

Lo peor es que, en la actualidad, son muchos los frentes que tiene abiertos el gobierno del señor Rajoy con los gobiernos autonómicos, incluso con algunos de su propio partido, el PP, como, por ejemplo, el referente a la financiación asimétrica, algo que ha sentado muy mal a aquellas que han cumplido con su objetivo de déficit, que ven que, las que no lo consiguieron, las que despilfarraron más o las que, por cuestiones de su nacionalismo exacerbado, han dedicado una parte importante de su presupuesto a ayudas al catalán, a embajadas en el exterior y a favorecer iniciativas relacionadas con el independentismo y, ahora, todavía pretenden demostrar que han estado maltratadas por el Estado español, al que acusan de quererlas estrangular y de negarles el pago de lo que “se les debe” olvidándose que han sido las principales beneficiarias de los FLA, tanto en el año 2012 como en el actual 2013.

Resulta poco menos que insultante para los españoles que, tanto el rígido y, al parecer, inconmovible, ministro de Hacienda, señor Montoro, como el propio padre de la nueva Ley de Educación, el señor Wert; después de escenificar, ante todos los españoles, su disposición a que las leyes que iban a imponer eran incuestionables, extensivas a todos los territorios de España y que afectarían por igual a todas las regiones del país; ahora, cuando ha llegado el momento de dar fe de que aquellas afirmaciones eran ciertas, parece que se les ha encogido el ombligo, que no eran tan fieros como lo pintaban y que, a la hora de la verdad, se vienen mostrando con la flexibilidad de un guante ante sus interlocutores autonómicos o ante los estamentos educativos; que ya les han dicho que no van a ceder ni un ápice en lo que ellos consideran que es su derecho.

Nos parece muy bien el intentar reducir 500 empresas, aunque sea un número escaso si se tiene en cuenta que existen en España cerca de 3.500 empresas públicas; pero lo que nos parece algo inviable, de persistir la evidente rebelión de algunas autonomías, es hacer que, las “recomendaciones” que se les hagan, vayan a ser cumplidas cuando, antes de iniciarse las consultas ya las hay que han dicho que no van a ceder en lo que consideran que les compete a ellas, a pesar de que, como dice el Gobierno, en muchos casos el beneficio tanto es para el Estado como para las propias autonomías. Existe, en este, país un grave problema con el que, ni el PP ni el señor Rajoy se han querido enfrentar cara a cara, esperando que con sinapismos, friegas y cataplasmas van a conseguir ablandar a los separatistas catalanes y vascos, llevándolos a renegar de sus aspiraciones y reconducirán su política hacia un entendimiento con España. Los que así piensan siguen en el grave error de no valorar adecuadamente el que, las encuestas, señalan que, en Catalunya, existe un 55% de sus ciudadanos que estarían conformes con separarse de España.

Cada vez que el señor Montoro da un paso para ceder ante una petición que el Gobern le pide, no hace más que convencer a los catalanistas de que tienen la sartén por el mango y que, sólo es cuestión de tiempo, el irle arrancando al estado español, a tiras, las transferencias que, cada vez, los aproximan más a su propósito; con la evidencia de que, a medida que más se muestran dispuestos a pedir la independencia de España, parece que van consiguiendo que, el Estado, vaya aumentando las ayudas económicas que, sin embargo, viene regateando a aquellas otras autonomías que se muestran más dispuestas a sacrificarse en solidaridad con el resto de los ciudadanos españoles. No sabemos, exactamente, hasta donde está dispuesto el Gobierno español a ceder en este tema candente de las ambiciones independentistas que, cada día, sin que nadie les replique, van anunciando para todos aquellos que los quieran escuchar; lo que ha motivado que, cada vez, sean más los catalanes que, ante la impasibilidad del Ejecutivo, piensan que esto del “derecho a decidir” es pan comido.

Puede que, de cara a la galería; ante la UE y el ECOFIN, este anuncio de que se va a actuar para recortar el gasto pública tenga un efecto positivo; es posible que, incluso, ante las bolsas tenga un efecto positivo, favorable, que pueda ayudarnos a mantenernos, por un tiempo, dentro de unos parámetros razonables; sin embargo, a los ciudadanos, que contemplamos inmersos en una brumosa realidad lo que está sucediendo a pie de calle, nos da la impresión de que se intenta volar muy alto sin asegurarse de que, los motores que han de impulsar la aeronave, están en condiciones de llevarnos al destino que nos proponemos; cuando existen evidencias de que, en la bodega, hay instaladas peligrosas bombas que, en cualquier momento del trayecto, puede explotar tirando por la borda todo este bonito ensamblaje que se nos ha querido vender. O así es, señores, como lo veo desde mi posición de mero espectador.
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